Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
38 ANDALUCÍA SÁBADO, 6 DE JUNIO DE 2015 abc. es andalucia ABC ALMERÍA Detenidas tres mujeres por obligar a una joven a prostituirse RAQUEL PÉREZ ALMERÍA Alaya empaqueta papeles y desmonta el despacho que ocupa desde 1998, a la espera de que se decida su futuro Con el trolley a otra parte MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA En el marco de la operación Maleza agentes de la Guardia Civil han detenido a tres vecinas de Roquetas de Mar como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal, amenazas y relativo a la prostitución. Las arrestadas obligaban a prostituirse a una joven marroquí, a la que sometían a continuas palizas y amenazas. Fueron los gritos y llantos de la víctima de noche en plena calle lo que dio origen al operativo. Una persona contactaba con el servicio de emergencias 112 para alertar de esta situación. Los integrantes de una patrulla al llegar al lugar referido localizaron a una marroquí de 35 años desorientada, muy excitada y llorando. Además, presentaba heridas de diversa índole. Una vez asistida en el centro de salud, la mujer relató a los representantes del Instituto Armado el calvario que había padecido durante las últimas dos semanas, en las que había estado retenida en una vivienda y obligada a prostituirse. La chica indicó que unas compatriotas le ofrecieron trabajo en Roquetas de Mar, por lo que decidió trasladarse desde Valencia. Pero al llevar a la localidad almeriense fue recluida y explotada sexualmente, hasta que consiguió evadirse. S CÁDIZ Ocho meses de cárcel por agredir al jefe de estudios de un instituto ABC CÁDIZ i alguien tenía alguna duda, ha quedado despejada. Mercedes Alaya se va. La juez más conocida de España, la que hizo dimitir a un presidente de la Junta de Andalucía y puso contra la cuerdas a todo el poder andaluz, se marcha del juzgado que ha ocupado desde 1998. Ayer los signos de esa marcha se hicieron evidentes. Alaya estuvo toda la mañana desmontando el despacho del juzgado de instrucción 6 de Sevilla que ocupa en la segunda planta del edificio del Prado de San Sebastián. Recogiendo documentos y metiéndolos en cajas de cartón. Junto a esas cajas estaba su inseparable trolley, con el que llega cada día a los juzgados. En realidad, la juez solo tenía que meter papeles (probablemente autos y providencias) ya que la instructora no tiene retratos familiares en su mesa. A la espera de que el Poder Judicial despeje las dudas sobre su futuro, la instructora se trasladará a otras dependencias, a uno de los otros despachos vacíos que hay en el ala contraria de esa planta y muy cerca de donde se ubica Álvaro Martín, el juez de lo Penal ahora en tareas de refuerzo en ese órgano. La llegada de la juez de Familia María Núñez Bolaños al juzgado es inminente y ello implica el cese automático de Alaya como titular. Fuentes judiciales dan por hecho que el BOE publicará el próximo lunes la resolución del concurso de traslado que concede a Núñez oficialmente la plaza. La nueva juez titular tendrá ocho días para tomar posesión, algo que podría hacer incluso el mismo La juez Mercedes Alaya El juez ha condenado a ocho meses de cárcel y a una multa al familiar de un alumno del Instituto de Educación Secundaria (IES) Cadalso de San Roque por agredir al jefe de estudios del centro, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al caso. El juicio rápido, que se celebró el pasado jueves, concluyó con una sentencia condenatoria para el familiar del alumno por un delito de atentado a la autoridad. Según las citadas fuentes, el procesado pidió disculpas por lo ocurrido durante el juicio. Los hechos tuvieron lugar a primera hora del martes. El acusado esperó al jefe de estudios y, cuando le vio llegar, se enzarzó en una discusión y le propinó un puñetazo en la cara antes de marcharse. J. M. SERRANO martes ya que solo tiene que trasladarse desde el cercano edificio judicial de la Buhaira que ahora ocupa. Mientras se resuelve el tema de las comisiones de servicio que apoyarán a Núñez, algo que verá primero el TSJA el lunes y posteriormente el CGPJ, Alaya tendrá que tomar posesión de su nueva plaza en la Audiencia de Sevilla. La juez tendrá que trasladarse a Granada, al TSJA, y jurar el nuevo cargo. Y luego volver y tomar posesión en la Audiencia de Sevilla. Cuando se resuelvan los jueces en comisión de servicio, María Nuñez Bolaños decidirá el reparto de trabajo. Tendrá que resolver la papeleta más conflictiva: decidir si accede a la petición de Alaya de quedarse con las investigaciones de los ERE, los cursos de formación y los avales. Es probable incluso que se celebre una reunión entre la nueva titular y quienes se queden en comisión de servicio. Entre Núñez, Alaya y Martín. Entre tanto, la juez dio ayer un nuevo impulso a sus intrucciones. En el presunto delito societario en Mercasevilla, ha imputado a José Rodríguez López, asesor fiscal del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, por hacer facturas falsas por valor de 97.922 euros a nombre de esta sociedad mixta. La sección VII de la Audiencia levantó la fianza de un millón de euros que se le había impuesto al exdirector general de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera en el caso ERE. Con esos mismos magistrados tendrá que sentarse Alaya si no se queda con las macrocausas. Toda una mudanza. PUERTO DE HUELVA El fiscal no ve delito en la gestión de De Paz, que seguirá en el cargo A. R. V. SEVILLA La Fiscalía de Huelva no ve indicios de delito en la actuación de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz, y del exdirector de la entidad, Pedro García. El Juzgado de instrucción número 5 de Huelva ha citado a declarar a ambos en calidad de imputados, si bien en un escrito posterior a esta providencia judicial, la fiscalía ya interesa el sobreseimiento provisional de las actuacio- nes al no advertir delito. Curiosamente, fue la Fiscalía la que en junio de 2014 admitió a trámite la denuncia interpuesta por Comisiones Obreras contra ambos cargos por la supuesta comisión de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones, falsedad, ambiental, contra los trabajadores y contra la integridad moral. El sindicato le acusó de un supuesto delito de prevaricación al haber utilizado la presi- denta del puerto, en su condición de autoridad- funcionaria pública, la adjudicación a Sandetel (empresa autonómica) de trabajos contenidos en la asistencia técnica con un presupuesto de inversión de 1,1 millones de euros haciendo caso omiso a recomendaciones del Ministerio de Fomento. El Gobierno andaluz no tiene intención de destituirla y expone varios motivos para justificar esta decisión: no se trata de un caso de corrupción, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento, ni siquiera ha declarado todavía (está citada el día 23) y las obras fueron autorizadas finalmente por el Ministerio y Puertos del Estado.