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14 ESPAÑA JUEVES, 1 DE ENERO DE 2015 abc. es españa ABC Los alcaldes deberán publicar en 2015 sus sueldos y todos los contratos Las administraciones territoriales aceleran sus reformas para llegar a las elecciones de mayo con los deberes hechos en regeneración y transparencia MARIANO CALLEJA MADRID Los 10 altos cargos que más ganan en España 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sueldo bruto anual en euros 210.000,00 Ramón Aguirre Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Federico Ferrer Vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Teniente general Ángel Mazo da Pena Representante Militar ante los Comités Militares de la OTAN y la UE (13 T Pablo Vázquez Vega Presidente de Renfe José Manuel Vargas Presidente de AENA Gonzalo Ferre Presidente de Adif (6 T Jaime Sánchez Revenga Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda (16 T Miguel Zugaza Director del Museo del Prado Teresa Pedrosa Silva Delegada Especial del Estado en Consorcio de la Zona Franca de Vigo (7 Pablo Landecho Director Organismo Consorcio Valencia 2007 Mariano Rajoy Presidente de Gobierno 204.452,61 ¿C uánto gana el alcalde de su pueblo? ¿Y los altos cargos de su Comunidad Autónoma? ¿Cuáles han sido los últimos contratos? Hasta ahora la transparencia se ha impuesto en la Administración General del Estado, pero sigue siendo una asignatura pendiente en buena parte de las Comunidades y en los ayuntamientos. Esa situación se acabará este año. La ley de Transparencia impone a las administraciones territoriales, como mínimo, las mismas obligaciones de publicidad y acceso a la información que a los órganos centrales del Estado, y deberán aplicarlas este año. La aprobación de ley de Transparencia es uno de los grandes hitos políticos de la legislatura y ha supuesto una auténtica revolución en la relación del ciudadanos con el poder. El pasado 10 de diciembre, la Administración General del Estado hizo un desnudo integral a través del Portal de la Transparencia, y este año será el turno de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Si bien algunos parlamentos autonómicos han aprobado ya normas propias, la ley nacional obliga a todos y supone el mínimo de transparencia exigido. Así debe ser un Buen gobierno Transparencia, imparcialidad, trato igual en el ejercicio de sus funciones, conducta digna, esmerada corrección en la relación con los ciudadanos, responsabilidad, plena dedicación, pleno respeto a la normativa de incompatibilidades y conflicto de intereses... Todo ello son principios de Buen gobierno tal y como recoge la ley de Transparencia. Fue lo primero que entró en vigor, hace ya más de un año, y se aplica tanto a los altos cargos de la Administración General del Estado como a los que tengan esa consideración de acuerdo con la normativa autonómica o local. Otro de los principios es la prohibición de aceptar regalos si superan los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. Entre las infracciones muy graves se incluye el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía, en el ejercicio de sus funciones. En el caso de ese tipo de infracciones muy graves, los sancionados serán destituidos del cargo que ocupen y no podrán ser nombrados para ningún puesto de alto cargo durante 5 o 10 años. 181.770,56 159.929,86 159.545,90 158.754,24 141.705,17 133.097,54 132.036,01 120.000,00 78.185,04 Soraya Saénz de Santamaría Vicepresidenta del Gobierno (4 T 75.744,00 MINISTROS: La que más: Fomento, Ana Pastor (10 T 77.502,89 Baza electoral Navarra fue una de las Comunidades pioneras en España con la ley que aprobó en 2012, un texto que sirvió más tarde al Gobierno como punto de referencia, junto a legislaciones internacionales. La primera en tener su norma, sin embargo, fue Galicia (2006) Otras comunidades han ido aprobando sus propias leyes (las últimas han sido Cataluña y Canarias, mientras que Madrid sigue sin ella) que complementan la estatal. El resto de autonomías y muchos ayuntamientos están pisando el acelerador para adaptarse a la nueva ley antes de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, y tener así los deberes hechos relacionados con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Hoy por hoy, la transparencia es una baza electoral que todos los políticos quieren llevar en su programa, porque responde a una exigencia ciudadana y, Los que menos: Defensa (Pedro Morenés) Exteriores y Cooperación (José Manuel García- Margallo) Interior (Jorge Fernández Díaz) Justicia (Rafael Catalá) Empleo y Seguridad Social (Fátima Báñez) Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad (Alfonso Alonso) y Educación, Cultura y Deporte (Ignacio Wert) 68.981,88 euros En el caso de altos cargos que reúnan la condición de funcionarios, la cantidad percibida incluye la antigüedad en el puesto, los trienios están identificados con el número seguido de la letra T y correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario ABC Las autonomías reaccionan Muchas comunidades tienen sus propias normas, pero la nacional es de aplicación para todas Ante las elecciones Los alcaldes y las autonomías quieren mostrar la transparencia como ejemplo de gestión además, es muy barata. El impacto presupuestario es prácticamente nulo, pero el político es fuerte y positivo, porque es una de esas promesas que los ciudadanos agradecen y valoran. La ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno se publicó en el BOE el 10 de diciembre de 2013, pero la parte que afectaba a la Administración General no entró en vigor hasta el 10 de diciembre de 2014 (excepto el título relacionado con el Buen Gobierno, que lo hizo de forma inme- diata) No obstante, se permitió a los órganos de las Comunidades y Entidades Locales un mayor margen para adaptarse a las obligaciones contenidas en la ley: tendrían dos años como máximo. Es decir, hasta el 10 de diciembre de 2015. Este es por tanto el año definitivo para la transparencia autonómica y local, que se irá aplicando en los próximos meses, con independencia de las leyes de ámbito regional o las ordenanzas que se hayan aprobado de forma paralela.