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34 ESPAÑA VIERNES, 19 DE OCTUBRE DE 2012 abc. es españa ABC Varapalo del TC al Parlament por obstinarse en catalanizar la Justicia El Tribunal recuerda que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Justicia Reafirma el carácter nacional del cuerpo de funcionarios de esta administración NATI VILLANUEVA MADRID Organización de la oficina judicial, provisión de plazas en la oferta de empleo público, selección, formación y perfeccionamiento de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, horario laboral, licencias y permisos, retribuciones, cambio de sede de los Institutos de Medicina Legal... Estas son solo algunas de las competencias que reclamaba Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad que el Parlament presentó ante el TC el 25 de marzo de 2004 impugnando hasta una treintena de preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reformada en 2003 durante el gobierno de José María Aznar. El Parlament consideraba que el Estado dejaba prácticamente inoperante su Estatuto de Autonomía, al no permitirle desarrollar sus competencias en materia de medios materiales y personales al servicio de la Justicia. Cataluña justificaba su reivindicación en un cambio de contexto, en la necesidad de dar respuesta a la ineficacia del sistema de gestión actual Ahora, ocho años después de la admisión a trámite de este recurso, y precisamente en un momento en el que a Cataluña ya se le quedan cortas sus ansias independentistas sólo en materia de justicia, el TC ha vuelto a dejar clara su postura respecto a los límites de su Estatuto de Autonomía. tatuto. Pero por si quedaba alguna duda, el Pleno del TC se remite a su propia sentencia sobre el Estatuto, en la que se estableció en qué consiste esa atribución competencial en materia de lo que llama administración de la Administración de Justicia únicamente se refiere al personal no judicial, insiste. Los magistrados defienden una vez más la categoría nacional del cuerpo de funcionarios de la Administración de Justicia y es precisamente ese carácter nacional que la LOPJ atribuye a los cuerpos de personal al servicio de la Administración de Justicia el que impone que la selección de sus miembros se encomiende a una instancia estatal sin que tampoco puedan operar en este punto el Estatuto de Autonomía. La selección de funcionarios concluye en cuanto supone el acceso a un cuerpo unitario nacional, tiene una dimensión supracomunitaria y, como tal, es competencia del Estado La lengua en juzgados Y ante la eterna reivindicación nacionalista de crear un Consejo Autonómico, desplazando así al CGPJ, el TC sentencia: el gobierno de ese Poder Judicial también es único y corresponde al Consejo General del Poder Judicial En contra de las pretensiones nacionalistas, el Pleno considera que también es correcta la regulación que del conocimiento de la lengua prevé la ley recurrida: la lengua cooficial es solo un mérito y no un criterio excluyente que puede operar con carácter general y solo en casos concretos para determinados puestos de trabajo, opera como requisito exigible Fachada de la Ciudad de la Justicia en Barcelona ELENA CARRERAS La sentencia, un freno a la obsesión separatista Ocho años en estudio Ocho años después de que el Parlament recurriese la reforma del Ejecutivo de Aznar, el TC da la razón al Gobierno central y niega una Justicia a la catalana Control de los funcionarios La sentencia impide que la Generalitat catalana pueda controlar todos los procesos de selección, formación y promoción de los funcionarios de justicia Trampantojo POR EDUARDO SAN MARTÍN Solo personal no judicial En una sentencia fechada el pasado 20 de septiembre, a la que ha tenido acceso ABC, el Tribunal Constitucional inadmite este recurso y subraya que es al Estado al que, en virtud del artículo 149.1.5 de la Constitución, corresponde la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia Sin perjuicio, dice, de que la Generalitat tenga competencia normativa sobre el personal no judicial al servicio de los tribunales, pero siempre dentro del respeto al estatuto jurídico de ese personal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial Solo con arreglo a lo previsto en esta ley deben ser entendidas e interpretadas las materias reguladas en el Es- as despeja las dudas que su desmesura provoca en almas timoratas proponiendo algo que no está a su alcance, pero suena tranquilizador: un estado catalán dentro de Europa Urkullu, más prudente, o más taimado, rebaja un peldaño: él preconiza una nación también dentro de Europa. Y Rajoy responde a ambos que, fuera de Europa solo hay la nada que España, toda ella, solo tiene futuro en la Unión. Tres alusiones a un espacio mítico en el que, según la taumatúrgica receta orteguiana, encontraríamos la M solución al problema que somos. Aunque más bien habría que decir que sólo somos el problema que nosotros mismos nos creamos: en Cataluña, en el País Vasco y en el conjunto de España. Pero ocurre que Europa, cuyos estadistas (por llamarles de alguna manera) cumbrean estos días en Bruselas por enésima vez, se ha convertido ella también en un problema. La vieja aspiración federal hace la goma, a conveniencia de las necesidades electorales de los partidos gobernantes, y lo que funciona es una confederación de estados soberanos que trapi- chean con sus intereses y los ajenos, y en la que prevalecen aquellos que tienen sus problemas previamente resueltos y buscan en la Unión, no soluciones, sino ventajas. Valiente ejemplo de solidaridad interterritorial. De forma que, en los tiempos que corren, la evocación de Europa viene a ser un gran trampantojo tras el que ocultar las grietas de un edificio que puede desplomarse por los excesos de ayer y la incapacidad de hoy, y que nadie reparará en nuestro lugar. Los españoles (catalanes, vascos ed altri) ya no se engañan: el fervor europeísta de la transición ha caído a los niveles más bajos del continente. Porque hay una enseñanza de aquellos tiempos: Europa se convirtió en nuestro futuro sólo después de que nosotros mismos encontráramos solución al problema que éramos. Y eso es hoy aún más cierto.