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36 ESPAÑA Desafío rupturista de Cataluña La respuesta del Ejecutivo VIERNES, 21 DE DICIEMBRE DE 2012 abc. es españa ABC Informes de Montoro El titular de Administraciones Públicas vigilará el contenido de cada punto de las normas El texto de la ley El Ejecutivo esperará a conocer el texto definitivo y aprobado de la Ley de Consultas para recurrir tender que supone una invasión de competencias, y atenta contra la igualdad de los españoles. El recurso llegó después de un proceso de diálogo que duró meses, y que finalmente no se fraguó en un acuerdo. El siguiente recurso podría ser el que se presente contra el impuesto sobre depósitos bancarios. El Gobierno ya ha expresado su oposición a que las comunidades puedan imponer tributos de esas características, y de hecho a partir del 1 de enero entrará en vigor una norma nacional similar, pero con una tasa del 0 por ciento, para dejar sin efecto a la autonómica, ya que no se puede gravar dos veces lo mismo. La Generalitat podría pedir entonces una compensación de hasta 500 millones, por las pérdidas de ingresos. La pelota quedará en el tejado del TC. Fátima Báñez y Soraya Sáenz de Santamaría, ayer a su llegada al Congreso de los Diputados EFE El Gobierno bloqueará ante el TC las normas conflictivas de Mas En La Moncloa no temblará el pulso para el uso inmediato de los mecanismos judiciales M. CALLEJA A. GUBERN MADRID BARCELONA El momento oportuno Y será a partir de enero cuando la vigilancia de los servicios jurídicos del Estado se agudice ante cualquier decreto- ley o norma que surja del nuevo Ejecutivo autonómico. Se espera que la ley de Consultas empiece a tramitarse en las próximas semanas. El Gobierno de Rajoy esperará a conocer el texto definitivo de la ley, cuando ya esté aprobado, para tomar una decisión. Nunca antes. Si considera que supone una invasión de una competencia exclusiva del Estado, lo llevará inmediatamente al Constitucional. Será uno de los momentos clave de la legislatura, ya que a partir de ese momento Mas tendrá que decidir si acata la suspensión o sigue adelante. En el Palacio de la Moncloa hay una preocupación lógica ante el desafío independentista que han planteado Artur Mas y sus socios de la izquierda republicana radical. En el Gobierno el tono es firme y ya ha advertido de que utilizará todos los mecanismos lega- les a su alcance para frenar la amenaza independentista de los nacionalistas catalanes. Eso sí, tomará las decisiones cuando se conozcan las leyes concretas que se aprueban. Y en todo caso nadie en Presidencia ha hablado de una suspensión de la autonomía de Cataluña, que ni siquiera está prevista en la Constitución. Para evitar una escalada verbal, que solo favorecería al victimismo de los nacionalistas, desde el Ejecutivo quieren agotar la vía del diálogo y el entendimiento, pero con un límite. No temblará el pulso cada vez que el Gobierno autonómico apruebe una ley que pueda contener aspectos inconstitu- cionales. Los abogados del Estado vigilarán cada punto de las normas, como hacen con todas las leyes autonómicas, y enviarán sus informes al responsable de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. El ministro elevará las conclusiones al Consejo de Ministros, que actuará de manera inmediata, sin ninguna dilación, para tratar de suspender en el Tribunal Constitucional las leyes y decretos aprobados que puedan contener aspectos contrarios a la Carta Magna. El Gobierno ya anunció la semana pasada un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta médica implantado en Cataluña, al en- Los retos nacionalistas LEY DE CONSULTAS IMP. SOBRE DEPÓSITOS EURO POR RECETA ESTRUCTURAS ESTADO CHOQUE LEGAL Piedra angular de la secesión Es el elemento clave de la transición nacional hacia el Estado propio diseñada por Mas y Junqueras. Con la Ley de Consultas, CiU y ERC pretenden dotarse de una cobertura legal para cecelebrar una consulta ante la segura falta de autorización previa del Gobierno. La posibilidad de preguntar sobre algo que desborde el estricto marco catalán, como es la estructura del Estado, la hace de plano inconstitucional. Ardid legal contra el Estado Una de las medidas estrella de ERC para aumentar los ingresos de la Generalitat se adivina con muy poco recorrido, al menos hasta el 1 de enero, cuando entre en vigor otra norma similar, pero impulsada por el Estado y de tipo 0 para desactivarla. El gravamen sobre los depósitos impulsada por la Generalitat (debería aportar 500 millones al año) es otra treta legal que el Gobierno recurrirá al TC. Por el principio de igualdad Una de las medidas más controvertidas del Ejecutivo de Artur Mas es la imposición del euro por receta, una tasa que la Comunidad de Madrid también pretende aplicar, y que el Gobierno ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulnera el principio de igualdad entre los españoles. Vigente desde el pasado 23 de junio, la Generalitat ha ingresado 40,2 millones con ella. Preparar la transición El acuerdo de legislatura prevé el despliegue de medidas para dotar a Cataluña de estructuras de Estado en previsión de que se consume la secesión. La creación de una administración tributaria propia, la transformación del Instituto Catalán de Finanzas en el Banco de Cataluña o la elaboración de una Administración y Tesorería de la Seguridad Social son algunos de los puntos previstos en el acuerdo. Arrebatar competencias El camino hacia el Estado propio prevé otra serie de medidas que chocan de frente con el ordenamiento constitucional vigente. El pacto con ERC contempla, por ejemplo, elaborar un plan para asumir la gestión plena de todas las infraestructuras que ahora son competencia del Estado, o crear los instrumentos de administración electoral para la correcta celebración de la consulta de autodeterminación.