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ABC MARTES, 9 DE ENERO DE 2018 abc. es internacional INTERNACIONAL 39 ción de empleo sólo para americanos frente al moderado discurso conservador. La ausencia de Bannon puede entorpecer su estrategia, pero no su decidida batalla, que opera desde la poderosa Casa Blanca. Y ya ha logrado su primer objetivo, Arizona, estado vecino del país del sur y donde la inmigración es el eje de todo su discurso político. La presión del presidente sobre quien estaba llamado a repetir como candidato del establishment ha surtido efecto. El senador Jeff Flake proclamó su renuncia después de que el presidente denunciara repetidas veces en Twitter la debilidad de su discurso. En su lugar, promocionó a Kelli Ward, conocida por su agresivo mensaje antiestablishment y en favor de la construcción del muro. La familia Mercer financiará también las aspiraciones de Ward y del trumpismo en el estado sureño. El presidente también ha roto las hostilidades en Tennessee. Bob Corker, uno de sus grandes enemigos y fiel representante de la fiel guardia republicana en el Senado, sucumbió a sus presiones. Otra más de las víctimas que Trump pretende acumular en su camino. DE LEJOS PEDRO RODRÍGUEZ EL MAYOR PROBLEMA La estabilidad mental de Trump fuerza a revisitar la enmienda XXV de la Constitución de EE. UU. Activistas salvadoreños piden que se les respete su estatus en EE. UU. AFP D EE. UU. fuerza la salida del país de 260.000 salvadoreños Trump cancela el programa humanitario que los acogía desde 2001 M. ERICE WASHINGTON La política de cierre de fronteras y de limitación de acogida a los inmigrantes planteada por la Administración Trump sigue su curso. El Departamento de Seguridad Nacional anunció ayer el fin del programa humanitario que ha ido acumulando la presencia de salvadoreños en Estados Unidos, desde los devastadores terremotos de 2001. La medida restrictiva afectará a más de 260.000 inmigrantes de El Salvador, que en el plazo de un año y medio, a principios de septiembre de 2019, deberán abandonar el país, si para entonces no han logrado legalizar su estatus por otra vía. Los salvadoreños afectados, que en su mayoría son hoy padres de nacidos en Estados Unidos (es decir, de ciudadanos norteamericanos de pleno derecho) se han mantenido en el país estos años gracias al llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) De acuerdo con esa norma, decretada por Bush tras los dos movimientos sísmicos que afectaron al pequeño país centroamericano, los salvadoreños pueden vivir y trabajar legalmente. La decisión de la Administración estadounidense desatiende la petición de los abogados y las autoridades salvadoreñas de extender por un tiempo el estatus de sus defendidos. El departamento de Seguridad Nacional argumenta que ya no se mantienen los motivos por los que EE. UU. aprobó la medida humanitaria, al haber mejorado lo suficiente la situación de las zonas afectadas por los terremotos en 2001. Pese a ello, al igual que ocurre con los llamados dreamers hijos de indocumentados que entraron en Estados Unidos como menores, aproximadamente 800.000, el Congreso podría aprobar durante este tiempo alguna medida legislativa que legalice su situación. Lo que dependerá de un posible acuerdo entre republicanos y demócratas. Haitianos Una medida idéntica, adoptada por la Administración Trump el pasado noviembre, mantiene en jaque a más de 45.000 haitianos, que también están obligados a dejar Estados Unidos en un plazo similar de tiempo. Se espera que Seguridad Nacional se pronuncie en breve en parecidos términos sobre la presencia de hondureños y nicaragüenses, que permanecen en el país en circunstancias similares, aunque en un número muy inferior. En la actualidad, 2,8 millones de salvadoreños viven legalmente en Estados Unidos. En 2016, enviaron a su país remesas por valor de 4.576 millones de dólares, el 17 de su PIB nacional. urante las presidenciales de 1964, disputadas entre el demócrata Lyndon Johnson y el republicano Barry Goldwater, la revista Fact remitió un cuestionario a todos los 12.356 miembros de la Asociación Americana de Psiquiatría. Al hilo de supuestas crisis nerviosas sufridas por Goldwater, se preguntó si el candidato conservador estaba psicológicamente cualificado para ser presidente de EE. UU. Unos 2.400 médicos respondieron con diferentes opiniones, la mitad cuestionando la salud mental de Goldwater. Una vez asumida su derrota, el senador republicano por Arizona se querelló por libelo y la resultante compensación de 75.000 dólares puso fuera de la circulación a la revista. Lo ocurrido motivó al comité deontológico de la Asociación Americana de Psiquiatría a prohibir que sus miembros the Goldwater rule volvieran a hacer diagnósticos de figuras públicas en los medios de comunicación. Aquella regla, como otras tantas cosas en Washington, ha saltado por los aires. Quizá la parte más inquietante del debate público generado por Trump gira en torno a su estabilidad mental, sin que falten psiquiatras que formulan diagnósticos públicos ante lo que consideran una peligrosa combinación de poder y trastorno de la personalidad. Algunos incluso han empezado a compartir sus opiniones médicas con miembros del Congreso. La última gota que ha agitado la cabecita de Trump ha sido la publicación del libro Fire and Fury. El autor, Michael Wolff, asegura que el 100 por 100 de los asesores y altos cargos del gobierno entrevistados tienes profundas dudas sobre la competencia mental del presidente. Ante lo que Trump ha respondido en Twitter autocalificándose como un genio muy estable El mayor problema de Trump es que su reprobable comportamiento empiece a identificarse como una enfermedad mental incapacitante. Y por eso, se está volviendo a revisitar la enmienda XXV de la Constitución, que entre otras cosas viene a contemplar el forzado relevo del presidente en virtud de una mayoría del gabinete y el vicepresidente, primero en la línea de sucesión, o el dictamen de una comisión forense del Congreso.