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ABC MIÉRCOLES, 6 DE MAYO DE 2015 abc. es andalucia ANDALUCÍA 37 dalucía el 27 y 28 de enero del 2014. Luego, en marzo de 2014, recibieron un escrito del gabinete jurídico sobre un auto de ese mes en el que se les solicitaba documentación relacionada con la instrucción del caso de los ERE, al que respondieron el 16 de abril del 2014. Posteriormente, según IDEA, en junio de 2014 les llegó un requerimiento pidiéndoles copia de los expedientes ayudas de salvamento y o reestructuración concedidas por esta institución desde 2003, para lo que pidieron cuatro meses. En noviembre entregaron 15 cajas al juzgado y tras una nueva petición enviaron mas documentación. La juez remite al Supremo más actas de Consejos de Gobierno No ve acreditado si el dinero fue para ayudas sociolaborales o empresas M. B. SEVILLA Futuras imputaciones La segunda seria advertencia que ayer hizo la juez en ese mismo auto es un aviso de que pronto habrá nuevos imputados en la causa de los avales. Aunque no decía los nombres, anunciaba que las declaraciones de esta macrocausa podrán ampliarse a personas que recientemente han perdido la condición de aforados En esa situación de haber perdido recientemente esa condición de aforados se encuentran cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía que están imputados en los ERE y que, tras disolverse la Diputación Permanente, se quedaron sin fuero. Es el caso de Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila. Pero sólo estos dos últimos ocuparon carteras de las que dependía la agencia IDEA. La juez Mercedes Alaya también sigue avanzando en el caso de los ERE fraudulentos. Mientras el Consejo General del Poder Judicial no ha decidido aún quién se hará cargo de la instrucción una vez que se produzca la llegada de la nueva titular María Núñez Bolaños, ayer se conoció otro auto en el que remite al Alto Tribunal más actas de los consejos de Gobierno y movimientos bancarios de dos trabajadores que recibieron pólizas de ayudas por valor de 900.000 euros. En un escrito firmado por la magistrada el día 29 de abril se remiten al Tribunal Supremo las actas de las reuniones de varios consejos de gobierno de los años 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010 que realizaron modificaciones presupuestarias de la partida 31- L que fue bautizada por el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, como fondo de reptiles Alaya envía esta documentación al Alto Tribunal que lleva la parte del sumario que hace referencia a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Alaya justifica esta remisión de documentación en que ese órgano solo tiene copias de las actas desde 2001 hasta el primer trimestre de 2011. Dice haber localizado actas de algunas reuniones con esas modificaciones presupuestarias que desea conocer después de que el Supremo, que investiga la parte de los ERE que afecta a los aforados, ha tenido conocimiento que sería imposible deducir si esas modificaciones presupuestarias fueron para ayudas sociolaborales o a empresas. Por ello también pide las actas de otras reuniones del Consejo de Gobierno de los años 2003 y 2004 y documentación bancaria. Así, Alaya solicita información a entidades financieras relativa a varios movimientos bancarios. En concreto, pide datos sobre la empresa Industria Auxiliar para Maquinaria y Automoción, Iamasa, beneficiaria de ayudas sociolaborales por importe de 2,3 millones. En el Supremo Por otra parte el exconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno en Andalucía Luis García Garrido; y del exviceconsejero de Igualdad y Bienestar Social José María Oliver Pozo, dijeron ayer, en su declaración ante el instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que los denominados consejillos no tenían capacidad legislativa ni política. Ambos comparecieron ante el instructor durante dos horas y media y a petición de la defensa del exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. Fuentes presentes en la declaración explicaron que los consejillos no son un filtro político Sin capacidad de decisión El exconsejero de Obras Públicas Luis García avaló la tesis de Zarrías sobre los consejillos