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30 ANDALUCÍA JUEVES, 3 DE MAYO DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ABC Juicio de la pieza política El Consejo de Gobierno cebó la p Un sargento de la UCO afirma que el máximo órgano ejecutivo de la Junta pudo parar el sistema de ayudas ilegales y, en cambio, lo amparó ANTONIO R. VEGA SEVILLA E l Consejo de Gobierno andaluz conoció amparó y cebó la partida de los ERE. Tres verbos le bastaron ayer a un sargento de la Guardia Civil para desbaratar el relato que han escrito los principales acusados con sus declaraciones en la macrocausa de corrupción que juzga a 22 ex altos cargos autonómicos en la Audiencia de Sevilla. Frente al desconocimiento que han proclamado los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán para esquivar cualquier responsabilidad penal, cuatro investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) ofrecen una versión opuesta tras reunir una serie de indicios que constan en el sumario. El último miembro de la Benemérita en testificar, con doce años de experiencia en el Grupo de Delincuencia Económica y de Lucha contra la Corrupción, sostuvo que se implantó un procedimiento totalmente opaco para repartir 855 millones de euros en ayudas a prejubilados y empresas en crisis y que no puede explicarse que éste se mantuviera durante años sin que hubiera una conjución de voluntades un concierto previo entre altos cargos de la Administración y beneficiarios. Éstos recibían fondos públicos por vecindad, amistad o afinidad política al PSOE, puesto que en ningún sitio se publicaban las bases reguladoras de las ayudas ni siquiera éstas existían, subrayó. La gestión operativa podía residir el despacho de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, que ocupó Francisco Javier Guerrero entre 1999 y 2008, pero la dirección institucional estaba localizada en despachos más elevados que el suyo. El Consejo de Gobierno- -con el presidente al frente- -conocía y amparó con modificaciones presupuestarias un sistema que se prolongó durante muchísimos años aseguró el agente, autor de un atestado remitido al juez del Tribunal Supremo que investigó a los cargos aforados. Fue su respuesta al letrado Luis García Navarro, que representa la acusación del PP, que le había preguntado si el Consejo de Gobierno era conocedor del sistema. El investigador dio un paso más y aseguró incluso que el Consejo de Gobierno andaluz pudo parar el procedimiento de ayudas ilegales -así las calificó- De hecho, aprobó modificaciones presupuestarias para dotar de más fondos a las ayudas sociolaborales antes de la firma del convenio marco del 17 de julio de 2001 por parte de Viera y el entonces presidente de IFA (luego denominada IDEA) para que este órgano instrumental pagara las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo. Este artificio generaba zonas de sombra porque el interventor no podía fiscalizar las ayudas y conocer su destino. Sólo podía examinar el mecanismo presupuestario empleado para pagarlas: las transferencias de financiación. A preguntas del letrado del PP, el responsable de la UCO explicó que el Ejecutivo socialista montó un cortafuegos para que las ayudas superiores a 1,2 millones de euros no llegaran al Consejo de Gobierno a pesar de que, por su elevado importe, debían ser autorizadas por él. Citó los casos de los convenios particulares firmados para conceder ayudas a las empresas Pickman y A Novo Comlink, que fueron retirados del orden del día de una Reuniones en la sede del PSOE El investigador de las ayudas a empresas de la Sierra Norte y al entramado de Rosendo y Sayago ha ratificado que en un cuaderno incautado al exdirectivo de la Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez Contreras, se hace notar que hubo reuniones de coordinación para gestionar la acción mediática de los ERE en marzo de 2011 en la sede del PSOE de Sevilla. El letrado del PP le mencionó este pasaje de su atestado. La letrada del exconsejero Francico Vallejo le preguntó quién decidía financiar al IFA. Fue entonces cuando soltó la bomba El Consejo de Gobierno está cebando la partida de los ERE. El primero de los responsable de la UCO que declaró la pasada semana en el juicio BELMONTE belmonte andalunet. com TERCIO DE VARAS Rebeldes, ni uno Sierra Norte de Sevilla El investigador asegura que cuando Viera presidía el IFA se firmaron 43 de los 60 convenios de ayudas que fueron a parar a empresas de una comarca vinculada a él Criterios caprichosos Las ayudas eran ilegales opacas y se daban por vecindad, amistad o afinidad política al PSOE. Muchísimos alcaldes socialistas recibieron fondos P OCO puede aportar a la imprescindible normalización de la vida política andaluza la implacable actitud de la Junta frente a los funcionarios que, en virtud de su presumida independencia, osan abrir las ventanas o tirar de la manta en los despachos de la autonomía dentro del caso ERE Tres son ya los expedientados oficial- mente pero se dice que muchos más los que han visto perjudicada su situación tras manifestarse a favor de aclarar lo que alguno de ellos ha llamado ¡en el Parlamento! el negocio del siglo Y entre ellos hay hasta un testigo protegido lo que dice muy poco de la discreción política y administrativa. El régimen no tolera rebeldes ni los ha tolerado nunca, como corresponde a su condición. ¡Un partido, una Administración y una Verdad! Esa triple consigna es injustificable pero es la que hay.