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ABC VIERNES, 10 DE JULIO DE 2015 abc. es andalucia ANDALUCÍA 31 UGT facturó a su propio instituto 58 millones de euros La Guardia Civil cree que el fraude va más allá de las facturas falsas, el cobro de comisiones o la creación de botes o saldos. Busca pruebas del uso de sociedades creadas por el sindicato para justificar fondos por la prestación de servicios genéricos o ficticios como el alquiler de aulas y de ordenadores. UGT- A cedía sus instalaciones a la mercantil Soralpe para que ésta, a su vez, facturase al IFES por el uso de dichas instalaciones, con ocasión de acciones formativas advirtió la UCO. Mediante este artificio, se estaban justificando gastos ante la entidad concedente de las subvenciones que en sí no lo eran Dado que los locales son suyos, el gasto de alquiler era mínimo Entre 2008 y 2012, UGT- A le facturó al organismo que utilizaba para dar los cursos (donde estuvo trabajando el marido de Susana Díaz) 57,96 millones que no concuerdan con lo declarado a la Agencia Tributaria. El Supremo pide permiso al Congreso para ir contra Viera El juez Barreiro acusó al exconsejero de prevaricación y malversación A. R. V. SEVILLA boró Barreiro en la parte que se refiere a Viera, puesto que también acusó de prevaricación administrativa al resto de aforados. Hasta que el Congreso se pronuncie, se suspende la tramitación de actuaciones contra Viera. sas ante el goteo de denuncias de periódicos como ABC, sitúa a ambos exdirigentes a la cabeza de una trama para desviar subvenciones para formar a trabajadores y parados con el fin de destinarlas a la financiación ilícita del sindicato. Aprovechando la laxitud de los controles establecidos por la Junta de Andalucía para fiscalizar las ayudas, la UCO sostiene que UGT ideó una caja b un sistema que le permitió desde 2005 a 2013 sostener con fondos de formación la megaestructura del sindicato y costear mariscadas, hoteles y convites de sus dirigentes, cenas con barra libre en la Feria de Sevilla, karaokes en El Caribe, pancartas para las huelgas y hasta maletines falsificados en China que regaló a los delegados de un congreso en 2009. La Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó ayer solicitar al Congreso de los Diputados autorización para dirigir el procedimiento penal contra José Antonio Viera, el único aforado en la causa de los ERE fraudulentos tras la dimisión de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías (que renunciaron al escaño en la Cámara Baja el pasado 3 de julio) y José Antonio Griñán, que cesó como senador por la Comunidad andaluza hace un mes. Respecto a los exdiputados socialistas Manuel Chaves, expresidente de Andalucía, y Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia, a quienes también afecta la investigación del Supremo, la Sala estima que no es necesario el suplicatorio al haber renunciado a sus escaños, al igual que ocurre con el exsenador del PSOE y expresidente andaluz José Antonio Griñán. En un auto, el Alto Tribunal aclara que la petición de suplicatorio de Viera no supone una decisión formal de inculpación sino que es un trámite previo y añade que considera suficientemente razonable la exposición remitida por el instructor Alberto Jorge Barreiro para dar curso al mismo. El juez acusó a quien fuera consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004 de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. La Sala acuerda remitir el suplicatorio al presidente del Congreso, Jesús Posada, a través del presidente del Supremo. A la solicitud se acompaña la exposición razonada que ela- Barreiro coincidió con la juez que inició la investigación en 2011, Mercedes Alaya, en que los expresidentes intervinieron en la creación o mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, respecto a alguno de ellos en referencia a Viera en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema Barreiro ve indicios de que conocían el sistema ilegal de los ERE por ocultar a través del mecanismo de transferencias de financiación lo que en realidad era la concesión de subvenciones para eludir los controles legales a los que debían someterse el gasto público. Dejó el PSOE En el caso de Viera, que se dio de baja del PSOE tras pedirle el partido su acta, el juez lo inculpa por haber sido uno de los dos firmantes del convenio que el 17 de julio de 2001 implantó el fondo de reptiles y también lo señala como inductor de las abundantes ayudas ilegales concedidas a un grupo de empresas de la Sierra Norte de Sevilla donde trabajó su hija. En Sevilla continúan las pesquisas por el caso ERE. La juez María Núñez Bolaños, ha rechazado la petición del dueño de Uniter, José González Mata, para que se archivara su causa en lo relativo al delito de malversación de caudales públicos, mientras que también se ha opuesto a exigir la devolución de las ayudas a trabajadores (prejubilados legales) que se habrían lucrado con este presunto delito. José Antonio Viera, a su llegada al Tribunal Supremo EFE VÍCTOR LERENA