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ABC CORDOBA 15-12-2015 página 54
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54 ESPAÑA MARTES, 15 DE DICIEMBRE DE 2015 abc. es espana ABC AUDIENCIA NACIONAL Jordi Pujol Jr. quiere declarar de nuevo por sus negocios Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de Jordi Pujol, trata de anticiparse y mostrar que está a disposición de la Justicia. Si el viernes pasado intentó entregar en vano el pasaporte en un juzgado de guardia de Barcelona, ahora ha solicitado al juez que le interrogue de nuevo en el caso que investiga sus negocios. En un escrito, al que ha accedido ABC, Pujol Ferrusola, alias Junior asegura que comparte el interés de la acusación de UPyD, quien pidió una nueva declaración de Junior tras la información llegada desde Andorra, que desvela movimientos de dinero en el extranjero. La acusación ha pedido la prisión preventiva para Jordi Pujol hijo para evitar que destruya pruebas y oculte su fortuna. El juez que le investiga, José de la Mata, relató precisamente que Junior traspasó bienes para intentar evitar posibles embargos judiciales. L. P. A. Votación independentista del 9- N en Barcelona INÉS BAUCELLS El fiscal quiere conocer si la Generalitat usó datos personales el 9- N Ordena nuevas diligencias sobre la utilización del censo informatizado JANOT GUIL BARCELONA CASO NÓOS La Fiscalía ha retomado impulso en su querella contra el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, su consejera de Educación, Irene Rigau, y la exvicepresidenta, Joana Ortega, por convocar la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014 pese a la suspensión del Tribunal Constitucional. El ministerio público pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordene diligencias para aclarar cómo el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas para la votación del 9- N y si se usaron ficheros públicos con datos personales Según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, el ministerio público ha presentado un escrito ante el TSJC que investiga a Mas, Rigau y Ortega, a los que se le imputan los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. En concreto, el fiscal solicita al magistrado que ordene nuevas diligencias para establecer hasta qué punto la Generalitat mantuvo en todo momento y hasta el final un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Constitucional El 4 de noviembre de 2014, el TC suspendió el proceso participativo en que la Genera- litat decidió transformar el primer formato de consulta secesionista que planeó basado en la Ley de Consultas y con censo electoral tras ser suspendido por el más alto tribunal dos meses antes, en septiembre. En sus declaraciones ante el TSJC, Mas, Rigau y Ortega afirmaron que tras la suspensión del TC del 4 de noviembre la Generalitat no llevó a cabo ninguna acción nueva encaminada a organizar la consulta. Y aseguraron que esta fue ejecutada por voluntarios, descargándose así de culpa. Pero Fiscalía, que no acepta este argumento, quiere saber la forma en la que el CTTI proporcionó las plataformas informáticas que constituyeron uno de los elementos esenciales para que pudiera celebrarse la votación del 9 de noviembre. El fiscal ha planteado estas nuevas diligencias tras recibir un informe con documentación de las empresas que prestan servicios informáticos para la Generalitat en el que se observan elementos que inequívocamente apuntan a que en el seno del marco contractual preexistente entre el CCTI y las contratistas privadas se encargó el desarrollo de instrumentos informáticos específicamente destinados a ser utilizados en la votación El socio de Urdangarín niega el desvío de fondos públicos La defensa de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, ha presentado un informe pericial, a menos de un mes del inicio del juicio del caso Nóos, en el que su autor niega que el Instituto liderado por ambos llevase a cabo actividades ilícitas no relacionadas con sus objetivos fundacionales, y que a los más de seis millones de euros obtenidos de las Administraciones públicas por esta entidad se les diese un destino irregular. En un dictamen de 59 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, el jurista Luis Atienza avala la utilización, por parte de Urdangarin y Torres, de una compleja estructuración societaria y la utilización de varias empresas para materializar sus proyectos, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción y las investigaciones apuntan a que este entramado fue empleado por ambos exsocios para delinquir y apoderarse del dinero público. EP Diego Torres HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS El Supremo revisa una pena por enaltecer a ETA en la red El Tribunal Supremo revisa hoy la condena a dos años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional al internauta Vicente M. I. por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas que cometió al felicitarse por la muerte del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, en lo que justificó como un calentón porque le habían cerrado la cuenta de Twitter. La Sala de lo Penal consideró probado que el acusado, de 21 años y vecino de Bellreguard (Valencia) escribió el 17 de enero de 2014 en un perfil de Facebook bajo el nombre de Vicent Sidorenko la expresión Gora ETA. Libertad presos políticos, Miguel Ángel Blanco mejor muerto En otro mensaje frivolizó sobre el zulo en el que fue encerrado el funcionario José Antonio Ortega Lara. EP Más imputaciones Asimismo, el pasado noviembre la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, afirmó que estudiaban ampliar la querella por el 9- N con más imputaciones, ya no sólo con más diligencias documentales. Sin embargo, por ahora dichas imputaciones, que podrían recaer en funcionarios o empleados de la Generalitat que pudieron participar en la organización de la consulta, no se han concretado.

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