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ABC CORDOBA 05-10-2015 página 66
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66 ECONOMÍA LUNES, 5 DE OCTUBRE DE 2015 abc. es economia ABC Resultado de explotación de las empresas públicas en 2013 En euros Presupuesto Final Ejecutado Desviación Grupo AENA Fondo de Financiación Pagos a Proveedores FROB Puertos del Estado y Autoridades Portuarias RENFE- Operadora Loterías y Apuestas del Estado Grupo SEPI Otros as (con participación individual inferior) TOTAL ENTIDADES Fuente: Tribunal de Cuentas -563.569.000 85.483.000- 678.026.000- 58.435.000- 143.810.000- 365.242.000 124.377.000 2.321.000- 1.596.901.000 -255.956.000 272.064.000- 2.099.265.000 2.856.000 16.293.000 11.672.000 461.613.000 50.174.000- 1.540.549.000 307.613.000 186.581.000- 1.421.239.000 61.291.000 160.103.000 376.914.000 337.236.000 47.853.000 56.352.000 ABC El Tribunal de Cuentas ve deficiencias contables en las empresas públicas Pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que las prácticas del sector cumplan la legalidad ANA. I. SÁNCHEZ, MARÍA CUESTA MADRID resa, y no completaron la información hasta que el Tribunal de Cuentas tramitó la reclamación correspondiente. Además, hasta nueve entidades ni siquiera ha presentado el Programa de Actuación Plurianual y el organismo fiscalizador se ha encontrado con que numerosas entidades eluden informar sobre el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. E incluso algunas llegan a tergiversar la realidad e informar de la inexistencia de garantías recibidas o emitidas de otras entidades del sector público estatal cuando se ha comprobado que sí han existido denuncia el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda. Otra irregularidad es la falta de firma de los gestores en las cuentas anuales y el informe de gestión. En esta falta caen hasta 77 entidades, entre ellas empresas como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias o AENA, CDTI, Adif- Alta Velocidad o Renfe- Operadora. Auditorías denegadas Otro de los puntos oscuros que denuncia el Tribunal es la existencia de cinco empresas públicas cuya auditoría ha sido denegada por la empresa auditora. Destacan el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) las confederaciones hidrográficas del Miño- Sil y Cantabria, el Instituto Nacional de Consumo (INC) o la Corporación Mutua. Además, otras 45 entidades tienen el informe de auditoría con salvedades, entre las se encuentran la jefatura Central de Tráfico, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Estatal de Meteorología, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Cervantes y el Museo Nacional Reina Sofía. El Tribunal reclama adoptar la medidas correctoras oportunas que me permitan subsanar las deficiencias observadas en las cuentas anuales de las entidades públicas que presentan informes de auditoría con salvedades, con opinión desfavorable y con opinión denegada El Tribunal de Cuentas ha dado la voz de alarma sobre la contabilidad y rendición de cuentas que lleva a cabo el sector público empresarial. En su última declaración relativa a 2013 el organismo fiscalizador pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para subsanar las deficiencias en la contabilidad de las empresas públicas de manera que se ajusten a la legislación aplicable y reflejen adecuadamente su actividad económico- financiera, sus resultados y su situación patrimonial. Las entidades públicas habían previsto un resultado positivo de 570 millones y cerraron el ejercicio con unas pérdidas de 51 millones. La principal desviación la protagonizó Loterías del Estado, y a esta le siguió el FROB, RTVE y Renfe (ver gráfico) Entre las carencias que denuncia el organismo fiscalizador se encuentra el que dos tercios de las entidades integradas en el sector público, directamente no dan explicación alguna sobre las causas de las desviaciones de sus presupuestos de explotación o capital. Entre ellas, Renfe, el ente público RadioTelevisión Española (en liquidación) Worl Trade Center Barcelona, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Fidalia, Puerto Seco de Madrid, Servicios Documentales de Andalucía, Aletas, o el Consorcio para la Construcción del Auditorio de Música de Málaga. y entre las que sí lo justifican en algunos casos lo hacen de forma insuficiente e imprecisa dada la magnitud de las desviaciones. Este es el caso de grupos públicos como AENA, ADIF- Alta Velocidad, ENISA, Loterías y Apuestas del Estado y En- Loterías del Estado fue la empresa con mayor desviación en 2013 ERNESTO AGUDO Más ingresos para la Seguridad Social Las mutuas deben provisionar 21 millones por cuotas impagadas S. ALCELAY, M. CUESTA MADRID El Tribunal de Cuentas ha corregido al alza los ingresos que las mutuas deben depositar en las arcas de la Seguridad Social con los excedentes que logren en cada ejercicio. El órgano fiscalizador explica en su informe que en 2013 las mutuas infravaloraron esas aportaciones al sistema en 21 millones, cantidad que se corresponde con cotizaciones impagadas. Una circunstancia que no evita, según este Tribunal, que estas agru- paciones empresariales tengan que provisionarlo. A consecuencia de este desfase, el organismo fiscalizador corrige al alza el porcentaje de los excedentes que las mutuas deben ingresar en la Seguridad Social en cada ejercicio, desde el 83,80 hasta el 84,42 El resto hasta el cien por cien queda en los propios fondos de las mutuas para cubrir imprevistos. A finales de 2013, el Gobierno aprobó una norma con la que, por un lado, pretendía frenar el fraude en las bajas laborales y, por otro, introducir altas dosis de transparencia en unos organismos que gestionan, entre contingencias profesionales y prestaciones, en torno a los 12.000 millones de fondos públicos, lo que supone más del 1 del PIB. La norma limitó los sueldos de los directivos, ahora más controlados, al igual que su gestión (ya son responsables patrimoniales de sus actividades) y les permitió hacer un seguimiento de las bajas laborales desde el primer día y pedir el alta laboral, aunque éstas siguen en manos de los médicos de la sanidad pública.

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