Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC SÁBADO, 17 DE MARZO DE 2018 abc. es opinion OPINIÓN 13 UNA RAYA EN EL AGUA EL ÁNGULO OSCURO JUAN MANUEL DE PRADA PERMANENTE Y REVISABLE Sin la virtud de la justicia, ¿qué son los gobiernos, sino juntas de ladrones? se preguntaba San Agustín E L oxímoron, recurso retórico formidable que puede servirnos para explicar delicadezas místicas (recordemos a San Juan de la Cruz: soledad sonora música callada etcétera) y estados anímicos paradójicos (recordemos a Garcilaso de la Vega: tempestad serena dulce lamentar etcétera) se convierte en contorsión grotesca del idioma o vergonzante eufemismo en manos de politicastros. Así ocurre cuando hablan de prisión permanente revisable pues saben que no pueden hablar de cadena perpetua, ya que su idolesa doña Constitución aboga por la reinserción del delincuente. Pero, como señaló con gran cinismo Gregorio Peces- Barba refiriéndose precisamente a la Constitución, el problema del derecho es el problema de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación Quien quiera introducir la cadena perpetua (o cualquier eufemismo u oxímoron semejante) en un ordenamiento positivista como el nuestro no tiene más que seguir el cínico consejo de PecesBarba y esperar a tener mayoría en el Congreso (o sea, la fuerza que está detrás del poder político) y en el Tribunal Constitucional (o sea, la fuerza que está detrás de la interpretación de las leyes) Y todo lo demás son mandangas. Pretender legitimar el cinismo relativista propio del positivismo jurídico metiendo en el guiso a los padres de las víctimas es montar so- bre una hipocresía inmunda otra todavía más fétida. Allá donde hay un legislador con sentido de la Justicia, no hace falta escuchar a ninguna víctima. Estas cuestiones sólo se podrán tratar cabalmente cuando las leyes sean auténtico Derecho; es decir, cuando se funden en la virtud de la Justicia, que nos enseña que todo derecho personal se funda en un deber correlativo. Entonces tendrá derecho al bien de la vida quien se someta al deber de respetar las vidas ajenas; quien no lo haga, declinará su derecho y, por lo tanto, podrá ser despojado del bien de la vida (aunque no de su derecho a salvar su alma, pues Dios será entonces el único que podrá revisar su condena terrenal permanente En cambio, mientras las leyes no se funden en la virtud de la Justicia, la preocupación por la salvación del alma del criminal se sustituye por su sucedáneo terrenal, que es la reinserción y su derecho a la vida se vuelve absoluto, aunque infrinja el deber correlativo y se dedique a quitársela alevosamente a otros. Para afrontar seriamente esta cuestión habría, en primer lugar, que desembarazarse de hipocresías. Así, habría que recordar que la cadena perpetua, al igual que todos sus eufemismos u oxímoros, son subterfugios crueles de la pena de muerte. Pues lo que estos subterfugios postulan es la plena disponibilidad de la vida por parte del poder público mediante la privación de libertad, hasta su consunción física; lo cual es mucho más cruel que la pena de muerte, que sólo abrevia fulminantemente la vida del condenado, evitándole sufrimientos estériles. Tanto la pena de muerte como sus subterfugios pueden ser recursos punitivos legítimos en casos excepcionales, allá donde el Derecho se funda en la virtud de la Justicia. En cambio, allá donde el derecho es una componenda positivista relativista, dependiente de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación pueden convertirse en instrumentos peligrosísimos para la persecución del inocente (simplemente porque disienta o estorbe) Sin la virtud de la justicia, ¿qué son los gobiernos, sino juntas de ladrones? se preguntaba San Agustín. Entregar instrumentos penales tan extremos a cínicos que hacen depender las leyes de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación es aún más peligroso que entregar yesca y pedernal a Eróstrato. IGNACIO CAMACHO LA QUINTA COLUMNA La estructura del aparato nacionalista permanece prácticamente entera, incrustada en el corazón del sistema NA de las claves de la parsimonia con que los independentistas se están tomando la constitución de un nuevo gobierno catalán reside en el hecho de que gran parte de sus cuadros sigue instalada en la estructura del viejo. La aplicación del artículo 155 supuso la destitución de un centenar y medio de altos cargos de la Generalitat pero dejó intacto el tejido de mandos de confianza de nivel intermedio. El nacionalismo no tiene prisa en levantar la intervención porque no sufre la presión de una trama clientelar que continúa en ejercicio pese a que no pocos de sus integrantes participaron de forma activa en la organización del golpe de octubre y el referéndum. Es el caso de Antoni Molons, secretario de Difusión arrestado el jueves en un registro de la Guardia Civil, cuyo cese anunció ayer La Moncloa tras haberlo mantenido más de cuatro meses en su puesto. Cuando el PSOE y Ciudadanos propusieron utilizar el 155 para convocar elecciones autonómicas, Rajoy vio el cielo abierto. El presidente temía verse obligado a dirigir una especie de invasión administrativa que desembocase en un conflicto (más) serio. Su alergia a los líos le invitaba a evitar un enfrentamiento con el régimen separatista encastillado en la maquinaria autonómica y en el Parlamento; le intimidaba la amenaza de boicot funcionarial y de motín callejero. La convocatoria electoral era, fue, una salida simple a un complejo atolladero: reducía la cuestión a gestionar un poder en funciones, con decisiones rutinarias que el Gabinete resuelve en un breve apéndice de cada Consejo. Sin tener que ocupar despachos ni desembarcar antipáticas brigadas de hombres de negro. Esa oportunidad perdida tendrá consecuencias. Las tiene ya en la medida en que la mayoría parlamentaria continúa siendo favorable a la independencia. Pero sobre todo ha significado el desperdicio de una ocasión esencial para desmantelar el aparato secesionista, anular la propaganda identitaria, asentar la presencia del Estado en Cataluña y normalizar unas instituciones entregadas a la construcción de una legalidad paralela. La Justicia ha descabezado la red golpista y la intervención de baja intensidad ha puesto fin a la desobediencia, pero la hegemonía estructural nacionalista permanece prácticamente ilesa, instalada como una quinta columna en el corazón del sistema. Episodios como el de Molons refuerzan la incómoda evidencia de que España ha renunciado a infligir al separatismo una derrota contundente y manifiesta. Por falta de audacia se ha conformado con una suerte de empate cuando las circunstancias le brindaban la posibilidad de un salto cualitativo, de una transformación estratégica. Cuando los indepes tengan a bien ponerse de acuerdo en una solución legal para la presidencia, el Gobierno se sentirá aliviado de devolverles el poder con todas sus piezas enteras. Y encima es probable que se deje exigir cuentas. U JM NIETO Fe de ratas