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ABC CORDOBA 09-10-2012 página 42
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42 ESPAÑA MARTES, 9 DE OCTUBRE DE 2012 abc. es españa ABC JUSTICIA Los jueces de Sevilla se rebelan y limitan el número de sentencias al año ABC SEVILLA Los jueces de Primera Instancia, Mercantil y Registro Civil de Sevilla celebrarán hoy una junta para decidir sobre la adopción de medidas dirigidas a autorregular su carga de trabajo y a limitar los señalamientos de juicios, según informó el juez decano, Francisco Guerrero. La pasada semana, los jueces de Sevilla destinados en la jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo ya acordaron fijar en un máximo de 350 las sentencias que dictará anualmente cada profesional y establecer un tope para la entrada de nuevos asuntos (entre 432 y 518) y todo ello con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos y la salud laboral de los propios jueces. En una reunión de similares características que tuvo lugar el pasado viernes, los jueces de la provincia acordaron limitar el número de señalamientos de juicios que celebran cada mes ante la situación de colapso y de sobrecarga de trabajo, que en la mayoría de juzgados alcanza el 150 por cien del máximo fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informa Ep de fuentes judiciales. Así, los señalamientos de asuntos civiles no superarán los veinte al mes en cada uno de los juzgados, cuando en la actualidad se fijan hasta sesenta. Lo mismo ocurrirá en el orden Penal: veinte señalamientos por mes y órgano judicial frente a los cuarenta actuales. El ex responsable de Mercasevilla, Fernando Mellet (a la derecha) junto a su abogado KAKO RANGEL CASO MERCASEVILLA Nos pidieron que dejáramos un maletín con 300.000 euros Los empresarios que denunciaron el caso ratifican en el juicio que la Junta pedía comisión MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA Adhesión a las protestas El pasado 21 de septiembre, tanto la junta general de jueces de Sevilla como los magistrados de la Audiencia Provincial y los fiscales acordaron por unanimidad adherirse a las protestas promovidas por los jueces decanos de toda España y por las asociaciones de jueces y fiscales a través de la comisión interasociativa, protestas que se dirigen contra los recortes y algunas de las medidas promovidas por el Gobierno. Tras la celebración de esas juntas, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, mantuvo un encuentro con los portavoces de las asociaciones judiciales y fiscales para tratar de consensuar las reformas. El ministro se comprometió a modificar el anteproyecto de ley que limita los permisos de los jueces (y reducirlos de dieciocho días anuales a doce, en lugar de a tres) extremo que aplaudieron los miembros de la comisión interasociativa. El Jurado ha escuchado ya el principal testimonio del juicio del caso Mercasevilla el de los dos empresarios del restaurante La Raza que ayer no solo confirmaron el intento de soborno por parte de Mercasevilla sino que dijeron sentirse orgullosos de haberlo grabado. Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas ratificaron el contenido de la grabación del cohecho y admitieron que los directivos de Mercasevilla les dijeron que, para concederles la subvención para la escuela de hostelería, tenían que pagar una comisión de 300.000 euros. En una intensa mañana de testimonios, el primero de los hosteleros, Pedro Sánchez Cuerda, explicó que fue Daniel Ponce, exdirector adjunto de Mercasevilla, quien le propuso que llevara el dinero en un maletín y lo dejara olvidado en un despacho y que le explicó que la Junta siempre que daba una subvención pedía a cambio un porcentaje a título de comisión. Ponce me dio dos noticias, una buena y otra mala. La buena era que me habían dado la subvención y la mala que había dos gastos no previstos: una acometida eléctrica de 150.000 euros y luego que la Junta de Andalucía solicita- ba 300.000 euros como un dinero que no tenia explicación En este sentido, el hostelero preguntó si había factura y Ponce le contestó que estaban acostumbrados y que cuando la Junta daba una subvención siempre había que darle un porcentaje a titulo de comisión. Esa petición dejó estupefacto a Sánchez Cuerda, que pensó que le estaban robando y que por ello habló con su socio y comentaron que debían tener alguna prueba del soborno que le habían propuesto. Por eso decidieron que, a la siguiente reunión, llevarían una grabadora. Tras explicar nuevamente el contenido de esa reunión, ya grabada, en la que Daniel Ponce le dijo aquello de que la Junta colabora con quien colabora y en la que hubo un regateo al final, Sánchez Cuerda lo dejó muy claro: No me fie de ellos porque sabía que me estaban estafando Sin embargo, el empresario también reveló cómo, tras poner en conocimiento de la Junta de Andalucía la Sin datos objetivos Los empresarios dijeron no tener datos objetivos de la participación de Antonio Rivas en el soborno Reuniones Sí admitieron varias reuniones con el ex alto cargo de la Junta y con el mediador Juan Lanzas existencia de esa grabación, el propio Mellet volvió a llamarle muy nervioso desdiciéndose de lo que le había pedido. Me dijo que nos olvidáramos y que no iban a solicitar nada Más tensa fue la declaración de Ignacio de Rojas, el otro empresario que, durante su testimonio, llegó a quejarse de que las defensas le habían sometido a un tercer grado Pero demostró tener tablas. De hecho, Ignacio de Rojas tuvo un rifirrafe con el abogado de Mellet, que insistió en preguntarle por la intención de la grabación y si la había realizado para lograr una prueba. No me enrede se quejó, a lo que el abogado José Manuel Carrión le contestó: Yo no le estoy enredando Pues yo creo que sí insistió. Rojas reconoció que él fue el que tuvo la idea de grabar la reunión del supuesto cohecho, de la que dijo estar orgulloso y que lo volvería a hacer veinte veces porque se trataba de algo ilegal Y porque ni él ni su primo estaban dispuestos a dar ni un duro El empresario explicó que solo estuvo en una reunión en la Junta de Andalucía en la que además de los directivos de Mercasevilla, estaban el exdelegado Rivas, y el mediador Juan Lanzas. Sin embargo las declaraciones de ambos dieron ayer algo de aire al exdelegado de la Junta, Antonio Rivas, uno de los procesados. Los dos hosteleros admitieron que no tienen datos objetivos de su participación en el intento de soborno. Y también expusieron sus dudas sobre la participación de la funcionara Regla Pereira. La vista continúa hoy.

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