ABC CORDOBA 06-06-2018 página 44

44 ESPAÑA MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO DE 2018 abc. es espana ABC El nuevo fiscal general, clave en la respuesta judicial al golpe secesionista El fiscal del Supremo Pedro Crespo suena fuerte en las quinielas del nuevo Gobierno NATI VILLANUEVA MADRID Nombres para el Ministerio Público El letrado mayor del Parlament renuncia por las luchas políticas Antoni Bayona ha dicho basta. Ayer formalizó su dimisión como letrado mayor de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña. Seis años intensos sobre todo los dos últimos han sido más que suficientes y, a partir de ahora, seguirá como letrado raso. En su despedida, Bayona ha alegado la situación de excepcionalidad que se vivió en el Parlament la anterior legislatura y en el inicio de esta En estos últimos años, los letrados han trabajado bajo condiciones complejas, mucha tensión y en escenarios políticos especialmente difíciles El cese del fiscal general del Estado tras hacerlo el Gobierno que lo nombró deja libre un puesto clave en el engranaje judicial, pues de él depende el curso de numerosos procedimientos abiertos en los tribunales, entre ellos el del procés en el Tribunal Supremo. Se trata de uno de los primeros nombramientos que tendrá que afrontar ahora el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, con todas las miradas puestas en el perfil de la persona que escoja. Su línea de actuación puede ser continuista respecto a la de Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, o romper con el criterio que hasta el momento ha mantenido el Ministerio Público con los miembros del anterior gobierno de la Generalitat procesados por rebelión. Aunque el nuevo nombramiento se llevará a cabo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez constituido, ya se habla de nombres para ocupar ese puesto. A día de hoy tiene muchas posibilidades el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Pedro Crespo. Conocedor del funcionamiento de la Fiscalía General, cuya Secretaría Técnica dirigió, parece que su perfil técnico y jurídico se ajusta a las circunstancias presentes, aunque es joven para arriesgar su carrera en un puesto cuya estabilidad no está garantizada más allá de dos años. La elección de Crespo, cuya carrera ha estado a la sombra del que fuera fiscal general del Estado Cándido Conde- Pumpido, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, sería bien acogida por sus compañeros, pues se trata de un indiscutido líder intelectual de la izquierda en la Fiscalía, según reconocen fuentes próximas al órgano. PEDRO CRESPO FISCAL DE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO En la Fiscalía General del Estado o en el Ministerio de Justicia. El nombre del fiscal- jefe de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Supremo, Pedro Crespo, gana enteros para convertirse en un hombre de peso para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hombre de Cándido Conde- Pumpido, destacan de él su solvencia jurídica y técnica y su talla intelectual, si bien apuntan a su nulo perfil político. Su nombramiento contaría con el respaldo del sector progresista de la carrera fiscal. La opinión de Robles No obstante su prestigio técnico y profesional lo situaban también ayer en el Ministerio de Justicia, aunque las fuentes consultadas cuestionan esta posibilidad ante su nulo perfil político. Esta opción sólo se podría dar además si Justicia e Interior están desligados, en cuyo caso Margarita Robles asumiría sólo el segundo de estos ministerios. En cualquier caso es previsible que Pedro Sánchez tenga en cuenta la opinión de Robles sobre el destino de Crespo. Antes de dar el salto a la política por segunda vez, la diputada era magistrada de la Sala Tercera del Supremo, de la que Crespo es fiscal- jefe. Para la Fiscalía General también se ha barajado el nombre de Javier Zara- JAVIER ZARAGOZA FISCAL DE SALA DEL SUPREMO GABRIELA BRAVO FISCAL Y CONSEJERA JUSTICIA La trayectoria del ex fiscal- jefe de la Audiencia Nacional es dilatada y reconocida en la carrera fiscal, pero tiene en su contra ser uno de los cuatro fiscales de la causa de rebelión abierta en el Supremo. En su caso es la exportavoz del CGPJ la que se ha ofrecido a Ferraz para el cargo. El hecho de que esté en política y que no tenga la categoría ni la solvencia jurídica de los anteriores supone un obstáculo para ella. goza, fiscal de Sala y exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, si bien el hecho de que sea uno de los cuatro fiscales de la causa abierta por rebelión en el Tribunal Supremo no favorece su elección. Por su parte, Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) podría ser también una apuesta para el Ejecutivo de Sánchez. García Ortiz es otro líder indiscutido en la UPF y el candidato a Consejo Fiscal más votado de la historia: 956 votos en una carrera de 2.550 personas. La situación de la actual consejera de Justicia del gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo, es distinta: según ha podido saber ABC de fuentes solventes, fue ella la que se ofreció a Ferraz para este puesto. Exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su actual militancia política en un gobierno de un partido que está siendo investigado por corrupción (PSPV) la cuestiona como candidata idónea de un partido que proclama la regeneración y despolitización de la justicia. Así como el nuevo nombramiento puede afectar a causas judiciales en curso si hay un cambio de criterio, no lo hará en la jefatura de plazas clave como son la Fiscalía de la Audiencia Nacional o la Fiscalía Anticorrupción, desde donde se dirigen las investigaciones más importantes del país. Estos puestos ya se renovaron el año pasado bajo el mandato del fiscal general José Manuel Maza. Por el propio curso de los acontecimientos, en los que diariamente se entremezclan actuaciones judiciales con ocurrencias políticas del anterior y el nuevo gobierno de la Generalitat, ahora en manos de Joaquim Torra, es probable que el primer movimiento de la Fiscalía tenga que ver con Cataluña, una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como se reconoce en las filas socialistas. Precisamente hoy se celebra la vista contra la confirmación del auto de procesamiento del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien propone llevar a juicio a 25 dirigentes independentistas, a 13 de ellos por rebelión.