ABC CORDOBA 22-04-2015 página 31

ABC MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL DE 2015 abc. es andalucia ANDALUCÍA 31 en otras Consejerías no se hiciera fiscalización previa, e insistió en que su experiencia en las consejerías que ha dirigido ha sido de estricto control previo por parte de la intervención. Sin embargo, aseguró desconocer cómo se ha podido producir ese problema en la de Empleo. Rebate a los expresidentes Un gran fraude Esta declaración pone en jaque al propio sistema utilizado por la Junta para desviar dinero de Empleo a partir de tranferencias a organismos de la administración paralela, eje de la imputación de Alaya a los altos cargos que han venido declarando ante el Tribunal Supremo, que considera que no podían estar al margen del método establecido con la finalidad de rebajar los controles propios de la Administración sobre las ayudas destinadas a beneficiar a personas o empresas afines al PSOE y para extender una red clientelar. Con la declaración de Mar Moreno se cierra el paso por el Tribunal Supremo de los aforados nacionales del caso, en las que han repetido que no leyeron los informes que advertían de la ilegalidad del método con el que se repartían las ayudas, y en las que se han sucedido argumentos para eludir sus responsabilidades en el gran fraude como lo calificó el expresidente Griñán tras su declaración ante el juez. Aquella ocurrencia y sus afirmaciones sobre la barbaridad cometida le ha dejado bastante marcado. Griñan sabe que no repetirá como senador por la Comunidad cuando antes de dos meses el Parlamento tenga que decidir sobre estos nombramientos. Fuentes socialistas señalaban ayer a la agencia Servimedia que el acta pasará a manos de otro histórico socialista andaluz, José Caballos. Fuentes del entorno del expresidente, que citaba ayer El Mundo, apuntaban que Griñán dejará la política, pero todo indica que es la política la que deja a Griñán, quien ha reconocido ahora ante el juez que en agosto de 2013 dimitió por sus responsabilidades políticas en los ERE y desde entonces se ha mantenido en el Senado, aforado, el que se supone va a ser su último destino político. La Fiscalía pide al juez que declare el interventor Amplía la solicitud al exconsejero de Empleo Antonio Fernández A. R. V. J. J. B. SEVILLA La Fiscalía del Tribunal Supremo quiere escuchar el testimonio del interventor General de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, a quien los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán acusaron de no haber actuado para frenar el fraude de los ERE. El Ministerio Público solicitó ayer al juez instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, que cite a declarar a Gómez y al consejero de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández García en calidad de imputados. En un breve escrito, los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar señalan que ambos ex altos cargos ya aparecen como imputados en la causa que tramita Alaya en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, y que su testimonio es necesario porque desempeñaron sus cargos durante el período en el que se produjo el supuesto expolio de 855 millones de euros. La declaración en el Supremo de Gómez Martínez también ha sido solicitada por Manos Limpias, personada como acusación popular. Esta parte justifica su decisión en el desconocimiento sobre sus advertencias que alegaron en sus decla- Manuel Gómez raciones tanto los expresidentes como el exconsejero Gaspar Zarrías. El alto funcionario mostró su deseo de declarar ante el Supremo al considerar una indignidad la conducta de los exmandatarios andaluces porque actúan embozados bajo el inicuo aforamiento tras el que se esconden, sin que los aludidos podamos responder También los tachó de indecentes por desviar hacia los inferiores la responsabilidad por actos propios El funcionario comparó a los expresidentes como el alcalde que decide apagar todos los semáforos de la avenida, con el presunto propósito de mejorar la fluidez del tráfico Con posterioridad, añade, el regidor niega que él apagara los semáforos y pretende desviar su responsabilidad por los muertos en accidente hacia la policía de tráfico. Pero cuanto más insiste el alcalde en ello más parece que el motivo de la medida no fue la fluidez del tráfico, sino permitir la huida de los ladrones con más facilidad En su declaración ante el juez, Manuel Chaves aseguró que pudiendo hacerlo el interventor no elevó informe de actuaciónal Consejo de Gobierno por lo que no tuvo constancia de irregularidad alguna. Griñán también derivó la responsabilidad del fraude de los ERE a la Intervención General de la Junta, cuyos informes alertando de las irregularidades nunca leyó ni recibió, precisó.