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ABC DOMINGO, 31 DE ENERO DE 2016 abcdesevilla. es andalucia ANDALUCÍA 35 La Junta le pide facturas de 2009 Ángel Ojeda ha emprendido una cruzada judicial contra la Junta por el dinero que le debe procedente de cursos de formación que ha impartido, en torno a 9 millones de euros. Ha interpuesto una denuncia contra la Administración que ha recaído en un juzgado de Sevilla. Entre tanto, continúa el goteo de reintegros. El pasado 14 de enero, la Junta le apremió a presentar en diez días facturas y justificantes de una subvención dada en 2009. Núñez Bolaños, la juez de Sevilla que se ha hecho cargo de la investigación- -llegó a contar con catorce entidades. Entre 2008 y 2013, recibió 52,6 millones de euros en fondos públicos para formar a parados y trabajadores: 20,56 millones en régimen de concurrencia competitiva y cerca de 33 millones de euros en subvenciones excepcionales con cargo a los presupuestos a través del programa que el Gobierno de José Antonio Griñán ideó para los 1.904 trabajadores despedidos por la multinacional Delphi, asentada en Cádiz, tras su cierre en 2007. Apagar este conflicto laboral se convirtió en una cuestión de Estado. Los dirigentes del PSOE y del Gobierno andaluz sufrían escraches diarios de los afectados que les recordaban su compromiso electoral de no dejar a ninguno de ellos tirados. Para enfriar esta patata caliente, la Junta puso sobre la mesa en julio de 2009 un plan de 106 millones de euros, consensuado con los sindicatos, que consistía en pagar nóminas y seguros sociales a los despedidos vinculándolos a la formación. Entre 2009 y 2010, Ojeda inscribió hasta una decena de asociaciones empresariales. Después de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Consejería de Empleo (que recibió 41,4 millones) él se hizo con el trozo más grande del pastel: 33 millones de euros, de los cuales 18 millones fueron a pagar contratos y 14,15 a financiar cursos. Prescal, su holding del sector de la formación constituido en 1996, no tuvo competencia: contaba con 60 centros con aulas homologadas en los que había invertido 9 millones de euros, además de sucursales repartidas por países como Brasil, Polonia, Chile o Gran Bretaña. Atraído por la rica veta de ayudas en juego, el exconsejero dio un paso al frente para resolverle esta complicada papeleta a la Junta en el tiempo récord de un mes. En un demoledor informe que fue decisivo para su imputación por la juez Mercedes Alaya, la Inspección de Trabajo concluyó que su entramado de asociaciones endosó de forma indebida a las subvenciones gastos por 13,3 millones, el 39 del dinero recibido. Para estos funcionarios del Estado, el plan de formación supuso un fraude a la Seguridad Social al ofrecer de forma ficticia la condición de trabajadores a parados sólo por asistir a cursos. ¿Constituyó la formación una dorada puerta giratoria para Ojeda? La Los indicios El plan de Delphi Alaya sostiene que Ojeda captó 33,3 millones gracias a sus influencias en la Junta De esta suma, 18 fueron para pagar nóminas a extrabajadores de la factoría de automoción. Ojeda defiende que se limitó a ejecutar el plan siguiendo los dictados de la Junta, que era la autoridad legal competente, Todos los cursos se impartieron a un coste inferior al del mercado. Hasta ocho tipos de ayudas La Policía se asombró de cómo el exconsejero fue adaptando su entramado empresarial a las modalidades subvencionables (hasta ocho tipos) para de este modo poder lograr la captación de las mayores cuantías posibles Policía, la Guardia Civil, la Fiscalía y los jueces sospechan que sí. Alaya lo acusó de delitos continuados de malversación de fondos públicos y prevaricación por captar 33,3 millones en subvenciones gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos cargos y contactos Una docente de su asociación Humanitas, María de los Ángeles Sifferle, también investigada, relató a la Policía en 2014 que había intereses políticos y casi todo el mundo sabía quien era Ángel Ojeda y los contactos que podía llegar a tener para lograr fines lucrativos para sus empresas La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía abonó la teoría de los favores políticos al destacar que Teresa Florido, su cuñada, fue directora general de Formación Profesional entre junio de 2011 y abril de 2012, y que con la única finalidad de obtener subvenciones creó asociaciones que desaparecieron entre 2013 y 2014, cuando la Junta cerró el grifo de las ayudas. Argumentos de la defensa Algunos argumentos acusatorios se han venido abajo como un suflé con el paso de los meses. Los contrainformes que elaboró su abogado Juan Carlos Alférez resultaron tan convincentes que el juzgado no fijó nuevas medidas cautelares. Su defensa rebatió el supuesto enriquecimiento asegurando que sus propiedades (un chalé en Sevilla y otro en Sanlúcar de Barrameda) fueron comprados en 1972 y 1993. Presentó sus declaraciones fiscales para negar que intentara ocultar fondos por abrirse un depósito de 4,2 millones en una entidad financiera, EFG Bank, que reside en Luxemburgo y opera en España. El beneficio de cinco de sus asociaciones sin ánimo de lucro fue de 30.777 euros, lejos de los 3,8 millones que la UDEF estimó en Humanitas basándose en un modelo de declaración, el 347, que ofrece un análisis sesgado de las operaciones comerciales. El tiempo, a la postre, se encargará de emitir un veredicto para el exconsejero que ni en su peor pesadilla imaginó que, ya jubilado, un día abriría los telediarios de toda España como paradigma del fraude de la formación. Una cuñada al mando Para avalar la teoría de la red de influencias y contactos, los investigadores aludieron a que Teresa Florido, su cuñada, era la máxima responsable de la Formación entre 2011 y 2012. La ex alto cargo siempre ha defendido que se abstuvo de firmar resoluciones por su relación familiar. Entramado empresarial Ojeda reorientó su negocio hacia la formación y creó más de una decena de entidades coincidiendo con el reparto de subvenciones de la Junta y el Estado El programa diseñado por la Junta Los inspectores de Trabajo concluyeron que imputó de forma indebida 13,3 millones a ayudas, el 39 de lo que recibió para dar una solución a exempleados de Delphi