ABC CORDOBA 22-07-2015 página 32

32 ANDALUCÍA MIÉRCOLES, 22 DE JULIO DE 2015 abc. es andalucia ABC DEFENSOR DEL PUEBLO La Educación, primer motivo de las quejas que implican a menores ABC SEVILLA El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, presentó ayer al presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán el informe anual de 2014 referido a menores. El trabajo del Defensor del Menor insiste en las consecuencias de la continuación de la crisis económica y sus consecuencias en el aumento de los casos de pobreza infantil y las situaciones de familias en riesgo de exclusión social en Andalucía. Dicho informe recoge, además, que el Defensor del Menor ha atendido 2.889 quejas y consultas por la vulneración de los derechos de los menores durante 2014, principalmente relacionados con Educación y situaciones de riesgo social. De ellas, 2.042 fueron consultas y 847, quejas. Por materias, destacan en Educación que continúa siendo la que aglutina el mayor número de quejas y consultas. Un total de 325 actuaciones por problemas de escolarización, donde ha sido llamativo la dificultad de muchas familias para tener en el mismo colegio a todos sus hijos, con el consiguiente perjuicio de conciliar la vida familiar y laboral. Y, las 181 reclamaciones por carencias en la atención educativas a alumnos con necesidades educativas específicas, principalmente por la ausencia de profesionales, o por la prestación de servicios compensatorios, entre otros, los comedores escolares. También han sido significativas las 168 intervenciones por las situaciones de riego social de menores, sobre todo, en barriadas más vulnerables, con casos de pobreza infantil y necesidad de vivienda urgentes. Otros bloques de quejas y consultas han tenido que ver con denuncias por maltrato (99) 90 casos por desamparo; 76 de Servicios Sociales y Dependencia; 48 por necesidades de vivienda, con nueves casos de desahucios. La juez María Ángeles Núñez, en su despacho del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla EFE RAÚL CARO La juez Núñez estudia dividir el caso del fraude en la Formación Pide que se pronuncie la Fiscalía Anticorrupción con un informe de la Guardia Civil ABC SEVILLA El reparto, a la espera del Consejo El reparto de la instrucción de las macrocausas iniciadas por la juez Alaya sigue a expensas de la decisión del Consejo General del Poder Judicial que no tenía previsto ayer abordar este asunto en su comisión permanente. Este organismo tiene que decidir respecto al informe del Superior de Justicia al que remitieron alegaciones la propia juez Alaya, ahora en la Auidiencia Provincial, aunque asignada en comisión de servicio a su anterior juzgado y la actual titular, Núñez Bolaños. Violencia Maeztu aprovehcó su vista institucinal para reiterar su preocuapción por el elevado número de sentencias impuestas a menores de entre 14 y 17 años por violencia filioparental, que aumentaron un 60 en cinco años en Andalucía, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de manera que el 16 de los delitos cometidos por menores son de violencia hacia sus padres. El informe dedica un capítulo a la violencia que los hijos ejercen sobre los padres, un problema que quiere sacar del silencio ya que se queda en el ámbito privado y no sale a la luz asegura. La juez Núñez Bolaños, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie si el caso de los cursos de formación debe dividirse en distintas partes relativas a los entramados empresariales, los consorcios, los sindicatos, las confederaciones y las fundaciones. En una providencia de la que informa Efe, la juez traslada a la Fiscalía un atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que, teniendo en cuenta ese informe, emita un pronunciamiento sobre la división de la causa. Una división a la que se oponía su antecesora Mercedes Alaya que ha solicitado continuar con la instrucción del caso en comisión de servicio. En el atestado de la Guardia Civil que le reclamó la juez el 17 de junio sobre el estado de las investigaciones, se recuerda que persiguen los posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones. Estos delitos se habrían cometido, según la Guardia Civil, en la concesión, control y justificación de las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas para el empleo. En su informe, la Guardia Civil señala que empezaron esta investigación en septiembre de 2013 sobre entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones y respecto a determinados fraudes en los consorcios entre administraciones También investigaban subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para acciones tendentes a la recolocación de los extrabajadores de Delphi y empresas afectadas y las subvenciones otorgadas a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) Respecto a los entramados empresariales, la Guardia Civil explica que son cuatro los que investiga con 461 cuentas bancarias, cuyos movimientos analizan. Uno de los entramados es el dirigido por José Sivianes, que ha sido imputado por el juzgado de instrucción 3 de Sevilla, lo que exigiría solicitar un testimonio de esas actua- ciones, indica la Guardia Civil. Otro de los entramados se refiere a las empresas del exconsejero andaluz Ángel Ojeda, que está siendo investigado por el juzgado de instrucción 2 de Cádiz. Sobre los 14 consorcios creados por la Junta con distintas administraciones locales, la Guardia Civil precisa que estudian cuatro de ellos, dos de los cuales- -el de Mijas y Formades- -han sido objeto de actuaciones policiales con el registro de sus sedes y la detención o imputación de sus responsables. Además, se investigan a otros dos consorcios más, Forman y CTI, de los que se estudian sus cuentas bancarias y el destino aplicado a los fondos públicos que recibieron. La Guardia Civil le explica a la juez que, tras el cierre de Delphi, la Junta diseñó un plan para revitalizar la zona con subvenciones extraordinarias, una de ellas a FAFFE, y añade que están recibiendo información sobre las cuentas bancarias de las empresas beneficiarias de las subvenciones. El informe concluye con las indagaciones sobre las supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a la FAFFE, lo que recogió la Cámara de Cuentas y motivó un análisis del funcionamiento y movimientos bancarios de la fundación entre 2003 y 2011. El responsable de la Guardia Civil en este caso también destaca que los informes de control financieros permanentes de la Junta respecto al Servicio Andaluz de Empleo entre 2009 y 2012 motivaron la detención de sus directores provinciales y la imputación de los jefes de servicio de formación profesional para el empleo.