ABC CORDOBA 25-04-2018 página 32

32 ANDALUCÍA MIÉRCOLES, 25 DE ABRIL DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ABC Imagen de un campo de girasoles ABC La Junta venderá todas las fincas públicas a mujeres, jóvenes y cooperativas La nueva Ley de Agricultura impedirá a los súper tirar los excedentes de comida STELLA BENOT SEVILLA Asaja alerta de tufillo confiscatorio La organización agraria Asaja Andalucía considera mejorable el anteproyecto de ley de Agricultura porque entiende que supondrá un aumento de la burocracia en un sector sobrerregulado además de alertar de un tufillo confiscatorio y expropiatorio Aunque para esta organización dicha ley no era necesaria reconoce el importante esfuerzo de la Consejería de Agricultura, que en el sexto borrador incorpora muchas de las alegaciones de Asaja. No obstante, entienden que quedan algunas cuestiones que pulir en la tramitación parlamentaria como los contratos territoriales, las zonas de protección agraria, el concepto de suelo infrautilizado y el régimen sancionador. Respecto a los contratos, esta organización mantiene que es de una figura fallida que debería eliminarse, pues no aportan nada a las actuales normativas en vigor Para la patronal agraria, es gravísimo que la nueva Ley, amparándose en estas denominadas zonas de protección agraria pretenda prohibir determinados aprovechamientos o limitar la capacidad productiva de los agricultores, lo que supone un ataque a la libertad de empresa EFE Seis años lleva la Ley de Agricultura tramitándose por los vericuetos burocráticos de la Junta de Andalucía. Ahora llegará al Parlamento tras ser aprobada por el Consejo de Gobierno que ayer dió el visto bueno al anteproyecto definitivo. Muy poco queda del texto que consensuaron el PSOE e Izquierda Unida en la anterior Legislatura ya que el cambio de postura del Gobierno andaluz, además de las correcciones del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo y de las aportaciones de las asociaciones agrarias, ha modificado sustancialmente las premisas iniciales. La nueva Ley de Agricultura es también un compromiso del Gobierno andaluz con Ciudadanos en el pacto de investidura y, aunque ahora empieza a debatirse en la Cámara andaluza, es poco probable que pueda entrar en vigor antes de las próximas elecciones autonómicas. La principal novedad de la norma es que elimina definitivamenRodrigo Sánchez Haro te el banco público de tierras que tanto defendía Izquierda Unida. Las fincas públicas que son de titularidad de la Junta- -y que proceden en su mayoría de la antigua Reforma Agraria que hizo el PSOE en los años 80 y que fue una bandera de sus políticas de entonces- -se van a vender a través de una oferta pública que garantizará los principios de igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación pero que tendrá unas características especiales. Así, tendrán preferencia en el acceso a estas tierras las mujeres, jóvenes agricultores, asociaciones, cooperativas o colectivos de trabajadores agrarios por cuenta ajena. El objetivo de la Consejería de Agricultura, que dirige Rodrigo Sánchez Haro, es vender todas las tierras públicas si bien también se contempla la fórmula del arrendamiento para llegar a las personas con menos posibilidades económicas. Según explicó la consejería a ABC, en total hay disponibles 4.470 hectáreas de tierras públicas, una cifra que dista de la que barajaba el propio Gobierno andaluz hace seis años, cuando empezó a tramitarse esta ley, y que era de diez mil hectáreas. Otra de las principales novedades de la Ley de Agricultura y Ganadería es que permitirá a la Junta multar a las grandes superficies comerciales que tiren sus excedentes de alimentos. El texto legislativo contempla el desarrollo de un reglamento para que los supermercados pongan en marcha planes de aprovechamiento de sus sobras, obligándolos a destinarlos a ONGs, ya que, según los datos de la Consejería de Agricultura, ahora sólo un tercio de los excedentes llegan a las organizaciones sin ánimo de lucro. Patrimonio agrario La ley recoge también el establecimiento de zonas de protección agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a preservar los espacios que sufren la presión urbanística para que sólo puedan ser destinados a la agricultura. Otra de las novedades relevantes es la inclusión de un estricto control sobre la trazabilidad de los productos agrícolas, una medida que se pondrá en marcha en colaboración con la Guardia Civil y que es una garantía para evitar los robos, lo que ha sido una de las demandas del sector. También se vigilará la cadena agroalimentaria, estableciendo controles para evitar que se vendan productos por debajo de su precio de producción y verificando que se ajustan a la calidad que reflejan en sus etiquetas. Las sanciones podrán llegar hasta los 800.000 euros además de sumarles el beneficio ilícito que se haya obtenido.