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ABC CORDOBA 07-07-2018 página 34
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ABC CORDOBA 07-07-2018 página 34

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34 ANDALUCÍA SÁBADO, 7 DE JULIO DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ABC Un espetero asa unas sardinas en el exterior de un chiringuito del litoral malagueño Los chiringuitos, aún sin legalizar siete años después de asumirlos la Junta Aunque los trámites han avanzado notablemente en el último año, en torno a la mitad de los locales aún no han podido regularizar su situación FERNANDO DEL VALLE MÁLAGA H ace ya casi una década, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero prendió la mecha. Y no era precisamente para asar sardinas, sino todo lo contrario. Con una fundamentalista interpretación de la Ley de Costas, pretendió sacar los chiringuitos de la arena de la playa, formando un enorme revuelo de dimensiones siderales que le obligó a dar marcha atrás. La polémica, al me- nos, sí sirvió para sacar a la luz la situación de alegalidad en la que se encontraba la mayor parte de estos establecimientos playeros, a los que les habían caducado las concesiones entre 2003 y 2007. Entonces, el Gobierno central vendió la gran panacea: transferiría las competencias sobre ordenación y gestión del litoral andaluz a la Junta de Andalucía. Era algo previsto en el Estatuto de Autonomía. La región, tras Cataluña, se convertía en la segunda comunidad en conseguir ese traspaso, que recaía en hasta cuatro consejerías diferentes (Obras Públicas y Vivienda; Agricultura y Pes- ca; Turismo y Medio Ambiente, Entonces se pensó que todo estaba hecho. La cercanía entre administradores y administrados ayudaría a resolver el problema con celeridad. Más de siete años después de aquella transferencia, la realidad es tozuda. Según los datos aportados a ABC por el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, en torno al 50 por ciento de los entre 900 y 1.000 chiringuitos establecidos a lo largo de la costa andaluza siguen sin autorización. Continúan, pues, en un limbo legal que las administraciones- -en algunos casos con la concurrencia de los propios em- presarios- -son incapaces de atajar. Se trata de una situación que impide que los dueños de los chiringuitos tengan la seguridad jurídica que les permita hacer inversiones en sus establecimientos. Y que, aunque en general todos vienen operando con normalidad pese a su alegalidad, genera incertidumbre entre las 40.000 personas que se calcula emplea el sector, con una facturación en torno a 500 millones de euros anuales. Trámites avanzados Es cierto, no obstante, que después de años de exasperante lentitud las cosas han comenzado a agilizarse sobre todo en el último año. Datos generales no hay. Al menos la Junta no los ha podido facilitar a este periódico después de más de una semana y media intentándolo. El martes próximo, se anuncia, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, comparecerá en comisión en el Parlamento Andaluz y Rechazos Las principales causas de denegación son no respetar la distancia entre locales o hasta la orilla, de 70 metros

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