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ABC CORDOBA 27-01-2015 página 62
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62 SOCIEDAD MARTES, 27 DE ENERO DE 2015 abc. es sociedad ABC El Gobierno estudia desviar la reforma del aborto al Congreso para agilizarla La obligación del consentimiento paterno para que las menores de edad puedan abortar se haría a través de una proposición de ley del PP MARIANO CALLEJA N. RAMÍREZ MADRID E l tiempo de la legislatura apremia y la prometida reforma de la ley del Aborto sigue sin ser aprobada en el Consejo de Ministros. El Gobierno está echando cuenta de los meses que quedan hasta las elecciones generales (previsiblemente a finales de año) y lo cierto es que los plazos empiezan a ser muy ajustados para empezar de cero la tramitación de un proyecto de ley. Por eso, en La Moncloa, y en el Ministerio de Sanidad, se están planteando pasarle la reforma al Congreso de los Diputados, para que sean los grupos parlamentarios los que lleven la iniciativa y de esa forma acelerar todos los trámites. Fuentes del Gobierno explican que el objetivo es aprobar la reforma, que es uno de los compromisos de Rajoy que más llegan al electorado del PP, antes de las elecciones, y hacerlo además con el máximo consenso posible. La reforma de la ley Aido, aprobada en marzo de 2010, estaba incluida en el programa electoral del PP en 2011, y desde entonces ha pasado por muchas vicisitudes. El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, planteó una nueva ley, inspirada en la de supuestos de 1985, avalada por el Tribunal Constitucional, pero la falta de consenso y la respuesta airada de una parte de la población llevaron al Gobierno a retirar el texto. La dimisión posterior de Gallardón fue automática. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció entonces que habría reforma, pero se reduciría a lo que produce más consenso: la obligación del consentimiento paterno para que puedan abortar las menores de 16 y 17 años. Un atajo fracasado La nueva mini- reforma de la ley socialista en vigor se puso en manos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que entonces todavía dirigía Ana Mato. Se intentó introducir a través de una enmienda en la ley de protección a la infancia, que nada tenía que ver con ese asunto y con la que se corría el riesgo de enturbiar un proyecto sin tacha. Pero el informe del Consejo de Estado preceptivo resultó demoledor. El máximo órgano consultivo advirtió al Gobierno de que no podía utilizar un atajo para reformar una ley de rango superior. Los planes del Ejecutivo se vinieron abajo. Cuatro meses buscando una nueva fórmula 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Rajoy confirma la retirada de la reforma del aborto de Gallardón y anuncia que el Ejecutivo reformará la norma en vigor para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesiten del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. 3 DE OCTUBRE ese año y había sido remitido a los órganos consultivos. 13 DE OCTUBRE La ministra de Sanidad, Ana Mato, anuncia que la inclusión del consentimiento paterno para abortar en el caso de las menores será introducido en en una ley sobre protección de la infancia. Dicho anteproyecto había sido aprobado por el Consejo de Ministros en abril de Dos semanas después de jurar su cargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explica en una entrevista con ABC la intención del Ejecutivo de buscar una fórmula para modificar la ley Aído en relación al consentimiento paterno para abortar en el caso de las menores. 28 DE NOVIEMBRE consentimiento paterno a través del anteproyecto de Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia no es posible. Este órgano consultivo considera que el cambio que se pretende realizar no tiene consecuencia alguna sobre la normativa del aborto, puesto que se ha tramitado a través de una ley ordinaria que en ningún caso puede modificar una ley orgánica como es la Ley Aído. 13 DE ENERO DE 2015 Un informe del Consejo de Estado señala que la intención del Ejecutivo de invalidar en la Ley Aído el artículo que permite que las menores de edad puedan abortar sin El ministro de Justicia reconoce que su ministerio estudia la forma técnica para dar carácter orgánico a la ley de infancia que modificará el aborto.

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