ABC CORDOBA 01-05-2018 página 32

32 ANDALUCÍA MARTES, 1 DE MAYO DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ABC Juicio del caso ERE La UCO afirma que el sistema de ayudas dañó las arcas públicas y lo conocía todo el Gobierno El comandante de la Guardia Civil que investigó el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo destaca que se dieron ayudas a intrusos por afinidad familiar o política al PSOE ANTONIO R. VEGA SEVILLA La Guardia Civil no se cree que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán estuvieran ajenos al sistema de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que los ha sentado en el banquillo. Ni los jefes del Ejecutivo ni otros veinte ex responsables públicos de la Junta de Andalucía que estaban bajo su mando, acusados de prevaricación y o malversación de fondos públicos en el juicio de la pieza política del caso ERE que se celebra en la Audiencia de Sevilla. Esa línea de defensa- -la teoría de que todo el fraude fue obra de tres pillos y que no sabían nada- -ha encontrado una contrarréplica en los testimonios de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita que están declarando como testigos. El comandante redactor del atestado que analizó cómo se gestionaban las ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo aseguró, a preguntas del abogado del PP Luis García Navarro, que el sistema de concesión de ayudas era conocido por el Consejo de Gobierno y que éste se caracterizaba por una total falta de procedimiento desde el punto de vista administrativo en la forma de gestión de casi 855 millones de euros entre 2000 y 2011. El sistema no sólo lo conocía el máximo órgano de decisión de la comunidad, sino que el reiterado incumplimiento de medidas para atajarlo hubiese requerido de un informe de cumplimiento de la Intervención General de la Junta porque hubo un daño real y efectivo a fondos públicos advirtió. Sí hay menoscabo de dinero público, añade. Un cúmulo de pruebas La Guardia Civil llega a la conclusión policial de que todo el Gobierno conocía el sistema, una tesis cimentada sobre varios indicios: las declaraciones del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, durante la instrucción del caso por la juez Mercedes Alaya, así como los informes de la Intervención. Estos documentos alertaron desde 2002 de que se estaba utilizando un procedimiento inadecuado para repartir ayudas amparándose en un convenio marco firmado el 17 de julio de 2001. El sistema consistía en que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social concedía las ayudas para financiar pólizas de prejubilación a extrabajadores afectados por ERE pero el pago se lo encargaba al ente IFA, luego reconvertido en la agencia IDEA, a la que le mandaba el dinero mediante transferencias de financiación. El uso de este mecanismo presupuestario generaba zonas de sombra sobre el destino de estos fondos públicos. El control se ve eludido porque el interventor no puede acceder a los expedientes, que están desconectados del presupuesto explica el responsable de la UCO. De hecho, considera que uno de los elementos motivadores de la búsqueda de un atajo administrativo fueron los reparos que el entonces interventor delegado de Empleo puso a ayudas para prejubilaciones solicitadas por extrabajadores de Hijos de Andrés Molina en el año 1999. Informes para Griñán Los receptores de los citados informes desoyeron los avisos del interventor. Entre ellos, apunta el agente, aparece como destinatario el señor Griñán (consejero de Economía y Hacienda, del que la Intervención depende orgánicamente) además del consejero de Empleo (porque su departamento daba las ayudas) y el responsable de Innovación (la agencia IFA IDEA, que las pagaba, estaba adscrita a él) Al igual que otro responsable de la UCO que declaró hace una semana, este testigo sostiene la tesis de que el Consejo de Gobierno sabía cómo se estaban dando las ayudas porque participaron miembros del Ejecutivo en las fichas y modificaciones presupuestarias que ampliaron el programa 31 L, al que se cargaban estos fondos. Es más, recordó que en 2004 el ente público IFA IDEA pasó a depender de la Consejería de Innovación (antes estaba adscrita a la de Empleo) por lo que entran en juego dos consejerías Desde las primeras pesquisas, a los agentes les llamó la atención el descontrol con que se despachaban las ayudas tanto en la etapa del director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, como después, tras ser relevado por Juan Márquez. Ante las preguntas del fiscal, el investigador apuntó que las ayudas se daban por Guerrero sin que tuviera competencias y sin que mediara solicitud ni justificación de las mismas. No encontramos ningún tipo de norma reguladora en la que se podían basar esas ayudas explicó. El descontrol generó un caldo de cul- Falta de control No encontramos ninguna norma reguladora en la que se podían basar estas ayudas declara el agente Cómo se daban las ayudas La Guardia Civil vuelve a contradecir la proclamada ignorancia de Chaves y Griñán sobre el sistema Manuel Chaves escucha a José Antonio La Junta debía velar por el buen uso de los fondos públicos El investigador de la Guardia Civil se mostró muy crítico con el pago de sobrecomisiones a mediadoras y aseguradoras. La Junta debía velar por el buen uso de los fondos públicos y eso pasa por buscar la oferta más ventajosa dijo. Sin embargo, no se hizo la más mínima prospección de mercado para ver si las comisiones eran adecuadas Recuerda el caso del ERE del hotel Cervantes de Torremolinos, que recibió 8,7 millones de la Junta de los que 1,4 millones se desviaron a sobrecomisiones. Por primera vez desde que el tribunal libró a los acusados de acudir a la sala, dos procesados, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, asistieron ayer de forma voluntaria al juicio. tivo para la selección caprichosa de beneficiarios. El comandante sostuvo que se dieron ayudas por afinidad familiar, de amistad o política al PSOE y el 70 de los fondos para empresas se concentraron en zonas como la Sierra Norte de Sevilla. Recordó que entre los intrusos que cobraron pólizas subvencionadas sin tener derecho figuran la suegra de Guerrero, la madre de su chófer o el marido de una exconcejala socialista de Camas. Incluso se envió a la Junta una vida laboral desde la sede del PSOE de esta localidad sevillana. El agente cuestionó un reciente informe de la Junta reducía a 18 ó 20 los llamados intrusos en ERE. No creo que reúna los requisitos mínimos para ser tenido en cuenta contestó al abogado del exconsejero Antonio Fernández.