ABC CORDOBA 25-05-2018 página 48

48 ESPAÑA VIERNES, 25 DE MAYO DE 2018 abc. es espana ABC SALVADOR ESTEVE PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN JORDI CASTELLS RELACIONES INSTITUCIONALES FRANCESC DE DALMASES DIPUTADO DE JPC NOMBRES PROPIOS Todos estos supuestos desmanes con las subvenciones se cometieron mientras el convergente Salvador Esteve era presidente de la Diputación Provincial, de 2011 y 2015. Fue alcalde de Martorell y presidente de la ACM. El actual subdirector general de Cooperación Local de Gobernación tenía un papel clave en la trama de concesión de estas subvenciones, según el juez. Intervino en todos los contratos otorgados desde la Diputación entre 2011 y 2015. El actual diputado de Junts per Catalunya (JpC) no fue detenido pero la Policía Nacional le sigue la pista. El que era su socio, Víctor Terradellas, quien era secretario de relaciones internacionales de CDC, sí fue arrestado. La Diputación de Barcelona desvió a sus fieles de CDC al menos dos millones de cooperación Sólo dos de las entidades implicadas, CATmón e Igman, recibieron diez millones de euros para proyectos J. HIERRO P. MUÑOZ C. MORCILLO BARCELONA MADRID La Diputación de Barcelona controlada por Convergència desvió al menos dos millones de euros dedicados a la cooperación y el desarrollo en terceros países a entidades dirigidas por personas de su entorno. El dinero, por una parte, habría servido para beneficio de particulares y también se investiga si parte de los fondos financiaron las actividades de ese partido. Las fuentes consultadas no descartaban anoche que en la última etapa se hubiera destinado algún dinero a financiar el procés si bien no hay datos concretos en este sentido. Abonaría esa hipótesis que una de las fundaciones investigadas comparte despacho con Ómnium Cultural, cuyo presidente, Jordi Cuixart, está en prisión acusado de rebelión. Este es el resumen de la macrooperación en Cataluña liderada por la Comisaría General de Policía Judicial participaron la UDEF y la Unidad Central de Ciberdelincuencia y la Brigada Provincial de Policía Judicial, resultado de más de dos años de investigaciones y en la que fueron detenidas 29 personas. De ellas cinco pasarán a disposición judicial, mientras que el resto sólo estuvieron arrestados el tiempo necesario para hacer los registros que les afectaban. La operación, denominada Estela fue dirigida por Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que lleva más de un año investigando el entramado y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona. Entre los detenidos está un expresidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, hombre de la máxima confianza de Quim Torra; el alcalde de Tordera (Barcelona) el convergente Joan Carles García, y Víctor Terradellas, quien fue Secretario de Presión a técnicos de la Corporación provincial Castells, que entonces era director de Relaciones Institucionales de la Diputación de Barcelona, supuestamente se dedicó a presionar a técnicos del ente provincial para que emitieran informes favorables al otorgamiento de algunas de las subvenciones. Y eso a pesar de que sabía que había dictámenes en contra. Según el juez, el diputado delegado de Hacienda y actualmente también alcalde de Tordera (Barcelona) tenía que estar al tanto de estas irregularidades. Un informe de la Agencia Catalana de Salud apunta en esta línea, según explica el juez en uno de los autos en los que autoriza los registros, en el que enumera múltiples desmanes relacionados con las subvenciones. Entre ellos, el hecho de que en muchos casos se otorgaran fondos con informes en contra. En suma, si hacemos caso a los técnicos de la Diputación, las subvenciones no reunían los requisitos para ser abonadas concluye. Relaciones Internacionales de CDC. Asimismo, se investiga al diputado autonómico de Junts per Catalunya y socio del anterior Francesc Dalmases, muy próximo a Puigdemont, si bien no fue arrestado. De los 29 detenidos, cinco pasan hoy a disposición judicial: además de García, Castells y Terradellas, se verán a lo largo del día con el juez el jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat, Jonathan Jorba, y el director del Pimec hasta 2014, Joaquim Ferrer. Tres años A los implicados se les imputan los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. Los fondos desviados estaban destinados a proyectos de cooperación al desarrollo en países de Iberoamérica, Marruecos y Bosnia entre otros. Las partidas investigadas se remontan al periodo que va entre 2012 y 2015, y comenzaron después de recibirse una denuncia anónima. Un voluminoso mecanoscrito anónimo en palabras del juez, que fue remitido a la UDEF para que fuese contrastado. A partir de la denuncia y de documentación pedida a la Diputación, la UDEF detectó múltiples irregularidades en la gestión de las subvenciones: informes técnicos que son simples copia- pega actividades subvencionadas que no se llevaron a cabo, o viajes y hoteles en fechas que no se corresponden con los trabajos. A partir de estas pesquisas, el juez consideró que estos cargos de la órbita convergente podrían haberse apropiado de fondos públicos que debían destinarse a la cooperación. Ahora, busca más pruebas para cuadrar el círculo. De ahí, la macrooperación. La fecha Relaciones privilegiadas Entre los implicados hay personas de confianza de Torra y del anterior presidente de la Generalitat La sombra del procés Una de las fundaciones investigadas comparte despacho con Ómnium Cultural del dispositivo estaba fijada por el juez Aguirre desde hacía tres semanas. Entre la veintena de registros realizados en Barcelona, Tarragona y Gerona destacan los del departamento de Gobernación y otras sedes de la Generalitat y de la Diputación, así como en entidades sin ánimo de lucro y empresas, todas ellas vinculadas al nacionalismo. Asimismo los agentes entraron en domicilios particulares. Una de las líneas de investigación que se ha seguido es el flujo de dinero entre CatMón, IGMAN, ambas controladas por Dalmases y la empresa Discatimat S. L. Sólo las dos primeras han recibido en el periodo investigado más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos ca-