ABC CORDOBA 10-04-2015 página 18

18 CÓRDOBA VIERNES, 10 DE ABRIL DE 2015 cordoba. abc. es ABC El exconsejero Recio, en una visita a Córdoba, junto al exdelegado de Empleo, Antonio Fernández (i) detenido en la operación Barrado ARCHIVO La Junta elegía qué entidades había que favorecer con cursos irregulares Un primer análisis de la Guardia Civil señala 70 organizaciones como las que se beneficiaron de no tener que justificar las cuentas de las ayudas RAFAEL RUIZ CÓRDOBA Una sola firma destacada en el auto de Alaya De todos los expedientes que aparecen en el sumario de la operación Barrado y que llevaron a la imputación del exdelegado de Empleo, Antonio Fernández, la juez Mercedes Alaya solamente le pone nombre a una. Es la sociedad mercantil Faasa, con sede en Palma del Río, que recibió recursos para la puesta en marcha de iniciativas de formación. El auto de Alaya observa una especial incidencia en esta sociedad por los siguientes motivos: siempre obtenía la mayor puntuación, superaba el número de alumnos, las especialidades no formaban parte del fichero de formación de la propia Junta y no se le requirió el reintegro. S ETENTA entidades y es un primer análisis. Ese es el dato que la Guardia Civil ha facilitado a la juez Mercedes Alaya como las que en la provincia de Córdoba resultaron beneficiarias de la laxitud demostrada por la Junta de Andalucía en materia de los cursos de formación. El asunto aún está bajo investigación porque las cifras son preliminares pero, viendo cómo suelen evolucionar estas cosas, da la impresión de que algunas sociedades y organizaciones van a tener que dar explicaciones sobre qué dinero recibieron y cómo. El número de setenta organizaciones resulta de cruzar las entidades que recibieron cursos en dos años y las que fueron excepcionadas. Porque no todas resultaron liberadas. La impresión de los agentes que han redactado los informes es que había una comunicación entre los servicios centrales del SAE y las delegaciones provinciales para señalar las entidades que recibían la excepción de justificar el dinero recibido en los cursos. Esta práctica fue profusamente usada por el PSOE con el objetivo de que la rueda del dinero de la formación no dejase de girar. De acuerdo a la legislación, una entidad, empresa o particular no puede recibir un euro en ayudas hasta que no ha explicado cómo se gastó la anterior. Eso impedía que la Administración autonómica autorizara nueva cantidades por medio de más cursos. La salida fueron las órdenes para excepcionar a entidades con- cretas de forma que el proceso pudiera seguir su curso. La Guardia Civil señala en sus informes que la normativa permite que se haga un uso excepcional, por interés social, de esta medida. El problema es que se generalizó de una forma bastante habitual hasta que el asunto de la formación se convirtió en un escándalo. Los informes del sumario explican por medio de qué instrumentos se exoneró a estas entidades, que no se citan de momento, de la obligación de presentar la documentación justificativa. En 2009, primer año en que consta, 59 empresas y organizaciones de la provincia de Córdoba fueron incluidas en una orden de los servicios centrales del SAE con el objetivo de liberarlas del engorro de tener que presentar la documentación para obtener nuevas ayudas. En segunda instancia, aparece una De forma masiva El exconsejero Recio llegó a perdonarle los papeles a 172 personas jurídicas en el plazo de doce meses