Archivo ABC
ArchivoHemeroteca
ABC CORDOBA 09-04-2015 página 30
ABC CORDOBA 09-04-2015 página 30
Ir a detalle de periódico

ABC CORDOBA 09-04-2015 página 30

  • EdiciónABC, CORDOBA
  • Página30
Más información

Descripción

30 ANDALUCÍA JUEVES, 9 DE ABRIL DE 2015 abc. es andalucia ABC Las incógnitas de Griñán en el c El expresidente deberá aclarar hoy en el Supremo por qué no frenó el fraude pese a los reparos legales ANTONIO R. VEGA SEVILLA or primera vez en la historia de la democracia autonómica, un expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, se sentará ante un juez en calidad de imputado. Manuel Chaves lo hará el próximo martes. El actual senador socialista por la Comunidad dejó en agosto de 2013 la Presidencia de la Junta huyendo de la implacable pesquisa judicial de la juez Mercedes Alaya, que no lo ha librado de su imputación por malversación y prevaricación. Hoy será interrogado por el juez instructor en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro. ABC analiza las incógnitas del embrollo judicial de la trama de los ERE que aún no ha logrado aclarar. Martínez Aguayo a su salida del Tribunal Superior de Justicia en Granada P EFE MIGUEL ÁNGEL MOLINA 1. ¿Por qué no leyó los informes enviados a él que alertaron de irregularidades? Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, fue el destinatario de al menos cinco informes cuestionando el procedimiento para financiar las ayudas sociolaborales. Año tras año, la Intervención de la Junta alertó del irregular procedimiento administrativo (transferencias de financiación) con el que se repartieron durante más de una década ayudas entre prejubilados, empresas en crisis, ayuntamientos gobernados por el PSOE, comisionistas, sindicatos y abogados. Griñán hizo oídos sordos a estas alarmas asegurando que nunca leyó los informes. Pero el interventor que firmaba las auditorías entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, declaró ante la juez Mercedes Alaya que sí se los había notificado. De hecho, cada informe iba encabezado con un oficio que rezaba para que se dé traslado al consejero de Economía Otras copias se enviaron a los dos consejeros implicados (Empleo e Innovación) y al director del IFA IDEA. Se ideó un sistema de ingeniería financiera. El mecanismo era muy simple: la Consejería de Empleo daba las ayudas, pero los pagos se canalizaban a través de IDEA, otra agencia de la Junta. De este modo, se ganaba en agilidad para apagar los conflictos laborales que amenazan la tranquilidad política del Ejecutivo regional. El problema es que la maquinaria corría más deprisa que los papeles y escapaba los rigurosos filtros MARTÍNEZ AGUAYO, ANTE EL TSJA Otra exconsejera que no se leía los informes J. B. SEVILLA La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo también admite que no se leía los informes de la Intervención que alertaron del riesgo de fraude en las ayudas de Empleo. Así lo explicó ayer durante su declaración ante el instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Según Aguayo, al año recibía más de cien informes de ese tipo y en este caso interpretó que se trataba sólo de discrepancias con- tables, pues sólo atendía informes que reclamaban expresamente una actuación de la Consejería, explicaron fuentes de la Defensa. Así alega que no los elevara a instancias superiores. La declaración de la exconsejera duró algo menos de una hora. Sólo respondió a las preguntas del magistrado Miguel Pasquau y a las de la defensa y rechazó responder a las de la acusación particular del PP. De su declaración ha trascendido que Aguayo se escuda en que el siste- ma de transferencias de financiación- -que permitía a la Consejería de Empleo pagar las ayudas que concedía a través del IFA IDEA- -ya existía cuando fue nombrada viceconsejera. En otro momento, Aguayo ha reconocido que en el consejo de la citada agencia que ratificaba las ayudas no se veían los expedientes. Como ocurrió el martes con la declaración de Antonio Ávila, las partes no solicitaron medidas cautelares. Aguayo, como el resto de exconsejeros citados por el TSJA, perderán su condición de aforada la próxima semana una vez se constituya el Parlamento andaluz, por lo que todo indica que Alaya asumirá las pesquisas. de fiscalización que han de pasar los gastos asumidos por las consejerías. 2. ¿Pudo frenar el sistema de los ERE ante las repetidas objeciones del interventor? En su empeño por zafarse de la pasividad por no frenar las irregularidades, Griñán afirmó en la comisión parlamentaria que investigó los ERE en 2012 que a mí no se me remitieron nunca, nunca. Y lo ha dicho la viceconsejera. ¿Por qué? Porque no pedían actuación de la Hacienda Utilizó como parapeto a su interventor para rehuir la toma de decisiones asegurando que no suspendió la tramitación ni paralizó los pagos. Pero las auditorías eran elocuentes. El interventor hizo un contundente informe adicional a otro definitivo del ejercicio 2003. En este documento se advertía de que el sistema empleado en los ERE prescindía de manera total y absoluta del procedimiento establecido en la Ley General de la Hacienda Pública. Griñán no se dio por aludido. Si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar ese problema sentenció. El otro escudo del expresidente fue Martínez Aguayo, quien decidió inmolarse para salvarlo. Yo recibí los informes y nunca se lo comenté aseguró la entonces consejera de Hacienda y hoy imputada como él. ¿Alguien piensa que yo me leo todo eso? se justificó ante un grupo de periodistas señalando un carrito lleno de archivadores con cientos de documentos. 3. ¿Por qué mantuvo la partida de los ERE y las transferencias de financiación? El anteproyecto del Presupuesto de la

Te puede interesar

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.