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ABC MARTES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 abc. es andalucia ANDALUCÍA 31 A PARTIR DE ENERO reacción. Hay que dar ejemplo. Dimitir no es un nombre ruso sino un acto de responsabilidad JOSÉ ANTONIO CASTRO PORTAVOZ DE IU EN EL PARLAMENTO FRANCISCO ÁLVAREZ DE LA CHICA PORTAVOZ DEL PSOE EN LA CÁMARA rar los juicios de valor del dictamen del presidente CAROLINA GONZÁLEZ VIGO COORDINADORA MUNICIPAL DEL PP- A La comisión no traduce las responsabilidades en dimisiones. La ciudadanía esperará alguna Presenta un escrito ante la comisión de los ERE para depu- IU pactó con el PSOE el dictamen de los ERE con tal mantenerse en el bipartito de perdedores Fernández, el exconsejero imputado, ejercerá de abogado M. BENÍTEZ SEVILLA José Antonio Griñán y Diego Valderas, en el Pleno del Parlamento andaluz celebrado el pasado jueves JUAN FLORES IU no pide la dimisión de Viera porque no entra en casas ajenas La coalición quita así presión a los socialistas, que tampoco piensan pedirle la renuncia ANTONIO R. VEGA SEVILLA El tiempo y el pacto de gobierno con el PSOE han suavizado tanto el relato de Izquierda Unida sobre el fraude de los ERE que ya ni siquiera exige dimisiones a aquellos como el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, a los que considera responsables políticos del mangoneo de los ERE como llegó a calificarlo Diego Valderas durante la pasada campaña electoral. Ayer, a ser preguntado por los periodistas en una rueda de prensa sobre si pedirá a su socio de gobierno la dimisión de Viera, el portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, pretextó que no hay que entrar en casas ajenas Expresaba la postura oficial de IU, confirmada poco después por el portavoz de la coalición en el Parlamento andaluz y consejero en la comisión de investigación de los ERE, José Antonio Castro, en presencia del vicepresidente de la Junta y líder andaluz de la formación, Diego Valderas en la sede de IUCA en Sevilla. Comparecieron conjuntamente para pedir al Gobierno central que rectifique sus presupuestos para 2013. Castro argumentó que la comisión no traduce esas responsabilidades en dimisiones aunque señaló que la ciudadanía espera alguna reacción ejemplarizante. Dimitir no es un nombre ruso sino un acto de responsabilidad ironizó. Valderas, por su parte, negó que este asunto vaya a enturbiar su relación con el PSOE o crear problemas en el Ejecutivo autonómico. El PSOE no pedirá el cese IU quita así presión a sus aliados en la Junta. En las conclusiones que ha remitido a la comisión, los socialistas limitan la onda expansiva de los ERE al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (1999 2008) y no piensan traspasar esta línea roja. Lo dejó claro ayer el vicesecretario general del PSOE- A, Mario Jiménez: Diferimos de la postura de IU y de la del Más cerca del PSOE- A El PP dice que IU sigue la senda de Rosa Aguilar y pacta el dictamen de los ERE a cambio del poder PP y nuestro planteamiento es muy claro: nosotros pensamos que las responsabilidades se circunscriben al ámbito de la Dirección General de Trabajo con Guerrero al frente, indicó. Viera ya ha anunciado que no piensa dejar el escaño en el hemiciclo que ocupa como diputado socialista por la provincia de Sevilla. El PSOE tampoco se plantea pedírselo, según confirmó Jiménez, después de que el exlíder del PSOE de Sevilla fuera señalado en el borrador del dictamen de la comisión como máximo responsable político. Las conclusiones propuestas por el presidente del grupo de trabajo, Ignacio García (IU) extienden la responsabilidad al sucesor de Viera en Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, quien desde su salida del Gobierno no ocupa ningún cargo público. El PSOE pidió ayer depurar los juicios de valor del borrador. La coordinadora de Política Municipal del PP- A, Carolina González Vigo, criticó que IU esté siguiendo la senda de Rosa Aguilar de estar cada día más cerquita del PSOE- A y haya pactado con los socialistas las conclusiones de la comisión con tal de mantenerse en el poder Reiteró que las responsabilidades políticas están en el expresidente y presidente de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía y uno de los principales imputados en el caso de los ERE fraudulentos anunció ayer a ABC su intención de ejercer la abogacía en los próximos meses, probablemente a partir del mes de enero. Fernández, licenciado en Derecho y que está dado de alta en el Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera (su localidad natal) baraja darse también de alta en el colegio de abogados de Sevilla para ejercer como letrado ya que el próximo mes de enero se le termina la prestación por desempleo. De algo hay que comer aseguró. De hecho ayer mismo estuvo en los juzgados sevillanos asistiendo a varios juicios para ir entrenando y ponerse al día ya que dejó de ejercer la profesión en la década de los 90. Fernández salió de prisión a principios del pasado mes de agosto después de permanecer en la cárcel durante más de tres meses imputado por la juez Mercedes Alaya de seis delitos. Concretamente el futuro abogado tiene a sus espaldas imputaciones de delitos de prevaricación, fraude en las subvenciones, falsedad en documento, delito continuado de negociación prohibida a un funcionario, malversación y cohecho. Por qué culpan a Guerrero Por otra parte ayer el abogado de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo imputado por los ERE fraudulentos, aseguró a Efe que su cliente se pregunta por qué el proyecto de dictamen de la comisión parlamentaria le señala como responsable y no a la totalidad del Gobierno andaluz o a la Cámara de Cuentas. El abogado Fernando de Pablo dijo que Guerrero le ha preguntado si ya está condenado a lo que le ha respondido que va a seguir representándolo porque tiene posibilidades de defensa pese a que haya personas que lo llaman corrupto como ha hecho el vicesecretario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, sin ningún tipo de respeto hacia el poder judicial y la presunción de inocencia De Pablo lamentó que el dictamen parlamentario no cuestione a la Cámara de Cuentas, que durante diez años estuvo de vacaciones sin ejercer sus funciones de control y que considere que Guerrero era quien debía cuestionar las subvenciones o los posibles convenios.