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54 ECONOMÍA Evolución del saldo financiero España- UE Cifras en millones de euros MARTES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 abc. es economia ABC 14.566,24 Aportación española 13.087,2 14.000 Pagos comunitarios Cañete ve puertas abiertas para el sector lácteo El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, celebró ayer que Bruselas haya abierto la puerta al diálogo para examinar apoyos a los productores de leche, pese a que el comisario del ramo, Dacian Ciolos, haya descartado activar los mecanismos de intervención que prevé la red de seguridad de la PAC porque considera que no existe una crisis en el sector a nivel europeo. Abre la puerta a buscar fórmulas en las políticas de desarrollo rural o pago único para apoyar a este sector y lograr que agricultores y ganaderos superen esta circunstancia aseguró Arias Cañete al término de la reunión de ministros de Agricultura de la UE. 13.000 12.566,84 12.000 12.482,47 11.753,82 11.558,54 11.770,72 11.767,89 11.000 11.428,76 10.633,68 10.314,27 10.390,48 10.000 SALDO 2.252,57 2005 1.120,14 2006 129,78 2007 2.091,99 2008 1.319,3 2009 2.795,52 2010 España pugna por no perder las ayudas europeas a las autonomías El dilema entre elevar el gasto o recortarlo hace encallar el debate de las cuentas 2014- 2020 E. SERBETO BRUSELAS España empezará a ser un contribuyente neto de la UE. Esto es, a partir de los presupuestos plurianuales de 2014- 2020, que se negocian ahora, pagará a Bruselas más de lo que recibe. Por esto nuestro país considera inaceptable que se recorten los capítulos dedicados a agricultura y a fondos de cohesión. Desde el punto de vista de un país que va a presentar un sólido ajuste en su presupuesto nacional, la idea según la cual los ajustes nacionales deben corresponderse con ajustes presupuestarios a nivel europeo es incorrecta dijo ayer en el consejo de asuntos generales el secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo. La negociación de esas cuentas están encalladas y no será fácil que se llegue a un acuerdo en la cumbre del 22 de noviembre. En el consejo de ayer se constató el enfrentamiento entre los países que exigen más recortes y los que piden mantener las aportaciones para compensar los ajustes nacionales. Según Méndez de Vigo, la reducción del presupuesto comunitario va en contra de los objetivos de estímulo al crecimiento aprobados en la última cumbre europea. La propuesta de la presidencia chipriota contiene recortes en la PAC y a la cohesión regional, dos partidas que ya han sido reducidas durante los últimos siete años. España está preocupada por las regiones transitorias (Andalucía, Castilla- La Mancha, Galicia y Murcia, con un PIB inferior a la media europea) La PAC, innegociable El Gobierno considera una línea roja el gasto europeo en agricultura y no aceptará reducciones en los pagos directos para las que usan cifras previas a la crisis, lo que a juicio de España es irreal y poco coherente porque también se pretenden reducir las ayudas al desempleo. En el caso de la PAC, para España es una línea roja La negociación se ha congelado en dos trincheras. Por un lado, los contribuyentes netos (Reino Unido, Finlandia, Holanda, Alemania, Austria, Italia, Suecia, Finlandia y Dinamarca) partidarios de reducir el presupuesto. Enfrente, los partidarios de la propuesta de la Comisión y que no quieren que disminuyan las ayudas: España, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Croacia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumania y Eslovenia. El disparate privatizador y la subida de tarifas POR CARMEN P. FLORES L a crítica situación económica de las administraciones públicas está llevando a realizar acciones a algunos gobiernos, tanto municipales como autonómicos, con el objeto de aliviar sus necesidades de tesorería. En muchos de los casos se trata de privatizaciones a la desesperada que no guardan ninguna correspondencia con lo que sería una administración eficaz. El asunto es especialmente llamativo en relación con las empresas públicas del agua. A nivel municipal coinciden dos casos prácticamente iguales en el tiempo y dignos de mención: Zaragoza y Jerez de la Frontera; en el ámbito autonómico, el de la ATLL de Cataluña. Los tres son el resultado de una ingeniería presupuestaria cuyo único objetivo es recaudar para enjuagar pérdidas, endosando a los ciudadanos el endeudamiento existente a través de nuevas tasas, tarifas o cánones pero tratando de eludir el coste político de la medida. En Zaragoza se pretende privatizar el 49 por ciento de la empresa municipal de agua, por un importe de 55 millones de euros. Se da la circunstancia de que la mayor planta de tratamiento tiene un contrato vigente hasta 2023. Tampoco faltarían casos de menor nivel, como el de San Javier (Murcia) en donde el Ayuntamiento pretende ahora aplicar una revisión del canon del agua con una retroactividad de casi quince años, sin haber hecho antes reclamación alguna. Pero quizá el desatino privatizador más llamativo es el de Cataluña, en donde la Generalitat ha puesto en marcha de forma simultánea dos privatizaciones: la de Tabasa (Túneles y Autopistas de Barcelona, S. A. y ATLL (Aguas del Ter Llobregat) El desembolso en el caso de la sociedad concesionaria de autopistas es de 400 millones de euros; en el de empresa suministradora de agua de algo más de 300 millones. Al margen del importe de estas privatizaciones, lo absurdo de las mismas es pretender captar en este momento, de forma simultánea, unas inversiones que solo pueden proceder de fondos internacionales, dada la sequía financiera que vive España. El disparate es aún más preocupante cuando se trata de una misma administración, la Generalitat de Cataluña, quien pone en marcha ambas privati- zaciones al mismo tiempo, como si viviesen en un mundo distinto, ajeno y lejano, a la realidad del país. Circunstancia a la que habría que añadir la incertidumbre que a cualquier inversor le produce la aventura independentista de Artur Mas. Por eso, la causa de un incremento de precios en cualquier servicio público en el que se privatiza una parte o toda no es la entrada de un socio privado, sino la mala gestión anterior que ha llevado a la existencia de fuertes desequilibrios financieros. En demasiados casos, independientemente de la satisfacción con el nivel del servicio, las administraciones ven en esta vía de la privatización, aun manteniendo la mayoría accionarial que les da la última palabra, una ocasión excelente para obtener recursos sin tener que asumir el coste político. Una idea que por falsa, no puede ni debe permitirse. CARMEN P. FLORES ES PERIODISTA