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ABC VIERNES, 10 DE JULIO DE 2015 abc. es andalucia ANDALUCÍA 33 El cerco judicial por las facturas falsas salpica a Cándido Mendez La UCO registra las sedes del Instituto de Formación de UGT en Madrid y Sevilla ANTONIO R. VEGA SEVILLA La tranquilidad del líder ugetista Los registros sorprendieron al secretario general de UGT en un acto con agricultores del sindicato en Madrid. Méndez mostró su tranquilidad absoluta y defendió que los documentos requisados cumplen todos los requisitos de legalidad El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, aseguró que la operación policial supone una llamada en la puerta a la presidenta, Susana Díaz, para que dé explicaciones. El caso de las facturas falsas de UGT que hasta ahora tenía su epicentro en Andalucía ha saltado a Madrid, donde ha ocasionado los primeros temblores en la dirección federal del sindicato. De forma simultánea, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron ayer durante cinco horas las sedes del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de la central en Madrid y Sevilla, una fundación con implantación nacional creada por el sindicato para impartir cursos de formación a través de las subvenciones que reciben de las distintas administraciones públicas. Como desveló ABC, UGT Andalucía utilizaba una red de empresas y fundaciones, al frente de las cuales figuraban sus propios dirigentes, con un único objetivo: facturar por sistema al propio sindicato servicios muchas veces inexistentes con los que justificar las millonarias subvenciones que le concedía la Junta de Andalucía para la lucha contra el paro y la formación de desempleados. Las pistas de este importante fraude -como lo calificó la UCO- -han conducido a los agentes hasta la central del sindicato en Madrid. El juez de instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que ordenó la operación, abrió en febrero una nueva línea de investigación relacionada con el autoalquiler de aulas formativas a un entramado de sociedades administradas por el sindicato. Un artificio financiero que servía al sindicato hermano del PSOE para justificar irregularmente ante la Junta de Andalucía las subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo, cofinanciadas con fondos europeos. La UCO cree que el IFES, que tiene sucursales repartidas por casi todas las comunidades autónomas, jugó un papel decisivo en esta trama de financiación irregular. En este contexto se enmarcan los registros que se prolongaron ayer desde las 9.00 horas hasta primeras horas de la tarde. No se realizaron detenciones, pero fue requisada cuantiosa documentación relacionada con las facturas confeccionadas por el sindicato para justificar las ayudas. Los agentes salieron de la sede central del IFES en Madrid portando un maletín, una maleta y dos cajas repletas de expedientes, que se completó con las facturas y documentos obtenidos en el imponente edificio que la central tiene en la avenida Blas Infante de Sevilla. En la causa están imputados 18 exdirigentes y proveedores habituales, entre los que se encuentran los exsecretarios regionales de UGT, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. El magistrado, que inició sus pesquisas ante el goteo de denuncias de periódicos como ABC, sitúa a ambos exdirigentes a la cabeza de una trama para desviar subvenciones para formar a trabajadores y parados con el fin de destinarlas a la financiación ilícita del sindicato. Aprovechando la laxitud de los controles establecidos por la Junta de Andalucía para fiscalizar las ayudas, la UCO sostiene que UGT ideó una caja b un sistema que le permitió desde 2005 a 2013 sostener con fondos de formación la megaestructura del sindicato y costear mariscadas, hoteles y convites de sus dirigentes, cenas con barra libre en la Feria de Sevilla, karaokes en El Caribe, pancartas para las huelgas y hasta maletines falsificados en China que regaló a los delegados de un congreso en 2009. Agentes de la UCO, ayer en el registro de la sede regional del Instituto de Formación de UGT en Sevilla JUAN FLORES UGT facturó a su propio instituto 58 millones de euros entre 2008 y 2012 La respuesta está en un demoledor atestado de 341 páginas incorporado al sumario del caso. La Guardia Civil cree que el fraude va más allá de las facturas falsas, el cobro de comisiones o la creación de botes o saldos para gastos de estructura a través de proveedores contratados con las subvenciones. Los investigadores buscan pruebas del uso de sociedades creadas por el sindicato para justificar fondos. UGT Andalucía, ya fuera directamente o a través de sus federaciones y uniones provinciales, encargaba la ejecución de los cursos de formación a Soralpe I+ P Asociados SL y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) Estas sociedades, participadas al cien por cien por UGT, emitían facturas por la prestación de servicios genéricos o ficticios como el alquiler de aulas y de equipos informáticos. UGT- A cedía sus instalaciones a la mercantil Soralpe para que ésta, a su vez, facturase al IFES por el uso de dichas instalaciones, con ocasión de diferentes acciones formativas advirtió la UCO. Mediante este artificio, se estaban justificando gastos ante la entidad concedente de las subvenciones que en sí no lo eran Dado que los locales son suyos, el gasto de alquiler sería mínimo Entre 2008 y 2012 UGT- A le facturó al organismo que utilizaba para impartir los cursos (donde estuvo trabajando el marido de Susana Díaz) un total de 57,96 millones que no concuerdan con lo declarado por ambas entidades a la Agencia Tributaria.