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ABC CORDOBA 02-10-2012 página 41
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ABC MARTES, 2 DE OCTUBRE DE 2012 abc. es españa ESPAÑA 39 Bildu impone el pinganillo y liquida el español en Guipúzcoa Garitano y sus cargos hablarán en euskera y forzarán a usar la traducción simultánea ITZIAR REYERO BILBAO CASO BRUGAL Es la última vuelta de tuerca al talante de imposición del euskera que gasta Bildu en Guipúzcoa. La Diputación que preside Martin Garitano anunció ayer que a partir de hoy todos sus cargos desterrarán el castellano de sus intervenciones públicas y comparecerán exclusivamente en vascuence. Así, forzarán a sus interlocutores, incluidos los periodistas que asisten habitualmente a sus ruedas de prensa, a utilizar un sistema de traducción simultánea si pretenden tener acceso al mensaje en la lengua común. Fuentes de la institución foral advirtieron de que los cargos contestarán en euskera incluso cuando se les dirijan preguntas en castellano, si así lo desean. Hasta ahora, la relación con los medios había sido en bilingüe, si bien Bildu (y muy especialmente su candidata a lendakari, Laura Mintegi) ha reducido drásticamente el uso del castellano, pero sin llegar a desterrarlo, como ahora se busca. Si accede al Gobierno vasco, crearán una cartera propia para extender el idioma y euskaldunizarán toda la radiotelevisión pública vasca. de su programa de Normalización Lingüística dotado con un presupuesto de 5.428.110 euros. Etxeburua no reprimió una risita burlona cuando los periodistas le cuestionaron sobre el pinganillo que ahora deberá usar quien desee o necesite las intervenciones en castellano. Esa labor de mediación, disponible en el Parlamento vasco y en las Juntas, será a cargo de la plantilla de intérpretes que ya trabajan en la Diputación, sin que se presupueste una nueva partida de gastos para ello, según confirmaron fuentes oficiales. En 2012 se han destinado 226. 799 euros a ser- vicios de traducción dentro de la institución guipuzcoana. Además, otros 5.400 euros son para traducir al castellano los acuerdos del consejo de diputados, que se jacta de trabajar íntegramente en la lengua vernácula. La alcaldesa de Alicante declarará como imputada el 19 de octubre D. MARTÍNEZ ALICANTE El ejemplo catalán La Diputación, que aseguró que la medida está amparada por la ley se mira en el espejo catalán. No es algo inventado, en Cataluña lo hacen así desde hace treinta años. Los políticos salen en catalán en todos los medios y no pasa nada señalan a ABC desde el equipo de Garitano. 5.428.110 euros La medida responde al deseo de la coalición radical de dar prioridad a los derechos lingüísticos de los vascoparlantes guipuzcoanos, el territorio más euskaldun, según recordó la portavoz foral, Larraitz Ugalde, que compareció junto al director de Euskera, Zigor Etxeburua, para hacer balance Martín Garitano, en el último pleno sobre política general de Guipúzcoa EFE La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP) declarará como imputada el próximo día 19 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) Castedo está acusada de supuestos delitos relacionados con el planeamiento urbanístico de la ciudad, en una de las piezas separadas del caso Brugal El TSJCV considera que Castedo podría haber incurrido en los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho, según fuentes del Alto Tribunal. Ese mismo día también declarará como imputado en el mismo caso el predecesor de Castedo en la Alcaldía de Alicante, Luis Díaz Alperi, por idénticos supuestos delitos. El TSJCV investiga si Alperi y Castedo facilitaron información sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante al constructor Enrique Ortiz, mientras se tramitaba el documento que, a día de hoy, aún no ha sido aprobado La causa llegó al Alto Tribunal el pasado verano, tras más de dos años de instrucción en los juzgados de la capital alicantina, por la condición de aforados de la alcaldesa y su predecesor, diputados en las Cortes Valencianas. Desde la dirección del PP valenciano se confirmó ayer por la tarde que se abrirá un expediente informativo a los dos imputados, según marcan los estatutos, y se destacó el respeto a la presunción de inocencia. En cuanto a Castedo, tiene intención de renunciar a su acta de diputada, pero lo hará tras comparecer ante el juez. TRASPASA LOS ALTERCADOS A LA AUDIENCIA NACIONAL La juez cree que el 25- S se evitó la ruptura del régimen vigente N. VILLANUEVA MADRID Conforme a lo previsto, la juez de instrucción número 8 de Madrid decidió ayer inhibirse respecto a los altercados cometidos frente al Congreso de los Diputados el pasado 25 de septiembre y que acabaron con la detención de 34 personas, hoy en libertad con cargos. La magistrada considera que los imputados cometieron un delito contra los altos organismos de la Nación, competencia de la Audiencia Na- cional, pero, contra todo pronóstico, ni discrimina entre los detenidos (cuando solo cinco de ellos participaron en el intento de derribo de la valla situada frente a al Congreso) ni les imputa el delito 495 del Código Penal, sino el 493. La diferencia entre uno y otro es sustancial: mientras el primero recoge el intento de penetrar en las sedes de las Cámaras o asambleas legislativas, el segundo castiga una invasión en toda regla. El artículo 493 reza así: Los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años La juez sostiene que lo que se produjo fue una convocatoria de concentración de ciudadanía ante el Congreso de los Diputados, coincidiendo con la celebración de la sesión plenaria del mismo, con el fin de exigir una destitución y ruptura del régimen vigente En un escueto auto de tres folios, la juez también justifica su inhibición en que los hechos que se juzgan son continuación de las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional contra los promotores de esta manifestación, citados el jueves ante el juez Santiago Pedraz. Por tanto, argumenta que de- ben ser acumuladas. Por su parte, Pedraz, el destinatario de este procedimiento, ya se pronunció sobre el mismo cuando mandó las diligencias a los juzgados de Plaza de Castilla al no apreciar delito contra las altas instituciones del Estado. Ahora hay que esperar a que el magistrado reciba copia de las actuaciones y resuelva, lo que podría hacer esta misma semana. Si rechaza instruir la causa (al seguir apreciando que no se da ese delito) es a la juez de Plaza de Castilla a quien le corresponde plantear una cuestión de competencia ante el Supremo. Sería entonces el alto Tribunal el que tendría que mediar en este conflicto Fuentes jurídicas señalaron que el tiempo de respuesta del Tribunal Supremo podría oscilar entre los dos y seis meses.

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