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ABC CORDOBA 30-09-2015 página 20
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20 CÓRDOBA MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 cordoba. abc. es ABC Protesta contra la incineración de residuos en la cementera ARCHIVO Ambrosio reduce ahora el veto a Cosmos a solo un informe Nieto carga contra el bipartito por generar inseguridad jurídica a las industrias P. G. -B. R. R. CÓRDOBA La contundencia con la que Izquierda Unida anunció la decisión de dejar fuera de ordenación la fábrica cementera de Cosmos (cuarenta empleos directos, unos 150 si se le suman los indirectos) se redujo ayer a la elaboración de un informe en palabras de la alcaldesa, Isabel Ambrosio. La regidora fue ayer mucho más cauta que su pri- mer teniente de alcalde, que dijo directamente que la fábrica nunca llegaría a quemar residuos en el proceso productivo, incluso en el supuesto de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decida que puede hacerlo porque el permiso de la Junta así se lo permite. La regidora evitó la contundencia de su compañero de gobierno y se limitó a asegurar que se ha encargado un documento técnico para buscar un equilibrio ¿Entre qué factores? Entre salvaguardar el medio ambiente y mantener la actividad de la firma, que tiene autorizada por parte de la Junta de Andalucía dos elementos: un incremento de producción de hasta 2.000 toneladas y el uso de combustible ba- sado en residuos especialmente tratado para proporcionar energía. La posición de la alcaldesa fue ayer mucho más cauta porque la otra parte- -esto es, Cosmos y sus trabajadores- -ha empezado a moverse. A los pronunciamientos de UGT, el comité de empresa y la Confederación de Empresarios, ayer se sumó la del portavoz del PP, José Antonio Nieto, quien fue sumamente duro con la alcaldesa a pesar de que su partido firmó el pacto por el aire limpio durante la campaña electoral. Nieto abogó ayer por aplicarle sentido común al problema desde la base de que la industria, que es la actividad que genera un empleo más seguro y cualificado, necesidad seguridad ju- rídica a medio plazo El presidente provincial del PP mantuvo ayer un encuentro con los trabajadores de Cosmos, que le contaron que han salido de un ERE que se llevó por delante la mitad del empleo fijo de la fábrica y que los sueldos se han reducido un diez por ciento. En este sentido, Nieto pidió al gobierno municipal que empiece a contrastar información de forma que escuche a quienes tengan datos ciertos sobre la actividad de valorizar (la palabra que usa la industria cementera como eufemismo de quemar residuos previamente tratados) Desde hace años, las cementeras están adaptando sus instalaciones para sustituir el derivado del petróleo con el propósito de reducir la factura energética que supone un alto porcentaje de la factura final. Los sindicatos ya han advertido de que impedir la incineración y dejar la fábrica fuera de ordenación condena a la muerte a medio plazo a las instalaciones, propiedad de un grupo brasileño, abiertas en el año 1931. Ningún técnico medioambiental puede asegurarnos hoy que la valorización perjudique a los vecinos y se contamine más dijo ayer el portavoz municipal popular. El exalcalde de Córdoba acusó a los mismos que se quejan de que esta es una ciudad de camareros que obstaculicen el desarrollo industrial Reclamó, por ende, una reflexión profunda sobre la materia y no buscar atajos como la declaración de fuera de ordenación. Recordó que la Junta está dando permisos para quemar residuos peligrosos (el de Córdoba es para no peligrosos) en entornos urbanos, Por su parte, los delegados en materia ambiental del comité de empresa de Cosmos adscritos al sindicato Comisiones Obreras rechazaron ayer la propuesta municipal debatida en el último consejo de la Gerencia de Urbanismo. En un comunicado, aseguraron que las alarmas son infundadas Según aseguraron, las emisiones no crecerán sino se se reducirán según consta en la autorización ambiental, que es pública. Afirmaron, además, que es un sistema que se está utilizando en toda Europa como sustitutivo a los vertederos. TRIBUNALES La Policía Nacional investiga las ayudas de la Junta a Urende ABC CÓRDOBA La Unidad de Delitos Financieros (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado una investigación de las ayudas concedidas a Urende, la empresa de venta de electrodomésticos y electrónica del grupo Sánchez- Ramade, que recibió auxilio financiero de Invercaria, la empresa de capital riesgo, con cargo al fondo Jeremie, una figura cofinanciada por la Unión Europea para fortalecer proyectos empresariales prometedores que no hallan recursos en el mercado privado. El informe se ha incorporado al caso Invercaria, que instruye un juzgado de Sevilla. Los investigadores han realizado un informe en el que incluyen a Urende entre las empresas que recibieron dinero de forma irregular de estas partidas. En concreto, a partir de los años 2008 y 2009 el Consejo de Gobierno de la Junta intentó salvar la firma, que entró por primera vez en números ro- jos, con un crédito de doce millones de euros. Prácticamente desde su concesión, aparecieron informaciones que alertaban de que Urende no se encuadraba en los dos criterios establecidos para recibir dinero de Jeremie, un fondo creado para consolidar la estructura financiera o para empresas de alto potencial de crecimiento. Aún así, el Gobierno de Griñán apostó por financiar a la empresa cuando ya se sabía que era una empresa con graves problemas. Poco tiempo después, tanto Urende como otras firmas del grupo anunciaron el cierre de sus centros de trabajo y un concurso de acreedores, El informe de los expertos en delitos financieros de la Policía Nacional advierte que el dinero se concedió a pesar de que Urende no era una pequeña y mediana empresa y estaba cerrando centros (al menos, cinco cuando se concedieron las ayudas) La mayor parte del dinero utilizado por la agencia IDEA- -que usó una empresa instrumental para controlar estas operaciones de capital- -acabó en sociedades mercantiles que estaban pasando por malos momentos. Además, se han encontrado otro tipo de irregularidades durante la investigación como financiar proyectos personales o a sociedades mercantiles que ni siquiera tenían su sede fiscal en la comunidad de Andalucía.

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