ABC CORDOBA 25-11-2012 página 62

58 ESPAÑA DOMINGO, 25 DE NOVIEMBRE DE 2012 abc. es españa ABC La Justicia será gratis hasta que Hacienda no tenga listos los formularios de las tasas El Gobierno tampoco podrá cobrar las viejas tasas al haber quedado derogada la ley anterior NIEVES COLLI MADRID El Ministerio de Justicia ha cumplido con el calendario que tenía previsto su titular, Alberto Ruiz- Gallardón, y ha aprobado la nueva ley de tasas judiciales antes de fin de año con el objetivo de que estén plenamente vigentes en 2013. Sin embargo, no podrá cobrar las tasas, ni las nuevas (que se extienden también a las personas físicas) ni las antiguas (que afectaban solo a empresas con elevada facturación) Serán varias semanas durante las que las tasas estarán en una suerte de limbo jurídico y durante las que los ciudadanos que acudan a los tribunales quedarán exentos del pago, sea cual sea el tipo de pleito. La Administración de Justicia despedirá el año gratis total. Este imprevisto estreno de la ley de tasas, que el Gobierno defiende contra viento y marea con el argumento de que contribuirá a reducir la carga de trabajo de juzgados y tribunales así como a extender a un mayor número de beneficiarios la justicia gratuita, choca de lleno con la rapidez con la que se ha llevado a cabo la tramitación parlamentaria, que se hizo por la vía de urgencia. nar cuando acuda a la Administración de Justicia para interponer una demanda o presentar un recurso. La maquinaria de las tasas, con las que se prevé recaudar en torno a 306 millones de euros anuales, está pues pendiente de una orden del Ministerio de Hacienda para ponerse en marcha. No podrán cobrarse las previstas en la nueva ley, pero tampoco las viejas, que hasta el pasado día 22 afectaban solo a las grandes empresas. De hecho, el texto de Gallardón ha derogado el artículo 35 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que preveía el cobro de tasas judiciales a determinadas personas jurídicas en los órdenes civil y contencioso- administrativo. Así las cosas, la recaudación vía tasas será inexistente durante varias semanas. Es decir, todos los recursos o demandas que se presenten estarán exentos y el cobro, según aseguran fuentes de Justicia, tampoco se practicará después con carácter retroactivo. ¿Error, descoordinación o mero retraso ante un asunto complejo? Desde Justicia se aferran a esto último para justificar que la ley esté publicada en el BOE y, sin embargo, no se pueda aplicar. Tanto personal técnico del departamento de Gallardón como de Hacienda trabajan juntos desde hace se- manas para perfilar el nuevo sistema de gestión. La cuantía de las tasas, que deberán abonar todos los ciudadanos con rentas superiores a 1.282 euros (el doble del salario mínimo interprofesional) oscilará entre los 100 y los 1.200 euros de cuota fija. A ello habrá que añadir una parte variable que estará entre el 0,25 y el 0,5 por ciento del interés económico del pleito. Pero la complejidad no es el único motivo. Otra razón de peso ha sido la necesidad de aprobar la ley de tasas antes del mes de diciembre para que el Gobierno pudiera hacer efectiva la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios. Vía enmienda, en el texto se incluyó una disposición final que modifica el real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria aprobado en julio. A favor Justicia solidaria La recaudación de las tasas, que girará en torno a los 306 millones anuales según las previsiones del Ministerio de Justicia, se invertirá de forma íntegra en la financiación de la justicia gratuita, servicio del que podrán beneficiarse un mayor número de ciudadanos En contra Vulneran derechos En concreto, el derecho a obtener la tutela de los tribunales, que ampara la Constitución. Quienes se oponen a la ley creen que las tasas disuadirán a muchos de reclamar sus derechos ante la Justicia pues en muchos casos (por ejemplo en la reclamación de multas) la cuantía de la tasa superará los intereses del pleito Pendientes de Hacienda El sprint impreso al texto en las Cortes provocó duras críticas por parte de todos los partidos de la oposición, que escenificaron su enfado abandonando la Comisión de Justicia del Congreso el día que daba luz verde al proyecto para remitirlo al Senado, y que en la Cámara Alta dejaron solo al Grupo Popular al votar todos los demás en contra de las tasas. En la calle, entre tanto, se escuchaban cada vez con más fuerza las protestas de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y asociaciones de consumidores, en cuya opinión se trata de tasas abusivas que cercenan el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. El PSOE llevará el texto al Constitucional. El espinoso recorrido de la ley de tasas, que tampoco contó con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, culminó el pasado jueves, aunque la nueva norma no podrá empezar a aplicarse materialmente hasta dentro de tres o cuatro semanas, según fuentes de Justicia. ¿Por qué? Porque la Agencia Tributaria no ha aprobado a tiempo el procedimiento que habrá de seguirse para la autoliquidación de las tasas y tampoco tiene listos los formularios que el justiciable deberá relle- Reducir el atasco Evitará el uso abusivo de la Administración de Justicia, por lo que contribuirá a agilizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales. Acudir a los tribunales debe ser el último recurso para resolver pleitos Justicia para ricos Sólo los más ricos podrán pagar las tasas y, por lo tanto, podrán defender sus intereses en los tribunales. Según los críticos, no ocurrirá lo mismo a la inmensa mayoría de los ciudadanos cuando, por ejemplo, tengan que pagar los 3.000 euros de tasas que puede llegar a costar un pleito civil o los 1.200 de un recurso ante el Supremo Sólo es el primer paso La ley de tasas es sólo el primer paso dentro de la profunda reforma de la Justicia que el Gobierno quiere acometer. Gallardón habla de cambio profundo de un sistema obsoleto que se ha demostrado que no funciona después de 35 años de inversiones Afán recaudatorio La extensión de las tasas a las personas físicas, que hasta ahora no tenían que pagar, y a la jurisdicción social, tiene como fin principal la recaudación, y ello, afirman, a costa de los derechos del justiciable. Inversiones extranjeras La lentitud de la Justicia española es uno de los problemas que disuaden a los inversores extranjeros a la hora de establecer sus negocios en nuestro país. Y la alta litigiosidad, contra la que el Gobierno quiere luchar, entre otros instrumentos con las tasas, es una de las causas de la ineficacia de la Justicia Inconstitucional La cuantía de las tasas es desproporcionada, lo que podría convertirlas en inconstitucionales. El TC, recuerdan los críticos, ha avalado las tasas siempre y cuando no sean excesivas y no impidan ni obstaculicen el acceso a la jurisdicción