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ABC CORDOBA 06-12-2012 página 13
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ABC CORDOBA 06-12-2012 página 13

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ABC JUEVES, 6 DE DICIEMBRE DE 2012 abc. es opinion OPINIÓN 13 EL CONTRAPUNTO ISABEL SAN SEBASTIÁN EL TRIUNFO DE LA COACCIÓN En Telemadrid campan a sus anchas unos sindicatos extremadamente radicales, que se creen propietarios de la empresa R ESULTA sumamente frustrante en la España de hoy constatar hasta qué punto la coacción sale victoriosa de cualquier lance. Frente a la fuerza de la razón, los principios, la dignidad, las convicciones e incluso el coraje, que tan poca recompensa encuentran en esta sociedad nuestra, la razón de la fuerza y la intimidación se imponen una y otra vez. Hasta el extremo de que dan muchas ganas de tirar la toalla... Acabamos de asistir a una derrota en toda regla del ministro de Educación, vencido en menos de veinticuatro horas por la Generalidad de Cataluña, mientras la pantalla de Telemadrid se va a negro un día sí y otro tambien porque no ha habido en treinta años de democacia determinación suficiente para aprobar una Ley de Huelga que ponga coto a los excesos sindicales. Dos ejemplos significativos. Había desplegado José Ignacio Wert sus argumentos constitucionales en perfecta alineación legal. Pretendía llevar a cabo una reforma del sistema educativo destinada a garantizar, entre otras cosas, que todos los estudiantes españoles pudieran escolarizarse en la lengua que compartimos con más de cuatrocientos millones de personas en el mundo. Un idioma que la Carta Magna define como oficial en toda España y que todos tenemos la obligación de conocer y el derecho a utilizar en cualquier punto del territorio nacional. Hoy por hoy, papel mojado. Tenía el responsable de Educación bien ordena- das sus huestes, al amparo de lo que dictan la lógica, el interés laboral de nuestros jóvenes y la Ley de Leyes por la que nos regimos. Las confrontó con las que traía consigo la consejera catalana del ramo, cerradas en una piña compacta en torno a una amenaza sencilla: la desobediencia. O sea, la negativa pura y dura a acatar la legislación anunciada, por considerarla contraria a sus intereses de país y a su empeño de imponer la lengua catalana como primera y principal en la educación pública. Y el ministro rindió sus tropas. Antes incluso de que brillaran los aceros, Wert retiró del campo a sus principales caballeros: Proporción equilibrada de las dos lenguas en las distintas asignaturas y obligación de pagar un colegio privado en caso de que el público no pueda ofrecer esa enseñanza bilingüe Una claudicación en toda regla, motivada seguramente por la soledad en la que le había dejado su propio entorno político, poco dado a batallar. Un triunfo de la sinrazón nacionalista excluyente, que seguirá imponiendo su dictado sin que el Gobierno ampare a los ciudadanos. Otro tanto de lo mismo, aunque por otros motivos, ocurre en Telemadrid, donde campan a sus anchas desde hace lustros unos sindicatos extremadamente radicales, que se consideran propietarios de la empresa que les paga el sueldo. Una empresa de titularidad pública sujeta, como tantas, a un expediente de regularización de empleo con el que discrepan estos presuntos representantes de los tabajadores. Presuntos, subrayo, porque no me representan ni a mí, que trabajo en dicha casa, ni a otros muchos profesionales a quienes tratan de imponer sus paros a base de insultos, abucheos, señalamientos intimidatorios, acusaciones plasmadas en carteles que empapelan las paredes y demás métodos calcados de la kaleborroka Trabajadores a quienes en muchos casos han logrado ahuyentar de sus puestos mediante la presión, porque la idea de libertad que inspira a estos sindicalistas empieza y termina en la impunidad con la que actúan ellos. ¿Por qué se consiente este abuso de un derecho a la huelga que debería estar regulado? ¿Qué hay del derecho de los madrileños a ver la televisión que pagan? ¿Y del que me asiste a mí a trabajar sin sufrir una catarata cotidiana de improperios? Debo de haberme equivocado de siglo, de territorio o de principos... UNA RAYA EN EL AGUA IGNACIO CAMACHO ARRUGAS Los constituyentes blindaron el texto para evitar la tentación histórica del retoque perpetuo a golpe de bandazo político U MÁXIMO NA constitución no puede ser vieja a los 34 años por más que en España tengamos un notable historial de infanticidios constitucionales que habla mal de nuestra paciencia democrática. Si la del 78 presenta síntomas de desgaste es porque le hemos dado muy mala vida, tensionándola sobre todo por el modelo territorial a base de abusos, sacudidas espasmódicas e incumplimientos sistemáticos. También porque fue parida con un defecto original de cierta generosa ingenuidad propia de aquel tiempo en que la euforia por las flamantes libertades llevó a creer en la lealtad de los nacionalistas. Por lo demás, en décadas tan intensas como las vividas resulta perfectamente lógico que le hayan salido algunas arrugas. El lifting no ha sido posible porque los constituyentes blindaron sus procedimientos de reforma con la mirada puesta en la experiencia histórica; se trataba de evitar la tentación del retoque perpetuo a golpe de bandazo político. Hicieron bien: conviene que el fruto de un gran acuerdo nacional de concesiones mutuas quede preservado de impulsos sectarios y de sacudidas pendulares. Son los jugadores los que deben adaptarse a las reglas del juego. En los países a los que nos gusta parecernos, los que tienen hábitos democráticos estables, es motivo de orgullo la perdurabilidad del marco de convivencia y de sus normas fundamentales expresas a través de la tradición jurídica. Los problemas de envejecimiento se solventan mediante sentencias interpretativas de tribunales cualificados a los que todo el mundo reconoce sin controversias un papel esencial de arbitraje. Y sólo muy de vez en cuando se procede a cambios puntuales contrastados en un amplio consenso transversal para actualizar ciertas obsolescencias provocadas por la erosión del tiempo. Siempre bajo la misma premisa de que las modificaciones gocen de la misma base de respaldo que el original. La Carta Magna española no es inmutable pero para tocarla es menester un acuerdo tan amplio como el que permitió darla a luz. Basta observar de lejos la atmósfera política actual para constatar que esa aquiescencia casi general es imposible; el clima de pacto se ha disipado en un desencuentro patente, hay una atmósfera perceptible de desconfianza mutua y los nacionalismos han roto con sus escasas lealtades. A día de hoy una reforma constitucional, incluso la de un modelo autonómico que ha hecho crisis manifiesta, sólo parece posible si se ejecuta contra alguien. Es decir, violentando el fundamento primordial de un texto basado en el pacto de mínimos denominadores comunes. Hasta que escampe hay que apañarse, pues, con la legislación orgánica y los márgenes de la transacción parlamentaria. Si ni siquiera hay consenso básico para leyes ordinarias- -véase el descalzaperros de la reforma educativa- -carece de sentido plantearse desafíos mayores. A fin de cuentas, qué son 34 años en una nación multicentenaria.

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