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ABC CORDOBA 22-02-2015 página 42
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42 ANDALUCÍA DOMINGO, 22 DE FEBRERO DE 2015 abc. es andalucia ABC El Supremo apunta a Chaves y Griñán por desmantelar los controles en los ERE Investiga si los aforados sabían que agilizar las ayudas contribuía a que otros se lucraran y también por qué no hicieron caso a la Intervención General NATI VILLANUEVA MADRID ¿Es posible que desde los puestos de máxima responsabilidad que ocupaban en la Junta de Andalucía desconocieran las irregularidades en el destino de unos fondos creados por el propio Gobierno autonómico? Esta incógnita la despejará la investigación que afecta a los cinco aforados nacionales del caso ERE que está en manos del Tribunal Supremo. Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán podrían haber cometido un delito al desmantelar los sistemas de garantía y posibilitar, gracias a la falta de controles, que otros se llevaran el dinero. El instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, ya ha dado los prime- ros pasos para desenmascarar las posibles responsabilidades penales no solo de quienes pudieron cometer delitos con una participación activa, sino de los que, con su indiferencia, contribuyeron a que se produjeran. La batería de diligencias que este magistrado ha ordenado practicar, junto con las declaraciones de los aforados después de las elecciones andaluzas contribuirán a arrojar algo de luz sobre las consecuencias de una decisión política con la que la Junta de Andalucía quiso agilizar un sistema de ayudas excesivamente burocratizado Fuentes del Tribunal Supremo subrayan que la cuestión jurídica está en determinar si la búsqueda de un fin social, la mejor distribución de las ayudas, justificaba la eliminación de todos los controles establecidos. Máxime cuando las transferencias presupuestarias son tan libres como las subvenciones, y, sin embargo, estas están sujetas a requisitos como concurso público y justificación del gasto. Se trata de concluir, señalan esas mismas fuentes, si quien hace posible el desmantelamiento de los sistemas de garantía no posibilitó la agilización de las ayudas, sino que otros se llevaran el dinero. Y es en ese contexto en el que hay que determinar si los imputados eran conscientes de que esa transformación normativa (la creación de la partida 31 L) sirvió para cometer el mayor escándalo de corrupción que, al menos en términos económicos, ha habido en España. Ahí estaría el elemento de lo injusto que exige el delito de prevaricación. Pero al margen de esta conducta, las fuentes citadas advierten de que también es punible el hecho de hacer caso omiso a las advertencias de la Intervención General, máxime por parte de quien tenía poder para ordenar el cese de la acción delictiva y reestablecer el orden en las partidas presupuestarias. De momento no hay ningún dato que permita afirmar que al menos cuatro de los cinco imputados del Supremo se llevaran dinero (malversación) pero sí contribuyeron, por acción u omisión, a la creación de un marco que favoreció la comisión de delitos. En este sentido, las fuentes citadas re- En todos los presupuestos Para el TS es fundamental saber si todos los cargos de una estructura piramidal avalaban este sistema Cooperación necesaria Fuentes del Alto Tribunal recuerdan que no solo es responsable penal el autor material de un delito Recogían la partida 31- L La mayor parte de las diligencias solicitadas por Barreiro están relacionadas con los presupuestos MANUEL CHAVES EXPRESIDENTE JUNTA ANDALUCÍA Presidente del Gobierno autonómico entre 1990 y 2009 y hoy diputado por Cádiz (de ahí su aforamiento) Chaves era el máximo responsable de la Junta de Andalucía cuando se firmó el convenio marco que dio lugar al famoso fondo de reptiles la partida presupuestaria 31 L, ajena a cualquier control. JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN EXPRESIDENTE JUNTA ANDALUCÍA La imputación del hoy senador está relacionada con su etapa anterior a la de presidente: en concreto, al periodo en el que fue consejero de Economía y Hacienda (2004- 2009) y elaboraba los presupuestos. La Intervención General le alertó en varias ocasiones de irregularidades en la partida 31 L. GASPAR ZARRÍAS EXCONSEJERO DE PRESIDENCIA El que fuera consejero de Presidencia de la Junta, mano derecha de Manuel Chaves, es la persona a la que Alaya vincula con la decisión política de instaurar el sistema de ayudas fraudulentas y a quien relaciona con el conseguidor Juan Lanzas. El hoy diputado presidía los consejillos previos a los consejos de gobierno.

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