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ABC SÁBADO, 27 DE OCTUBRE DE 2012 abc. es andalucia ANDALUCÍA 41 Invercaria El Juzgado investiga una supuesta malversación en Invercaria, la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta. El fiscal ha pedido ya las imputaciones del presidente y el expresidente de la empresa y varios empresarios más. La fundación fantasma se esfuma en la Administración La Junta anunció en 2011 su integración en la Agencia del Conocimiento, pero ahora lo niega M. C. A. R. V. SEVILLA la cárcel, imputado en los ERE KAKO RANGEL Responde al nombre de Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano y la Junta de Andalucía le concedió una subvención de 15,5 millones de euros que investiga la Fiscalía del TSJA. Pero poco más se sabe sobre el paradero de esta fundación que nació con grandes pretensiones y todos los parabienes públicos: Mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas según reza su página web. De momento, su objetivo se ha quedado en el plano de la realidad virtual. La Junta reconoce que ha solicitado concurso de acreedores (suspensión de pagos) Es un misterio qué lugar ocupa (si acaso ocupa alguno) dentro de la maraña de organismos que conforman la sobredimensionada estructura de la administración paralela. ¿Dónde está la fundación fantasma Es uno de los primeros enigmas al que se enfrenta la Fiscalía para conocer el destino último del dinero, que teóricamente se empleó en la construcción de una sede en el Parque Tecnológico de Málaga, cuya obra se adjudicó a la empresa Detea, que también entró en concurso. La propia Junta de Andalucía incurre en contradicciones evi- dentes a la hora de determinar la situación jurídica actual de la fundación pública. Asegura que existir, existe, e incluso está dirigida por un patronato, pero que no acarrea ningún coste de funcionamiento ni de personal, puesto que no tiene ningún trabajador. Sin funciones concretas, su único objetivo es acabar una sede que se ha quedado a medio terminar tras la salida de la multinacional Vodafone del proyecto. El contenido es secundario. Desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo aseguran que no se vio afectada por el decreto de reordenación del sector público porque la Junta no es el accionista mayoritario de la misma. Comparte al 50 por ciento el capital social con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) otra institución creada por la Junta. Pero esta versión contrasta con un acuerdo del Consejo de Gobierno del 19 de abril de 2011 por el que se dio luz verde a los estatutos de las ocho agencias que nacieron con el proceso de reestructuración. En esta resolución se especifica claramente que dentro del proceso de optimización de recursos en Economía, Innovación y Ciencia se suprime el Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano. Sus competencias se trasladan a la Agencia Andaluza del Conocimiento, establecía este acuerdo. La Junta insiste, en todo caso, en que no ha pagado ni un euro de la ayuda. Diligencias Mientras, la Fiscalía Superior sigue adelante con la investigación que ordenó el pasado septiembre a la Unidad de Policía Judicial adscrita para determinar si hubo un uso irregular de los fondos públicos en la subvención de 15,5 millones de euros. Fuentes del departamento que dirige Jesús García Calderón explicaron que la Policía está ultimando su informe tras las pesquisas que ha realizado, el cual se basará en la documentación que ha recabado. Una vez que concluya sus pesquisas, el fiscal determinará si presenta querella o archiva las actuaciones. Recibió 15,5 millones La fundación Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano está en concurso de acreedores y no tiene empleados ¿Dónde está? La Junta anunció en abril de 2011 que la fundación se integraba en la Agencia del Conocimiento, pero ahora no está adscrita a este organismo teria de Salud Laboral el 22 de abril de 2009 en el Palacio de Congresos reseña la Policía. En cuanto a la segunda subvención, de 400.000 euros, el fiscal asegura que, pese a que la entonces directora general acreditó que fue aplicada a los objetivos para la que se concedió, hay cerca de 27.000 euros de facturas de dietas, desplazamientos, alojamientos y comidas. También se investiga la inclusión en esas partidas de gastos por valor de 11.000 euros por la responsable de Salud Laboral de CC. OO, Agustina Navarro, concretamente viajes a Málaga desde Sevilla. En este sentido el fiscal concluye que debiera haber reintregado a los fondos públicos estas dietas percibidas por Navarro. El fiscal pide una pericial contable sobre el menoscabo de fondos públicos que supusieron estas subvenciones, que se reclame a la Junta de Andalucía toda la documentación acreditativa y que se pida a las empresas de transporte que llevaron a los militantes a la manifestación que precisen el origen, horarios y el itinerario. Obras de la sede de la fundación fantasma en el PTA de Málaga, actualmente paralizadas FRANCIS SILVA