ABC CORDOBA 23-04-2018 página 21

ABC LUNES, 23 DE ABRIL DE 2018 cordoba. abc. es CÓRDOBA 21 El alcalde de Priego ya aparece imputado en el caso Bomberos La Diputación asume la defensa legal de sus cargos y el PP decide personarse RAFAEL RUIZ CÓRDOBA El alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol, aparece ya formalmente como investigado (imputado, en su anterior denominación) en la documentación del caso de presunto amaño de las oposiciones que actualmente instruye el juzgado de instrucción número cuatro de Córdoba. El único senador socialista por la provincia en esta legislatura formaba parte del auto inicial de imputaciones del magistrado Rodríguez Laínz aunque no por su nombre ni apellidos. El juez libró una diligencia al Ayuntamiento de Priego de Córdoba para que se le certificase quién era el titular de la Alcaldía entre los días uno y 30 de julio de 2017, fecha en la que, supuestamente, tuvo presencia en los hechos que ahora están bajo escrutinio judicial. Mármol está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. Según el auto que adelantó ABC, medió para que una serie de interinos que opositaban a funcionario del Consorcio de Bomberos entraran en unos cursos que daban unas puntuaciones extra y que se impartían en la Mancomunidad de la Subbética. Con posterioridad, el juez asegura que el senador del PSOE presionó al tribunal calificador para que relajara los requistos para favorecer a un pequeño grupo de opositores. Por esta medida, dice el auto, se repescó sobre la marcha a 200 personas. La Constitución Española, en su artículo 71, dispone que diputados y senadores tienen un régimen especial ante los tribunales de justicia. En concreto, no pueden ser procesados por su actividad parlamentaria. Les consigna inmunidad y la prohibición de que sean detenidos salvo en caso de delito flagrante. La Justicia solo puede proceder contra ellos salvo la tramitación de un procedimiento que se llama suplicatorio por el que la Cámara autoriza al Poder Judicial a actuar contra uno de sus miembros. La competencia contra diputados y senadores la tiene la sala de lo penal del Tribunal Supremo. El último legislador que se sometió al procedimiento fue José Antonio Viera por el caso ERE. Pasó al grupo mixto y renunció tras fuertes presiones con lo que desapareció su aforamiento. El PP anunció ayer en una comparecencia en Sevilla que ya ha formalizado su presencia en la causa como acusación particular. El próximo mes de mayo, el portavoz Andrés Lorite tendrá que comparecer ante el juez para ratificarse. El responsable del PP hizo ayer una descripción del auto de imputaciones y deslizó que, en el futuro, se conocerá si personas con relaciones familiares con altos cargos fueron beneficiarios de determinadas iniciativas en las oposiciones a bombero. Junto al presidente popular, Adolfo Molina, aseguró que la oposición se persona en la causa ante la imposibilidad de tener otras vías para acceder a la documentación del caso. Los populares explicaron las distintas fór- Previsión constitucional Diputados y senadores solo responden ante el Supremo tras un procedimiento llamado suplicatorio mulas que se crearon, según el relato del instructor, para favorecer a un grupo de personas durante las oposiciones. Desde pactar gestos en los exámenes (tocarse la oreja) hasta entregar las preguntas mediante citas secretas en casas determinadas. De la diligencia popular se extrae otra conclusión interesante. Los abogados de la Diputación se han hecho cargo, al menos en primera instancia, como defensores de los altos cargos de la institución provincial. El PP preguntó en el pasado Pleno cuál iba a ser el papel del servicio jurídico de la Administración provincial y no hubo respuesta. En la diligencia aparece el nombre de un letrado del departamento público como responsable de las defensas de Dolores Amo y Juan Carandell. Los socialistas negaron ayer, por medio del viceportavoz provincial, Antonio Rojas, que la Diputación de Córdoba esté faltando a sus obligaciones de transparencia. El PP prefiere los juicios paralelos a conocer la verdad aseguró el responsable socialista que afirmó que el presidente de la Diputación ha expuesto los hechos. Andrés Lorite y Adolfo Molina, en la sede andaluza del PP ABC