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48 ESPAÑA El desafío independentista SÁBADO, 27 DE OCTUBRE DE 2012 abc. es españa ABC Medidas contra los abusos autonómicos nocer lo que nos están costando determinadas estructuras Es un ejercicio de transparencia para ver cómo gestiona cada uno remachó. Auditoría a la Administración para eliminar órganos y competencias Sáenz de Santamaría alude a la Generalitat y avisa de que muchos cargos y estructuras quedarán retratados A. I. SÁNCHEZ MADRID Un modelo insostenible La vicepresidenta reconoció que el sistema autonómico funcionó en tiempos de bonanza, cuando los ingresos públicos iban bien pero aseguró que en este momento no es sostenible El objetivo del Gobierno, señaló, es hacerlo viable y expresó su confianza en que todos nos pongamos de acuerdo El recorte de competencias cedidas solo puede ser voluntario, pero el Gobierno está convencido de que cuenta con un comodín: la última Conferencia de Presidentes. Entonces, a instancias del Ejecutivo, todas las comunidades autónomas firmaron la denominada Declaración conjunta sobre la situación económica en España y el futuro en la Unión Europea que recoge en uno de sus puntos la conveniencia de crear un grupo de trabajo que elabore un programa de racionalización administrativa, a fin de eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y evitar duplicidades Son estos, precisamente, los encargos que se han realizado a la nueva Comisión. La reforma de la Administración Pública acaba de echar a andar. Ayer, el Consejo de Ministros acordó la creación de una Comisión que se encargará de auditar de abajo a arriba todos los organismos y competencias del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos para acabar con los solapamientos y dejar de pagar cosas dos veces según explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Los resultados de esta auditoría prometen un choque de trenes entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas con discurso rupturista como Cataluña. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno quiere recortar la Administración con acuerdo y consenso con el resto de regiones e incluso formaciones políticas, pero también reconoció que la nueva Comisión no tiene límites ni hará excepciones. Resultados, en junio de 2013 El nuevo organismo tendrá hasta junio de 2013 como plazo para presentar sus propuestas. Previamente, tendrá que realizar la tarea ingente según Sáenz de Santamaría, de examinar todas las competencias, todas las Administraciones Públicas, todos los procedimientos y todas las estructuras para saber lo que hay Un encaje de bolillos dijo, que nadie ha hecho nunca Si la tarea se lleva a cabo con éxito, aseguró, será uno de los mejores servicios que se pueden prestar a los ciudadanos El nuevo organismo nace acompañado de cuatro subcomisiones cuyo número podrá ampliarse, dándose la paradoja de que se crea una estructura para reducir la estructura. La vicepresidenta, ayer, seguida por la ministra de Empleo JAIME GARCÍA Embajadas catalanas Más aún, advirtió en clara alusión a la Generalitat que los ciudadanos deben conocer las competencias que se ejercitan y valorar a dónde va su dinero y con qué fines. Es un ejercicio de transparencia para ver cómo gestiona cada uno Las embajadas catalanas se perfilan ya como uno de los puntos más conflictivos. La vicepresidenta ha asegurado que será un tema que abordará la nueva Comisión para responder a varias preguntas ¿cómo somos mas eficientes? ¿con embajadas bien dotadas? y ella misma se ha contestado: Con lo grande que es el mundo, cuanto más grandes seamos, más nos escucharán En esta línea, y manteniendo las alusiones a Artur Mas, Sáenz de Santamaría se mostró convencida de que este proceso servirá para retratar a muchos políticos y también para co- Sáenz de Santamaría El sistema autonómico funcionó en tiempos de bonanza, ahora hay que hacerlo viable Atacar en cuatro frentes Acabar con las duplicidades La nueva Comisión tendrá que identificar y eliminar las duplicidades entre las distintas administraciones públicas, y reforzar los mecanismos de cooperación. El objetivo es ahorrar gastos para abaratar el coste de la actividad administrativa. No obstante, el esfuerzo se centrará en el solapamiento entre las competencias y servicios que prestan las comunidades autónomas y el Estado, ya que las competencias en manos de la Administración Local ya fueron analizadas antes del verano. De hecho, están siendo objeto de reforma a través de una modificación de la Ley de Bases. Simplificar la burocracia Otra de las tareas del nuevo organismo será revisar las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos. El objetivo que persigue La Moncloa es conseguir una mayor simplificación que redunde en beneficio de los ciudadanos. En concreto, se solicitará información sobre los procedimientos cuya finalidad requiere la participación de otras administraciones, como es el caso de la creación de empresas. Para ello, se unirán fuerzas y se integrarán los proyectos que estaba realizando la Dirección General de Modernización Administrativa en esta Comisión. Gestionar servicios y medios comunes Uno de los pilares de la reforma de la Administración Pública es la centralización de todas las actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada. Se trata de aprovechar en mayor medida los medios públicos para lograr ahorros a través, fundamentalmente, de centrales de compra que logren rebajas en los importes de los contratos públicos, bajo la premisa de trabajar con suministros mayores. Otra de las herramientas que empleará la nueva Comisión será apelar a modos de gestión de la empresa privada. Reducir la red institucional El Gobierno quiere analizar cuántos organismos componen la Administración institucional y cuáles son sus funciones para decidir cuántos de estos son necesarios. Además, la nueva Comisión revisará el marco normativo y definirá cuáles deben ser los modelos de organismos para cubrir las necesidades institucionales del país. También se plantearán las modificaciones que resulten necesarias dentro de la lista de entidades existentes, incluyendo la supresión de aquellas que de decreten como superfluas. En este punto, serán los distintos ministerios los que tendrán que elevar sus propuestas.