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26 CÓRDOBA MIÉRCOLES, 2 DE MAYO DE 2018 cordoba. abc. es ABC TRIBUNA LIBRE LA SENTENCIA DE LA MANADA (Y II) POR HERMINIO PADILLA Pendientes del caso de Pozoblanco, este doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Córdoba analiza el fallo de la Audiencia de Navarra La continuidad delictiva La continuidad delictiva o delito continuado es una ficción jurídica creada por la jurisprudencia que luego se hizo derecho positivo. Se trata como un único delito, para beneficio del reo, lo que en un plano natural constituye varios delitos: Quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de semejante naturaleza. Perfectamente comprensible en muchos delitos (patrimoniales, salud pública, etc. se exceptúan las ofensas a bienes eminentemente personales, salvo honor y libertad sexual. Que en unas injurias o calumnias se permita apreciar el delito continuado, dado el bien jurídico tutelado, ninguna objeción merece; por el contrario, que se haga en unas agresiones o abusos sexuales, constituye una clara aberración jurídica. Si a la víctima (hechos probados) la penetran bucalmente los cinco procesados, son cinco, no uno, los delitos cometidos. Y si luego es penetrada vaginalmente por dos procesados, y analmente por un tercero, son tres más, los delitos sobre ella cometidos. Ninguna explicación jurídica que se dé, para justificar aquí la aplicación potestativa del delito continuado, resulta racional, amén de que ninguna infracción a la exigencia de proporcionalidad de la respuesta punitiva puede haber cuando estos delitos se han castigado siempre con la misma pena que un homicidio. Mientras nuestros legisladores no saquen de la mencionada excepción los delitos contra la libertad sexual, los jueces y tribunales pueden buscar, en la determinación concreta de la pena, una justa proporcionalidad a la gravedad del hecho aplicando la pena máxima que tal figura jurídica permite. No se ha hecho uso en el caso de autos de esta facultad de exasperación punitiva, pues el triy probatorios de la Audiencia, siendo su sentencia recurrible en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En todo caso, cabe igualmente impugnar ante el Alto Tribunal por infracción de ley. Toda ley, incluso la más clara, ha de ser interpretada por jueces y tribunales. Siendo innegable que en la literatura científica se ha interpretado la intimidación en estos delitos, los sexuales, de forma muy restrictiva (amenaza de un mal que reúne unas determinadas características, no bastando con una amenaza genérica, sino que es preciso que la mujer conozca el contenido concreto de la misma) no lo es menos que en la jurisprudencia encontramos muchas sentencias de violaciones en las que el Tribunal Supremo ha estimado la intimidación aun sin necesidad de externas manifestaciones coactivas cuando, psicológicamente, se anulan o disminuyen las posibilidades de defensa de la víctima, o se vicia su consentimiento. Sustrato fáctico, precisamente, que aquí se declara hecho probado: Al encontrarse en esta situación, en el lugar recóndito y angosto descrito, con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión, la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. desde lo que experimentó la sensación de angustia, sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad Ningún obstáculo veo para que puedan prosperar los recursos por infracción de ley siempre y cuando ello no implique, como tantas veces tiene dicho el Tribunal Supremo, una rectificación o adición en el relato de hechos probados proclamado por el tribunal a quo, de cuya inmediatez, a la hora de practicar la prueba, carece el tribunal ad quem Haya o no antes de la esperada sentencia del Tribunal Supremo un pleno para unificar doctrina, y pendiente también lo acaecido a otra joven de Pozoblanco actualmente en fase de investigación, todos los ojos de la sociedad están puestos ahora en lo que digan estos magistrados. Herminio Padilla es doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Córdoba ROBER SOLSONA bunal, pudiendo haberse ido a los 12 años y 6 meses menos un día, ha entendido que, por las concretas circunstancias del caso, lo adecuado es una pena de prisión de 9 años para cada uno de los procesados. Los recursos A partir de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, se ha generalizado la apelación, permitiéndose ahora que las sentencias dictadas por las audiencias provinciales sean recurribles en apelación (antes, sólo las que eran por jurado) Es una apelación, no obstante, restringida, por cuanto la Sala de lo Penal del TSJ de Navarra se limitará a revisar los elementos de hecho