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32 ANDALUCÍA JUEVES, 28 DE JUNIO DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ABC ANTONIO R. VEGA SEVILLA L a distancia que separa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la juez instructora de los casos ERE, Formación y Faffe, María Núñez Bolaños, es cada día más grande. En un oficio entregado el pasado 24 de mayo al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el Grupo de Delincuencia Económica de la UCO se queja de que lleva meses- -y en algunos casos años- -reclamando documentación crucial del caso Faffe que no ha llegado a esta unidad, imposibilitando con ello la continuidad de las líneas de investigación que se están desarrollando El Instituto Armado analiza supuestos ilícitos penales cometidos en el seno de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida como Faffe, una entidad pública que constituyó la Junta de Andalucía en 2003 para formar a los parados de la comunidad, y que se convirtió, hasta su disolución en 2011, en una agencia de colocación de cargos y familiares del PSOE y para el pago de favores políticos, según puso de manifiesto la UCO en un atestado avanzado por ABC. Entre los investigados se encuentra Fernando Villén, quien confesó que había usado por error una tarjeta corporativa en un club de alterne y con posterioridad devolvió el dinero. Entre la abundante documentación que solicitan los agentes de la Guardia Civil, está precisamente toda la información relacionada con la gestión y control de los fondos de las diferentes cajas que hayan existido en la sede central de la Faffe y en sus diferentes gerencias provinciales, tales como tickets o facturas justificativas de los gastos sufragados con fondos de las mismas y los asientos a través de los La UCO se queja a Núñez del bloqueo de la causa sobre la fundación Faffe La Guardia Civil lamenta que se ha enterado por la Prensa de que la juez ha tomado declaración a investigados en el ente que funcionó como una agencia de colocación para afines al PSOE Los funcionarios confirman los 112 intrusos en 68 ERE Tres funcionarios de la Consejería de Empleo que revisaron las ayudas cuando estalló el caso ERE confirmaron en el juicio que los expedientes estaban desordenados, faltaban las solicitudes de los beneficiarios o documentos de pago. En su declaración como testigos constataron la inclusión de 112 intrusos en los 68 o 69 expedientes, personas que cobraron ayudas por prejubilarse en empresas donde no trabajaron. Una de ellas, Carmen Gómez, confesó que estaba tremendamente desolada porque su información se filtraba a la prensa y eso creó mal ambiente La juez María Núñez Bolaños, en su despacho de Instrucción 6 de Sevilla J. M. SERRANO