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ABC LUNES, 28 DE MAYO DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ANDALUCÍA 31 vestigación de la corrupción autonómica mediante una comisión de servicios. Con la marcha de Alaya, nada o casi nada ha vuelto a ser igual en el juzgado donde destapó las miserias del poder en aquella Andalucía que cabalgaba imparable sobre arrolladoras mayorías socialistas. No sólo en los ERE. También en otros escándalos. La nueva titular dio carpetazo a la rama política del Caso Formación contra 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo. Núñez redujo la supuesta red clientelar vinculada a las ayudas para cursos a un cúmulo de meras irregularidades administrativas sin consecuencias penales. La investigación de los casos Avales I y II va tan retrasada que ha provocado severos reproches de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia, al igual que sucede con los Préstamos a Santana. Su continuidad como instructora de las diligencias que indagan en el uso inadecuado de las transferencias de financiación desde distintas consejerías de la Junta a la agencia IDEA (el ente público que pagaba las ayudas de los ERE) no está asegurada. El PP ha recusado a Núñez porque duda de su imparcialidad, dado que una cuñada suya trabaja en el área que controla los fondos de IDEA. Prescripción de delitos Cuándo prescribe el delito de malversación de caudales públicos? Depende de la cuantía. La Fiscalía y, después, la Audiencia de Sevilla pusieron el listón en los 450.000 euros. Todos los empresarios que recibieron una ayuda ilegal inferior a este importe con cargo al programa de los ERE verán prescritas sus conductas supuestamente delictivas en diez años. Si superan esta cuantía, prescriben en 15 años. policial- -notifica la imputación (investigación) a una determinada persona por un supuesto delito. ¿Qué pasa con el delito de prevaricación? El plazo de prescripción es de diez años y empieza a contar desde la concesión- -no desde el pago- -de la ayuda de la discordia. ¿Qué orden se sigue para abrir las piezas? La lógica dicta que se inicien las actuaciones con la vista puesta en el calendario de concesión y abono de las ayudas. Pero la realidad es que no se sigue un orden cronológico a la hora de incoar piezas. La instructora abre investigaciones cuando la Fiscalía Anticorrupción avisa del riesgo de prescripción. ¿Cuándo empiezan a correr los plazos? Los tiempos están muy tasados en el Código Penal, dependiendo de la cantidad supuestamente defraudada y del tipo de delito. En el caso de un supuesto delito de malversación, los diez o quince años se cuentan desde la fecha del último pago de la subvención. Un solo juicio En el caso ERE, con los datos que maneja la Fiscalía, sólo se han practicado diligencias de instrucción en el juzgado citando a algunos testigos e investigados en unas 35 de las 270 piezas que conformarán esta macrocausa. No llega a una quinta parte, tras el troceamiento del sumario. Así lo expusieron en el escrito de cuestiones previas que los fiscales elevaron en enero al tribunal que debe decidir si los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán acusados de prevaricación y o malversación delinquieron por instaurar un sistema de ayudas opaco y arbitrario en la única pieza de la causa que se está juzgando. En un auto del 21 de marzo pasado, la juez Núñez admitió que, salvo error u omisión, aún quedan por desgajar 23 piezas de la macrocausa original. Entre las ayudas para prejubilaciones pendientes de investigar están los dos expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla, el origen del caso ERE. y tomando declaraciones. A excepción del ERE de la Faja Pirítica, donde también participó el Gobierno central del PP, son contados los informes que ha pedido su sustituta sobre ayudas concretas. Incluso está fijando citaciones para declarar en 2019. Entre tanto, la prescripción ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad. Advertida varias veces por la Fiscalía, Núñez ha archivado 25 causas contra beneficiarios y ex cargos, cuyas conductas quedarán impunes por el mero paso del tiempo. En todos los casos se trata de subvenciones que se concedieron con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos según el auto con el que el juez de apoyo, Álvaro Martín, dio por terminada la instrucción de la pieza política. Hay otras cuatro causas a la espera del juicio oral. Afectan a las empresas Acyco, Surcolor y Cenforpre, así como a las ayudas que dio el exdirector Javier Guerrero a su chófer y que gastó en regalos y cocaína. ¿Ha habido archivos? Sí. En torno a 25 piezas del caso ERE se han sobreseído porque la Justicia ha llegado demasiado tarde para perseguir los delitos. Se esperan muchas más. El riesgo de impunidad La otra sombra que se proyecta sobre el caso ERE es la exclusión masiva de ex altos cargos de piezas por la magistrada. En un recurso que elevaron al Tribunal Constitucional (TC) los letrados de la Junta lamentaron que la corrupción en la gestión de las ayudas generó un enorme quebranto a las arcas públicas y que sus derechos para perseguir hechos delictivos estaban siendo cercenados al no poder acusar a políticos. El TC no les dio la razón. El detonante de este inquietante golpe de timón al caso ERE es un auto de la Sección Séptima de la Audiencia que establece que si un ex alto cargo está encausado en la pieza política no puede ser enjuiciado por cada una de las ayudas de manera independiente. Asumiendo este criterio, la juez está apartando a ex altos cargos de todas las piezas donde estaban imputados. La Fiscalía, el PP y la Junta están recurriendo sus exclusiones. Desde Anticorrupción han puesto el grito en el cielo: puede provocar un intolerable espacio de impunidad en el caso de corrupción más grave de Andalucía. ¿Puede frenarse el período de prescripción? Sí. La prescripción se interrumpe en el momento que un juez- -no la Fiscalía ni ningún cuerpo La lista aportada por la magistrada recoge más empresas beneficiarias de fondos públicos cuyos destinatarios y ex altos cargos implicados no han sido citados como imputados en la mayoría de los casos: Gestifesa; Inverjaén; Cervezas Alhambra; Open Minds; Sucesores José Sánchez Marcos; Tubos Reunidos; Gres Vilches y su sucesora Cerámica Syre; Pickman; Martínez Barragán; Industrias del Guadalquivir; Germans; Aceites Coosur; Altadis; Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz; Asociación de Antiguos Empleados del Marco de Jerez; Astilleros de Huelva; Naval de Cádiz; Smurfit, y Fundosa Ultracongelados. Sin contar otras dos empresas citadas por Núñez, Hytasal y Fertiberia, cuyas diligencias ya se han inicia- do, la veintena de piezas a la espera de instruirse afectan a ayudas que suman 101 millones de euros. Sobre ellas acecha la sombra de la prescripción. La Fiscalía Anticorrupción fijó hace un año que para subvenciones que superan los 450.000 euros, la malversación de fondos públicos tarda 15 años en prescribir desde la fecha en que se efectúa el abono. Por debajo de esta cuantía, la persecución del delito decae a los diez años. La principal crítica que el TSJA hacía a Alaya era que su instrucción resultaba interminable. Pero, a diferencia de Núñez, la primera instructora desplegó una actividad incansable como ella misma la definió encargando atestados a la Guardia Civil, solicitando documentación