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ABC VIERNES, 19 DE OCTUBRE DE 2012 abc. es andalucia ANDALUCÍA 33 La Cámara de Cuentas exculpa a Griñán en los ERE con una auditoría mutilada Aprueba el informe con discrepancias del PP, pero sin admitir la mayoría de las alegaciones de la Junta ANTONIO R. VEGA SEVILLA La hija de Lanzas, en una empresa pantalla Juan Lanzas, imputados en el caso de los ERE por el cobro de comisiones abusivas por mediar en expedientes, tenía autorizada a su hija, Lorena Lanzas, en la cuenta corriente de una de las tres empresas pantalla que investiga el juzgado de instrucción seis de Sevilla. Se trata de Atrado Mensajería SL, vinculada a Eduardo Leal, y supuestamente se usó como tapadera para blanquear el dinero de las comisiones. Las otras dos firmas investigadas son Distripack Transporte y Estudios Agenciales. En las empresas figuraban como gestores Beatriz Núñez y Juan Francisco Algarín. VANESSA GÓMEZ La Cámara de Cuentas de Andalucía acabó ayer con meses de intrigas y maquinaciones en torno a su auditoría sobre los ERE fraudulentos. El Pleno del órgano fiscalizador aprobó de forma definitiva el informe sin admitir la mayoría de alegaciones formuladas por la Junta de Andalucía y con votos discrepantes de los tres consejeros nombrados a propuesta del PP. María José Camilleri, Sandra Garrido y Amelia Martínez dejaron patente de esta forma su disconformidad con los cambios introducidos en el mes de julio. Las modificaciones permitieron descafeinar el trabajo realizado por el equipo fiscalizador y salvar la cara al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuya gestión como consejero de Economía y Hacienda (2004 09) quedaba seriamente comprometida en el primer informe. En concreto, se suprimió el párrafo que lo implicaban en la financiación irregular del fondo de los ERE. La Cámara de Cuentas extiende así un cortafuegos en torno a él y al Gobierno anterior presidido por Manuel Chaves. La cuestión no es baladí. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que instruye el caso que le requiera la auditoría definitiva, que estará lista en unos días, y que será clave para cerrar la comisión de investigación sobre las polémicas ayudas. Según informaron a ABC fuentes cercanas al ente, los consejeros del PSOE intentaron suavizar aún más la censura a la caótica gestión y la falta de control por parte del Gobierno andaluz sobre los 647 millones de euros El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ayer en el Parlamento andaluz Cambios en el informe Los consejeros del PP e IU no apoyaron a los del PSOE y dejaron fuera la mayoría de las alegaciones de la Junta al informe Conclusiones Con la aprobación del informe, encargado por el Gobierno en abril de 2011, se desbloqueará el cierre de la comisión de investigación repartidos a discreción entre empresas y prejubilados en una década. Pero no hallaron amparo en los representantes cercanos al PP e IU para incorporar al informe las numerosas alegaciones formuladas por la Consejería de Empleo, la Consejería de Hacienda, y la Agencia IDEA. A éstas se sumaron otras de la Intervención General y las aseguradoras con las que suscribieron pólizas los prejubilados y que llevaban aparejadas jugosas comisiones para intermediarios y consultoras. Alegaciones Finalmente, la jugada no salió como habría deseado el PSOE. Se admitieron sólo algunas alegaciones de carácter más formal que de fondo. Con todo, el debate fue intenso y se desarrolló en dos actos: empezó por la mañana, pero la comparecencia del presidente de la Cámara, Antonio López, ante la Comisión de Hacienda, obligó a parar la sesión y a reanudarla luego por la tarde. Con el PP y PSOE empatados en representantes, la llave para introducir los nuevos cambios en el informe la tenía el representante nombrado a propuesta de IU- CA, Javier Navascués Fernández- Victorio, que se sumó a la propuesta de los técnicos. Uno de los puntos que más discusión generó en el Pleno fue el referido a la naturaleza jurídica de las ayudas, puesto en solfa por Griñán en su comparecencia ante la comisión de los ERE el pasado 25 de septiembre. La Junta ha tratado en todo momento de limitar los daños en el escándalo acotando las culpas a la Dirección General de Trabajo.