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ABC MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 abc. es andalucia ANDALUCÍA 31 ANTONIO R. VEGA SEVILLA A Manuel Gómez Martínez (Córdoba, 1959) no han dejado de zumbarle los oídos en los últimos días. Pese a sus esclarecedoras declaraciones ante la comisión de investigación de los ERE el pasado agosto, desde el Gobierno andaluz, el PSOE e IU le han endosado, de forma más o menos velada, culpas por no actuar ante el reparto arbitrario de ayudas millonarias a empresas y a falsos prejubilados en una década. El funcionario, que dirigió la Intervención General de la Junta entre 2000 y 2010, no está dispuesto a que lo tomen por cabeza de turco de los desmanes en las conclusiones del caso ERE que el próximo día 22 aprobará la comisión parlamentaria. ¿Qué le ha hecho romper de nuevo su silencio y ampliar con un nuevo informe sus declaraciones ante la comisión de investigación de los ERE? -Se han producido declaraciones de miembros de la comisión, no desmentidas, en las que se pronunciaban en el sentido de que la Intervención o el interventor general deberían ser declarados responsables del fraude en el dictamen. Y estoy convencido de que esas opiniones están influidas por las insinuaciones, acusaciones y falsedades proferidas en la comisión. El documento que he presentado es oportuno y no extemporáneo, ya que sale al paso de consideraciones vertidas después de mi comparecencia, a las que, por tanto, no pude contestar en su momento. Me he limitado a repetir lo que ya dije con otros énfasis o enfoques, ya que parece evidente que no fui correctamente entendido la primera vez. -Su informe complementario no ha sentado bien a diputados del PSOE e IU. ¿Teme que tengan ya un veredicto anticipado de culpabilidad en términos políticos contra usted? -Parece evidente que IU ya tenía el veredicto, a tenor de las declaraciones de los señores diputados Castro y Doblas. Supongo que el tercer diputado de IU, con su silencio, está cumpliendo con rectitud su papel institucional. No obstante, espero haber convencido con mis argumentos a los tres grupos al margen de ideas preconcebidas. ¿Cree que se han manipulado de forma intencionada sus palabras para salvar a los responsables políticos? -Yo me quejo de que se describa a la Intervención como un órgano dotado de poderes prodigiosos para reprocharle, inmediatamente, que no los haya utilizado en este caso. Ésa es una visión tergiversada de la legalidad vigente. La Intervención sólo tiene potestades coercitivas o, mejor dicho, suspensivas, cuando ejerce la fiscalización previa. En los ERE, la Intervención fue excluida deliberadamente de la fiscalización previa de las subvenciones precisamente por los mismos que ahora le reprochan que no ejerciera esos supuestos poderes prodigiosos, que son sólo imaginarios. Como ha descrito certeramen- te la Cámara de Cuentas, el control de la Intervención, respecto de estas subvenciones, se limitó a auditar la labor de mandatario de pago de la agencia IFA IDEA. En materia de auditoría, la Intervención no tiene ninguna facultad coercitiva ni suspensiva. Ninguna. -Tras remitir su informe a la comisión, una diputada del PSOE, Antonia Moro, insistía en culparle a usted: Si la Intervención hubiera apreciado este menoscabo de fondos públicos, hubiera instado a actuar, pero no lo hizo. Y si no actuó es porque nunca observó ilegalidades ¿Tendría que haber apreciado ese menoscabo para que actuaran su superior jerárquico, el consejero de Economía y Hacienda (José Antonio Griñán) o la Consejería de Empleo, como ordenante de los pagos de los ERE? -Mire, empezando por el consejero de Empleo, le diré una cosa. Cuando recibió el informe de Intervención comunicándole que en la Dirección General de Trabajo se estaban tramitando subvenciones que, de modo generalizado, podían ser nulas de pleno derecho, hubiera bastado una orden verbal de los órganos superiores de la Consejería para que todo el tinglado de corrupción se hubiera desmantelado en 24 horas. Puede parecer una afirmación epatante, pero contrástela usted con cualquier funcionario. La actuación descrita, no por simple, hubiera sido menos eficaz. En lo que se refiere al consejero de Economía y Hacienda, yo dije en la comisión de investigación que la ley no le impone una respuesta preceptiva ante una auditoría. Eso no significaba que el consejero debiera limitarse a archivar las auditorías que recibiera. Entre otros motivos, porque puede haber razones de oportunidad que le obliguen a actuar. Pero razones de oportunidad, no preceptivas legalmente. Y una de esas razones es que las conclusiones de la auditoría afecten a competencias de la Consejería de Hacienda. Por otro lado, decir que el consejero de Hacienda no actuó porque no recibió un informe de actuación, que es lo que le habría obligado a actuar, no es ni siquiera un subterfugio, es una pamplina que se desmonta con la mera lectura del artículo 12.5 del Decreto 9 1999. Conforme a dicho artículo, el obligado a actuar no es el consejero de Hacienda, sino el titular de la Consejería a la que esté adscrita la entidad a la que se refiera el informe de actuación. -El Gobierno se ha escudado en la falta de este informe para no frenar las irregularidades, pese al limitado control de la Intervención sobre los ERE. Pero, ¿usted podría haber hecho algo más, como sostiene la Junta? -Cuando comparecí en la comisión, en un par de ocasiones se me hizo una pregunta similar a esta que usted me hace. Yo intenté explicar, parece que con escaso éxito, que la Intervención hizo todo lo que estaba previsto legalmente, y un poco más. Por eso, la segunda vez yo pregunté, ¿qué es ese algo más que podía haber hecho la Intervención? Aún estoy esperando a que se me responda. Por cierto, yo nunca me he escudado Pasividad de Griñán Decir que el consejero de Hacienda no actuó porque no recibió un informe de actuación no es ni siquiera un subterfugio, es una pamplina df gdfgdx La ley no le impone a él una respuesta preceptiva ante las auditorías, pero eso no significaba que se limitara a archivar esos informes Ayudas sin control La Intervención fue excluida deliberadamente de la fiscalización previa de las subvenciones de los ERE por los mismos que ahora le reprochan que no actuara Amenaza con los tribunales Seguir diciendo que yo podía haber hecho más, sin decir qué actuación, es más grave que una frivolidad, puede ser una calumnia Procedimiento viciado El juicio jurídico que merecen las subvenciones es aún más grave que tildarlas de ilegales. Son nulas. No lo digo yo, lo dice hasta la Junta en una laguna legal para justificar una supuesta pasividad, como he podido oír. Yo he dicho, repetidamente, que la Intervención, cuando estaba auditando al IFA, detectó deficiencias en Empleo y se encontró con una laguna legal evidente. ¿Qué ha de hacer cuando, con motivo de la auditoría de una entidad, la Intervención detecta irregularidades en otro órgano o entidad? Lejos de no hacer nada, hicimos un informe especial no previsto en ninguna norma y se notificó a la Consejería de Empleo en fase provisional. Fue la primera vez que se hizo tal cosa. Cuando ese informe se convirtió en definitivo, se notificó, de nuevo, a las consejerías de Empleo, de Innovación y de Hacienda y al IFA. ¿Cómo puede decirse que la Intervención se escudó en una laguna legal para no actuar? Además, a quienes echan de menos un informe de actuación, ese informe pudo cumplir perfectamente el mismo papel, a pesar de que no era preceptivo: fue remitido al consejero del que depende la entidad y al de Hacienda, como dice el Decreto 9 1999 que hay que hacer. Con todo lo que se sabe ya sobre el fraude y sus responsables, por acción o por omisión, seguir afirmando que la Intervención podía haber hecho algo más, sin decir qué actuación se omitió, es algo mucho más grave que una frivolidad o un comentario atolondrado. Puede llegar a ser una injuria o una calumnia y quienes sigan jugando alegremente con ello pueden terminar en los tribunales. Estas insinuaciones no sólo me manchan a mí, sino que extienden una insidiosa sombra de duda sobre un colectivo de funcionarios y algunos están francamente indignados de tanto comentario frívolo o malintencionado. -Argumenta que el procedimiento no es que fuera ilegal, sino inexistente Pero, ¿no es una ilegalidad en sí misma que se repartieran subvenciones millonarias sin ninguna norma? -En la comisión de investigación, el señor Carmona (PP) intentó que yo dijera que las operaciones con cargo al programa 31 L eran ilegales y me puso frente a la evidencia de que las irregularidades descritas en las auditorías no permitían otro calificativo. Yo me negué a usar el término literal por un prurito, llamemos institucional, de no pronunciar un término tan grueso que habría tenido un innecesario impacto negativo y preferí hablar de incumplimientos legales. En vista del uso torticero que se ha hecho de mis palabras, es evidente que me equivoqué. El juicio jurídico que merecen las subvenciones es aún más grave que tildarlas de ilegales. Son nulas y eso quiere decir en Derecho que se reputan inexistentes, como si no hubieran existido. Y eso no lo digo yo, lo dice el Consejo Consultivo de Andalucía, el TSJA y, ¡agárrese! lo dice la propia Consejería de Empleo, la Junta de Andalucía, que inició la declaración de nulidad masiva de todas las subvenciones del programa 31 L. -Lo dijo en su comparecencia, pero el propio José Antonio Griñán repitió después que el hecho de que las modificaciones presupuestarias que autorizó se acompañaran del preceptivo informe de la Intervención suponía un espaldarazo legal al sistema de reparto de las ayudas. ¿Por qué considera falaz este argumento? -Cuando la Intervención emite un informe de una modificación presupuestaria, no puede juzgar la legalidad o regularidad de los gastos que se vayan a imputar a la partida cuyo crédito se modifica. Puedo comprender que resulte difícil entender esto, pero lo contrario sería subvertir el orden administrativo y presupuestario. Y, además, sería ilegal. A veces, la Intervención acompañaba sus informes favorables de una nota en la que informaba de los problemas de una partida. No se lo puedo asegurar, pero es bastante probable que, en las primeras modificaciones del programa 31 L, la Intervención hiciera una advertencia de este tipo, bien escrita o bien verbal. No obstante, tratándose de una situación prolongada en el tiempo y conocida por los agentes implicados, si se siguieron tramitando modificaciones, pese a las auditorías, es porque no se vio oportuno abortar su ejecución por quien podía haberlo hecho. Que no era el interventor, por cierto, que carece de esas facultades mágicas que algunos, interesadamente, le atribuyen.