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ABC CORDOBA 31-05-2015 página 52
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50 ESPAÑA DOMINGO, 31 DE MAYO DE 2015 abc. es españa ABC El empresario Vicente Huerta a su llegada, ayer, a los juzgados de Sagunto (Valencia) acompañado por efectivos de la Policía Nacional EFE La investigación del caso Castellano incluye contratos públicos desde 2002 Uno de los empresarios presuntamente beneficiados por la trama declara ante el juez que las acusaciones responden a la venganza personal de un exempleado A. CAPARRÓS VALENCIA Así está el caso Cambio de juzgado El Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto deja el caso y se inhibirá este lunes. Al tener competencias en materia de violencia contra la mujer está exento de asumir causas procedentes de denuncias sin fecha concreta de los hechos denunciados. a causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto contra el hasta esta semana delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha puesto el foco en una presunta trama de adjudicaciones amañadas en contratos adjudicados por la Generalitat en las diferentes etapas de Serafín Castellano (en libertad con cargos desde el viernes con la prohibición de salir de España) como consejero de Sanidad, Justicia y Gobernación que arrancó en torno a 2002. Al respecto, dos de los nueve detenidos tienen un nexo común: Vicente Huerta y José Miguel Pérez Taroncher son empresarios, fueron contratistas de la Generalitat y guardan relación de amistad con Castellano, con el que comparten aficiones como las cacerías. En L Serafín Castellano, el viernes a su llegada al juzgado Últimas declaraciones La juez tomó ayer declaración a los tres últimos imputados (el empresario Vicente Huerta, el propietario de un coto de caza y un trabajador de Aviación Civil) Todos quedaron libres con cargos y con el pasaporte retirado. Los delitos A los imputados se les atribuye, en distintos grados, los delitos de malversación, cohecho, delito fiscal, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales. MIKEL PONCE septiembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivó una querella contra el exdelegado del Gobierno por las adjudicaciones a Taroncher en su etapa de consejero de Sanidad. Sin embargo, la imputación del empresario en la nueva causa que propició la detención de ambos este viernes y el registro efectuado en la sede de Sanidad revelan que las pesquisas se centran de nuevo en las posibles irregularidades en las adjudicaciones efectuadas por Castellano en su periplo como consejero del ramo. La segunda vía de una vasta investigación se centra en dos planes urbanísticos. En uno de ellos participó como promotora Avitractor, una sociedad que comparte sede con Avialsa, la empresa presidida por Huerta y punto de partida del caso. En octubre de 2014, el exgerente de Avialsa, Antonio Alandí, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que relataba que el exdelegado del Gobierno (que fue nombrado en junio pese a las sospechas sobre su gestión) habría aceptado regalos de la compañía a cambio de darle trato de favor en las adjudicaciones, que entre 2008 y 2014 sumaron un importe de 34 millones, entre ellas el contrato de suministro de aviones para la extinción

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