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ABC CORDOBA 26-02-2015 página 31
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ABC CORDOBA 26-02-2015 página 31

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ABC JUEVES, 26 DE FEBRERO DE 2015 abc. es andalucia ANDALUCÍA 31 lo recibió transferencias por valor de 114.367.884 euros de forma irregular. Es decir, que entre esos dos años recibió más de 202 millones de euros por esa misma vía. Unas cantidades que, según ha reconocido la propia Intervención, fueron recibidas separándose de los criterios fijados por el Plan General de Contabilidad de empresas de la Junta de Andalucía Por ello, el análisis del dinero que recibió la citada empresa concluye que la fórmula utilizada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes para financiar las actuaciones de EPSA, el de las transferencias de financiación, no procede ya que lo adecuado hubiera sido acogerse a lo que establecía la propia ley de presupuestos de la Junta de Andalucía. La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la tramitación del gasto, ha prescindido de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido dice el escrito que apunta presuntas irregularidades contables bajo el mandato de Concepción Gutiérrez del Castillo, entonces consejera de Obras Públicas y Transportes. La juez Mercedes Alaya sale del juzgado durante un receso en la declaración de los peritos RAÚL DOBLADO Descontrol del dinero Tras estas conclusiones que vuelven a poner de manifiesto el descontrol en el uso del dinero público en el Ejecutivo andaluz, ahora le toca mover ficha al fiscal. De momento, ya tiene en su mesa este escrito y deberá decidir si hay indicios de un supuesto delito de malversación de caudales públicos y si procede o no continuar actuaciones y formular imputaciones contra los responsables de la empresa pública. Además, el fiscal deberá decidir sobre la actuación de las otras entidades públicas que el juez decidió investigar tras detectar que usaban el mismo sistema de los ERE y de Invercaria para financiarse. Las otras entidades investigadas son, además de IDEA, la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa y Turasa. Todas ellas, según determinó la propia fiscalía presentaban en la contabilización las transferencias de financiación Los peritos del Estado implican al Consejo de Gobierno en el fraude Aseguran que conocía el sistema irregular de los ERE y desmontan el informe de Griñán M. B. SEVILLA Señoría, eso se lo está inventando El abogado de Griñán y la juez volvieron a protagonizar un rifirrafe. Fue cuando el letrado José María Mohedano pidió la nulidad al comprobar que la juez preguntaba sobre el contrainforme elaborado por la defensa del expresidente de la Junta. Mohedano sostuvo que se estaba produciendo una gravísma indefensión porque los peritos estaban cuestionando su informe sin que su defendido (en referencia a Griñán) pudiera contrarrestarlo. La juez contestó a Mohedano, que ayer representaba a otros exaltos cargos de la Junta, que sí podían defenderse. Eso se lo está inventando señoría le espetó a Alaya. Alaya también indaga Estas nuevas revelaciones también van en la línea de las tesis que mantiene la juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, quien donsideraba que las transferencias de financiación eran un sistema generalizado en toda la administración autonómica. De hecho la instructora pidió a final de año información a la Intervención general de la Junta para determinar el paralelismo entre lo ocurrido en IDEA con lo ocurrido en otras empresas públicas autonómicas. Esa petición, que fue muy criticada por algunas defensas del caso ERE al considerar que podía invadir competencias sobre la investigación del juez de instrucción 16, se realizaba con la finalidad de determinar si las transferencias de financiación constituían un método habitual en la Junta. Los peritos de la Intervención General del Estado afirmaron ayer que todo el Consejo de Gobierno andaluz conocía el fraude de los ERE. Casi al final de la jornada, la juez Mercedes Alaya preguntó a los expertos que si era cierto que altas jerarquías de la Junta de Andalucía conocían todas las irregularidades del sistema. Ante esa pregunta, los técnicos no lo dudaron. Respondieron que lo conocía la Intervención General de la Junta, el consejero de Hacienda, el consejero de Empleo, el de Innovación, los consejillos y todo el Consejo de Gobierno. Fue uno de los datos revelados ayer por los interventores, quienes también dejaron claro que no se creen el informe elaborado por la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán para defender la legalidad de todo el sistema. Los cuatro interventores acudieron al juzgado a ratificar su informe que cuestiona la legalidad del sistema y que pone de manifiesto que los consejeros de Hacienda no hicieron nada por evitarlo. Los peritos también dijeron que ya en 2004 se puso de manifiesto que no se podía usar el siste- ma de las transferencias de financiación para pagar las ayudas. Y que en los planes de control financieros nunca se incluyó su regulación. Durante la larga sesión, que se prolongó hasta cerca de las diez de la noche, cuatro expertos (los mismos que realizaron el informe que señalaba que los consejeros de Hacienda no hicieron nada por evitarlo) dijeron ante la juez y una treintena de letrados que el sistema para conceder los ERE era fraudulento en el sentido de la RAE, ya que era engañoso y falaz Los interventores ratificaron el informe que considera inadecuado el procedimiento. Insistieron en que se hizo un uso inadecuado y que no se ajustó a la legalidad. Según fuentes judiciales, los interventores declararon que el contrainforme elaborado por la defensa de José Antonio Griñán está lleno de errores. La mayoría de las preguntas formuladas por la juez a los técnicos giraron sobre el citado estudio realizado por dos catedráticos de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Se han leído el informe de Griñán? les preguntó Alaya nada más empezar. Los interventores contestaron de forma afirmativa aunque especificaron que ese informe no cambia en nada su opinión sobre el sistema. Incluso recordaron que se trata de un informe de una parte con numerosos errores. La exposición incidió en que los afectados o responsables de lo que ocurrió fueron la Consejería de Empleo, el IFA IDEA (que pagaba las ayudas) y la Consejería de Hacienda en la medida en que la intervención de todos ellos era necesaria y precisa para que esa situación se pudiera dar. También dijeron que el sistema tenía tres problemas. El primero, el presupuestario. El segundo, el de la Consejería de Empleo y el tercero, el del control de la concesión de las subvenciones ya que se impidió la fiscalización previa. Hoy sigue la prueba pericial.

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