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ABC CORDOBA 04-05-2018 página 31
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ABC VIERNES, 4 DE MAYO DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ANDALUCÍA 31 cola o ganadera cumple los requisitos para recibir la ayuda solicitada. Desde el sindicato avisan de que la agencia absorbió el personal procedente de la extinta Dapsa, lo que significa que personal de la denominada administración paralela proveniente de una empresa pública, ejercería potestades reservadas a los funcionarios, lo que entra en contradicción con jurisprudencia del Tribunal Supremo y el TSJA. Todo ello con el propósito de justificar su mantenimiento dentro de la agencia afirman. En caso de aprobarse la mencionada disposición, incurriría en una causa de inconstitucionalidad porque todos los actos o resoluciones administrativas dictadas al amparo de ella, pueden ser declaradas nulas de pleno derecho. Desde SAF van incluso más lejos y afirma que el desempeño ilegítimo de funciones públicas puede suponer comisión de delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de fondos públicos. De hecho, ya hay una instrucción penal abierta por la asignación tareas de control de cursos de formación profesional para la economía social en personal no funcionario. El fiscal Jesús Jiménez Soria cambió de criterio súbitamente para pedir el sobreseimiento del caso Edu EP El juez ve injustificado pedir el archivo del caso Edu en Huelva Solicita al fiscal jefe onubense que aclare su posición y diga si ve o no delito M. ROSA FONT HUELVA El giro in extremis que la Fiscalía de Huelva ha dado en la causa del presunto fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía el llamado caso Edu justo a las puertas de la apertura de juicio, ha tenido respuesta por parte del instructor una semana después de que llegara a sus manos el escrito de la acusación pública solicitando el archivo de la pieza política. El titular del Instrucción 5, Javier Romero, encargado de la investigación de la rama onubense, quiere que el fiscal jefe de Huelva se posicione públi- camente y diga si ve o no delito, al considerar injustificado el cambio de criterio del Ministerio Fiscal pasados casi dos años desde que se cerró la instrucción y se dictó auto de procesamiento y cuatro desde el comienzo de la investigación. Visto el escrito remitido por el fiscal de la causa, Jesús Jiménez Soria, en el que da un paso atrás en la posición que ha mantenido la acusación este tiempo, el juez Romero ha remitido la causa al superior jerárquico de Jiménez Soria el fiscal jefe de Huelva Fernández Arévalo para que informe si finalmente sostiene o no la acusación en la pieza principal. En la causa, están procesados como presuntos autores de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos el ex delegado Empleo en la provincia, Eduardo Muñoz, y otros seis cargos de la Junta. No se explica cómo, una vez confirmado el auto por la Audiencia Pro- por el temporal en Almonte ABC vincial, y sin practicar ninguna diligencia de investigación adicional, con el mismo resultado de la investigación judicial, se pida ahora el sobreseimiento de la causa, cuando meses antes había solicitado la confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los acusados afirma el instructor en una providencia conocida ayer. Durante más de dos años, recuerda, se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación de los hechos, a cargo del Grupo I de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, perteneciente a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, y posteriormente por el mismo juzgado, dando cumplida información de todos los trámites y diligencias al Ministerio Fiscal. Como colofón a toda la instrucción judicial, y tras los evidentes indicios racionales de criminalidad en los funcionarios de la Junta de Andalucía recuerda que en julio de 2016 se dictó auto de procedimiento abreviado, y pese a todos los recursos interpuestos en su contra por parte de los representantes legales de los implicados y de la Junta, que ha solicitado el sobreseimiento en todo momento, el Ministerio Fiscal tras cinco meses de análisis desestimó los recursos y confirmó el auto. Así, califica de injustificado el cambio de criterio del Ministerio Fiscal, y mantiene que tras las diligencias practicadas existen indicios suficientes para continuar las actuaciones por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que remite la causa al superior jerárquico del fiscal para que informe si finalmente sostiene o no la acusación, para lo que el juez le otorga un plazo de diez días.

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