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ABC SÁBADO, 28 DE FEBRERO DE 2015 abc. es españa ESPAÑA 73 Justicia Reformas del Gobierno Las claves de las reformas Especialización Se podrán especializar juzgados de forma temporal y prevalecerá el criterio de la especialización del juez sobre la antigüedad a la hora de conseguir un destino. El Gobierno liquida unas tasas que han generado menos ingresos de lo previsto: 615 millones de euros en dos años Carga de trabajo Se incluyen medidas para equilibrar el reparto entre determinados juzgados. Así, las Salas de Gobierno podrán acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto para equilibrar la distribución de asuntos en determinados juzgados. El coste político de una medida polémica N. VILLANUEVA MADRID Violencia de género Se extenderá la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para asegurar la especialización y facilitar que las víctimas denuncien. Más competencias El juez de Violencia sobre la Mujer mejorará la protección a la víctima al encargarse también de los delitos contra la intimidad, contra la propia imagen de la víctima y del delito de quebrantamiento de condena. inco recursos de inconstitucionalidad, dos modificaciones, una advertencia del Tribunal Supremo y, sobre todo, una presión social que ha terminado dando la razón a quienes aseguraban que la ley de tasas era precipitada, innecesaria y desproporcionada. Más de dos años en vigor y desde el primer día el exministro Alberto RuizGallardón tuvo enfrente a todos los colectivos que prestan sus servicios en la Administración de Justicia. Gravarla con un impuesto nuevo e inédito en España no ha conseguido acabar con la litigiosidad ni aumentar de forma significativa la recaudación del Estado. Según informaron a ABC fuen- C tes próximas a Justicia, desde que se impusieron las tasas el Ministerio de Hacienda, del que es titular Cristóbal Montoro, ha ingresado un total de 615 millones de euros por este concepto, sensiblemente inferior a lo que se esperaba: hasta septiembre 2013 se habían recaudado 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año. Durante este tiempo las tasas han estado vigentes en tres de los cinco órdenes jurisdiccionales: Civil, Con- En los Tribunales El balance son 5 recursos ante el TC, la reprimenda del Supremo y las críticas del Defensor del Pueblo Secretarios judiciales Los secretarios judiciales pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia. Se podrán adscribir al juez que esté instruyendo una causa penal compleja para agilizar los tiempos de respuesta de la Justicia. Recurso de revisión Se prevé el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para las sentencias firmes que han sido dictadas por tribunales españoles y que se ven afectadas por resoluciones del Tribunal de Estrasburgo que declaren la violación de un derecho reconocido en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales (doctrina Parot) tencioso- Administrativo y Social (Laboral) y las cantidades que el ciudadano ha tenido que pagar por acceder a la Justicia han oscilado entre los 100 y los 1.200 euros en función de la jurisdicción, del procedimiento y de la cuantía del pleito. El portazo al tasazo llegó ayer, tras dos años de clamor social en la calle. Asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, Abogacía, grupos parlamentarios, organizaciones de consumidores e incluso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, advirtieron sobre la posible inconstitucionalidad de una medida desproporcionada y que, a juicio de los letrados, constituye una barrera para el acceso a la Justicia. Los abogados han jugado un papel fundamental en la rectificación del Gobierno. Su balance es que durante este tiempo las tasas han favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas exentas del pago; que las empre sas y particulares con mayores recursos económicos no han sufrido privación alguna en el acceso a la justicia, ni siquiera en caso de abuso y que se ha demostrado que el único fin que perseguían las tasas era el afán recaudatorio. En enero de 2013, los sindicatos entregaron a Justicia 250.000 firmas contra las tasas; tres meses después, un letrado de Vigo aportaba 170.000. Para la abogada Verónica del Carpio, una de las más combativas contra el tasazo de Gallardón en las redes sociales, asegura que el estudio económico sobre el que se sustentaron las tasas no era mínimamente serio ni en datos ni en cuantías. Tampoco en estadísticas ni en los factores a tener en cuenta. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconoció ayer que no es capaz de valorar cómo ha sido el impacto de las tasas en la disminución de la litigiosidad porque junto a este tributo han podido influir otros factores, como la crisis económica en la que se ha visto inmersa España. Sin estudio económico Del Carpio pone el acento en que cuando se decidió gravar con un impuesto el acceso a la justicia se trató exactamente igual al ciudadano que a una pyme y a esta igual que a una gran empresa. No se argumentó en ningún momento por qué se equiparaban ni se distinguieron los distintos tipos de procedimiento, ni se mencionaban los casos de derecho de Familia. Fruto de esa improvisación fue que la ley entrara en vigor, en diciembre de 2012, sin que hubiera formularios para rellenar en los juzgados o que la inclusión de las tasas en recursos de la jurisdicción laboral mereciera una llamada de atención por parte del TS. El compromiso era vincular la tasa a la justicia gratuita y, sin embargo, lo recaudado no ha ido a financiar esta partida. Madrid o Galicia han amenazado con devolver las competencias de Justicia si no se les daba el dinero prometido para financiar precisamente la justicia gratuita. Localización vía mail En la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se prevé que los datos de correo electrónico y de número de teléfono puedan ser utilizados para la localización del demandado. Además, la persona que sea parte en un procedimiento podrá recibir notificaciones por medio de un mensaje a su teléfono móvil.