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ABC CORDOBA 23-03-2018 página 35
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ABC VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ANDALUCÍA 35 Los padres de Gabriel apuntalan las pruebas por asesinato contra Ana Julia Quezada Ángel Cruz y Patricia Ramírez declaran ante el juez en uno de sus días más duros RAQUEL PÉREZ ALMERÍA Durante dos horas y por separado Patricia y Ángel, los padres del pequeño Gabriel Cruz Rodríguez, declararon ayer en la Ciudad de la Justicia de Almería ante el juez Rafael Soriano, que instruye el caso por la muerte violenta de su hijo y cuya autoría ha reconocido Ana Julia Quezada, la ahora expareja del progenitor. Con esta declaración, el magistrado pretendía arrojar más luz sobre el crimen y sobre el papel que antes y durante la desaparición del niño representó la detenida. La cita estaba fijada para las 12.00 horas, pero antes los padres remitieron un comunicado en el que advertían de que se iban a enfrentar a uno de los días más duros porque tendrían que recordar y detallar todo lo vivido durante las doce jornadas de intensa búsqueda de su hijo. En todo momento estuvieron acompañados por sus representantes legales, la pareja de letrados penalistas conformada por los hermanos Francisco y Miguel Ángel Torres, en cuyo vehículo Patricia y Ángel abandonaron los juzgados almerienses minutos antes de las 15.00 horas. El despacho de abogados contratado por la familia es el único de Almería que desde sus orígenes atiende exclusivamente asuntos penales y en la provincia se valora la gran experiencia en este ámbito de sus profesionales. Tras su comparecencia ante el juez, los padres, que ejercerán la acusación particular en la causa, no quisieron hacer declaración alguna y abandonaron la sede judicial desde el aparcamiento. No trascendió el tiempo exacto que cada uno estuvo en presencia del instructor, pero sí que lo hicieron por separado y que el magistrado les interpeló por la relación del niño con la autora confesa del crimen. Especialmente receloso se mostró por los días que duró la búsqueda del niño y el comportamiento durante todo ese tiempo de Ana Julia Quezada. Unas jornadas interminables y agotadoras para la familia en la que ésta dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño desde que su rastro se perdiera sobre las 15.30 horas del 27 de fe- brero al abandonar la casa de la abuela paterna para dirigirse a pie hasta la vivienda de sus primos, en la barriada nijareña de Las Hortichuelas. Durante estos días, siempre según el auto de prisión del juez, la acusada mantuvo el engaño, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte y que ella misma localizó. En las diligencias instruidas por la Guardia Civil se sostiene que esta mujer, natural de la República Dominicana, es autora de los delitos de asesinato con alevosía, detención ilegal y contra la integridad moral. Secreto de sumario Quien sí que atendió a los medios de comunicación al término de las declaraciones de los padres fue el abogado de la defensa, Esteban Hernández. El letrado rechazó desvelar lo ocurrido en el interior del despacho del juez al permanecer decretado el secreto del sumario sobre las actuaciones. No obstante, el letrado, cuyo papel no va a ser nada sencillo, reconoció que el de ayer fue un día duro para todos e instó a la ciudadanía a respetar el dolor de la familia de Gabriel a través de la mesura que también demanda a la administración de Justicia en aras de que su defendida pueda tener el juicio justo que toda persona se merece Sobre la situación de Ana Julia Quezada en la prisión provincial de El Acebuche, donde está en régimen de aislamiento por seguridad y vigilada en todo momento por otra reclusa de confianza, indicó que lo que sé es que su situación es de absoluta normalidad y que está recibiendo el trato habitual de cualquier centro penitenciario. Ángel Cruz y Patricia Ramírez, a su salida de los juzgados de Almería ABC Relaciones El instructor preguntó a los progenitores por la relación de la arrestada con el pequeño La abuela, hoy Hoy tendrá que declarar también como testigo la abuela paterna del niño, desde cuya casa desapareció Hoy está previsto que el juez tome declaración, también en calidad de testigo, a la abuela paterna de Gabriel, que fue, junto a Ana Julia Quezada, las dos últimas personas que lo vieron con vida. El magistrado pretende extraer tanto de los padres como de esta mujer de 84 años, los argumentos suficientes para afianzar su idea de que la detenida participó incuestionablemente en la muerte del niño y que de su comportamiento se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA A Fiscalía el trato en tv de la violación de un niño en Jaén S. E. BARCELONA El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha acordado trasladar a la Fiscalía de Jaén los resultados de un informe sobre el tratamiento dado por los informativos y los magacines matinales de Telecinco y Antena 3 a la noticia de una presunta agresión sexual sufrida por un niño de nueve años en un centro escolar de la provincia de Jaén por parte de otros alumnos del mismo centro, todos ellos me- nores de edad. El Consejo también ha decidido interesar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los resultados de este informe, al tratarse de prestadores bajo su ámbito de competencias, por si hubiera que tomar medidas correctoras. En un comunicado, el Pleno del CAA celebrado esta semana aprobó esta decisión tras constatar que en los informativos de ambos canales y en sus magacines matinales se desvelaron datos de los menores involucrados en los hechos que pueden conducir a su identificación. Una práctica que contraviene el artículo 7.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que prohíbe la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de menores en el contexto de hechos delictivos. La misma norma tipifica esta infracción como muy grave, y prevé sanciones de entre 500.000 y un millón de euros. En su decisión, el Consejo recalca que la circunstancia de que los hechos ocurrieran en una localidad de apenas 1.500 habitantes supone una mayor vulnerabilidad de los menores implicados.

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