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ABC LUNES, 30 DE ABRIL DE 2018 abc. es conocer SOCIEDAD 53 Ley del Estatuto de los Trabajadores Las empresas están obligadas a priorizar las solicitudes de traslado de centros de trabajo o modificación de jornadas a las víctimas de actos de violencia, con resolución judicial. Este precepto de la PL de Podemos constituye una modificación encubierta de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Ley Orgánica del Poder Judicial Formación específica relativa a la diversidad sexual e identidad de género a jueces, fiscales, médicos forenses, Fuerzas de Seguridad del Estado, etcétera. Los letrados subrayan que la puesta en marcha del artículo 32 de la iniciativa de Podemos invade competencias del Consejo General del Poder Judicial. Ley Orgánica General Penitenciaria Las personas transexuales podrán continuar su tratamiento hormonal o médico en centros de privación de libertad. El artículo 38.2 del Proyecto de Ley pretende una modificación del artículo 9 de la Ley General Penitenciaria, sin advertirlo, expresamente, y sin utilizar el rango normativo adecuado Régimen de conciertos en las leyes educativas La Administración General y las Autonomías, a la hora de conceder subvenciones y de concertar convenios evaluarán si los centros educativos respetan la diversidad sexual y de género. Los letrados aseguran que este artículo modifica el régimen de conciertos establecidos en las leyes educativas rios de los considerados fundamentales como la libertad de pensamiento ideológica y religiosa, la libertad de expresión e información, la legalidad en materia sancionadora y penal, la tutela judicial efectiva, el derecho de igualdad, la proclamación del pluralismo político, e incluso el derecho a la educación en todas sus vertientes. También encuentran atentados contra el derecho de asociación, la seguridad jurídica, conflictos con el derecho a la salud, la libertad ideológica de las instituciones, o vulneraciones del principio de libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la intimidad personal y familiar o del principio de tipicidad. gistro, afectando a los derechos fundamentales de terceras personas con las que compartan espacios diferenciados por sexos. Por otra parte, otorga competencias de Sanidad a la Administración Central, transferidas desde 2002, o carga a los profesionales sanitarios más obligaciones con el colectivo LGTBI que al resto de profesionales. Y esto en el ámbito de la Constitución. Los otros 14 artículos señalados por las letradas recogen cuestiones tan graves como una distorsión del sis- tema de protección de menores, contraria al interés superior del menor, la quiebra frontal del régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas o la modificación encubierta del Estatuto de los Trabajadores. En el ámbito judicial, invade competencias del Consejo General del Poder Judicial, la alteración de las bases del derecho de daños, la regulación directa y frontal del derecho a la educación, modificaciones del régimen del IRPF, cláusulas discrimina- Invade competencias Los juristas también advierten de que la redacción no es conforme ni siquiera con la presunción de inocencia. Tampoco con el procedimiento de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, además de que invade competencias de las comunidades y quiebra la autonomía de las Cortes Generales. Por ejemplo, presume la existencia de daño a este colectivo en caso de denuncia, establece la transmisión del valor positivo de la diversidad sexual debería ser valor neutro a toda la ciudadanía o que la persona sea tratada conforme a la identidad sentida y no al sexo con el que figura en el Re- Más de mil enmiendas y 35 expertos comparecerán en la ponencia Una vez finalizado el plazo de enmiendas a la Proposición de Ley, a la que se han presentado 1.144, el trámite parlamentario ha continuado con la constitución de la Ponencia. Este órgano parlamentario debe redactar el informe final, tras analizar y aceptar o rechazar las enmiendas. Este documento pasará al Pleno del Congreso para su votación, y seguidamente al Senado. Ante la ponencia, de la que forman parte representantes de todos los grupos parlamentarios, comparecerán un total de 35 expertos de todos los ámbitos. Desde la magistrada Paloma Marín hasta la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, pasando por el inspector de policía de Valencia, David Garfella. La tramitación será larga y compleja según Podemos. torias o dudas respecto al Código Pena. Las letradas advierten de que se aparta también del régimen común del régimen jurídico del sector público, y que modifica normas centrales del ordenamiento jurídico, sin declararlo expresamente. Pero los errores jurídicos de la proposición de ley morada aún no acaban aquí. El informe destaca la falta de calidad del texto, con frecuentes confusiones terminológicas entre principios y derechos, y entre derechos fundamentales y derechos subjetivos, lo que cuestiona la simple eficacia práctica de la ley. También confunde las competencias de la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Efectos indeseables Errores todos estos casi imperdonables en un texto legal, por sus efectos indeseables sobre la seguridad jurídica. La ley de Podemos aspira a crear nuevos derechos como el de autodeterminación humana, algo que solo puede llevarse a cabo mediante una reforma de la Constitución. También denuncian falta de sistemática múltiples reiteraciones o la imposibilidad de cumplir con el requisito de un lenguaje claro, preciso, culto pero accesible y respetuoso con las normas de la Real Academia.