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30 ANDALUCÍA MARTES, 10 DE ABRIL DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ABC DEL SUPREMO AL JU No vieron las alertas del interventor, ni sabían nada del sistema de las ayudas, ni tenían por qué saberlo. Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán se ANTONIO R. VEGA SEVILLA M añana, si no cambia al agenda del juicio, no será un día cualquiera en la cuarta planta del vetusto edificio de la Audiencia de Sevilla, en la sala de vistas que acoge desde el 13 de diciembre el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Por primera vez en la historia de la Autonomía, uno de sus expresidentes, José Antonio Griñán, ocupará la silla central de la sala, de frente ante el tribunal que lo juzga, para declarar como acusado en un episodio de corrupción que afecta al Gobierno andaluz, la llamada pieza política del caso ERE. Tras el interrogatorio de José María Mohedano, el abogado del exconsejero andaluz de Hacienda (2004- 2009) y expresidente de la Junta (2009- 2013) la sem, ana que viene llegará el turno del antecesor de Griñán al frente del Ejecutivo desde 1990 hasta 2009, Manuel Chaves. Sentados desde el inicio del juicio en la primera fila de una nutrida bancada, los dos históricos referentes del PSOE- -del que se dieron de baja tras ser imputados por el Tribunal Supremo en 2015- -han intercambiado impresiones, compartido gestos de apro- bación y dejado escapar algún rictus de reproche al escuchar a los 19 acusados que han comparecido antes que ellos. Están procesados por diseñar y perpetuar durante más de una década un procedimiento para burlar los controles de la Intervención General de la Junta en el reparto presuntamente ilegal y arbitrario de 855 millones en ayudas a empresas en crisis y prejubilados. Conforme al guión seguido por los fiscales Anticorrupción, la primera pregunta a la que deberán responder los exmandatarios será si ratifican las declaraciones que prestaron en el Supremo en abril de 2015. Ambos coincidieron en que no conocían el sistema supuestamente ilícito que los ha llevado ante el tribunal, ni el convenio marco de 2001 que lo instauró. Tampoco fueron alertados de ningún fraude o menoscabo de fondos, argumentos sobre los que han construido su red de protección exculpatoria. Más allá de estos lugares comunes ya transitados por otros acusados, las 68 páginas que ocupa la transcripción literal de la declaración de Griñán ante el Supremo y los 48 folios que recogen el testimonio de Chaves, encierran algunas afirmaciones que contradicen el espíritu de no agresión que impera, con contadísimas excepciones, entre los acusados en el juicio. Informes que no llegaron José Antonio Griñán, que se enfrenta a una pena de seis años de cárcel y treinta de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación y malversación, llegó a admitir que fallaron los protocolos de vigilancia y que dichas irregularidades debían tener consecuencias penales. Además, situó el cortocircuito del sistema de ayudas en la Dirección de Trabajo y la Consejería de Empleo, a las que apuntó directamente, porque Hacienda ni conocía el procedimiento ni tenía competencias para frenarlo, entre otras cosas, porque nunca recibió los informes con reparos que el interventor sostiene que envió a su despacho. Ninguno de esos informes, insisto, llegó al consejero En un arranque de espontaneidad, recuerda que dejó la Presidencia de la Junta por este caso: Yo asumo mi responsabilidad política y entiendo que lo que ha ocurrido con este asunto es una barbaridad. Una barbaridad. Y que es verdad que todas estas ayudas, que se han dado de una manera yo no di- Manuel Chaves Falta de reacción Si el interventor consideró que el incumplimiento era grave: ¿por qué no hizo un informe de actuación para que yo me enterara? ERE de la Faja Pirítica Es raro que en un convenio firmado con la Junta, el Estado del PP no dijera nada. Es raro, yo no sé cómo Sindicatos y patronal Las ayudas sociolaborales tienen su fuente en acuerdos de concertación Un vehículo de paz social Conocía los conflictos de Delphi o Santana. Los tenía debajo de mi balcón