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ABC JUEVES, 16 DE AGOSTO DE 2012 abc. es internacional INTERNACIONAL 41 Expulsiones de gitanos Hollande y Valls fueron los primeros en denunciar las expulsiones de rumanos irregulars en 2010 Recibido con insultos El ministro de Interior soportó pedradas, insultos y escupitajos cuando acudió a Amiens otoño- invierno de 2005. El entonces presidente Jacques Chirac se vio forzado a instaurar el toque de queda en muchos suburbios, cuya paz fue impuesta por el Ejército. Consciente de que se trata de un cáncer nacional, François Hollande ha hecho un breve paréntesis para utilizar el lenguaje viril de la mejor tradición de Nicolas Sarkozy: El Estado no puede consentir la violación de las leyes de la República Hollande y Valls eran muy críticos cuando Sarkozy utilizaba el mismo lenguaje. Se trata de la primera crisis grave tras la llegada al poder de François Hollande el pasado 6 de mayo. Cerca del 60 por ciento de los franceses estiman que el presidente de la República no será capaz de resolver crisis como las de la inmigración, el paro o los suburbios Estos problemas, y en primer lugar la crisis económica, se le hicieron más evidentes si cabe este martes a Hollande, cuando cumplía la cifra simbólica de cien días desde su elección como presidente de la V República. Los recientes datos del PIB entre abril y junio, cuando la economía francesa siguió estancada por tercer trimestre consecutivo, afectarán sin duda al respaldo popular. El fiscal pide siete años de cárcel para Ángel Carromero La instrucción del caso por la muerte de Oswaldo Payá ha durado doce días LUIS AYLLÓN MADRID Más pobres Hollande anunció la ruptura con el ciclo infernal de la presidencia Sarkozy. En términos prácticos, el Instituto Nacional de Estadísticas anuncia el incremento de la pobreza y del número de empresas que cierran, y la agravación de la deuda nacional, con estallidos de violencia suburbana. La deuda soberana comienza a rozar el 90 del PIB. Y Hollande ha sido invitado por el Tribunal de Cuentas a hacer recortes por un montante superior a los 50.000 millones de euros en el próximo año. El fiscal cubano que instruye la causa contra Ángel Carromero ha pedido siete años de cárcel por un delito de homicidio imprudente, tras el accidente de tráfico que sufrió el vehículo que conducía el joven español y en el que resultaron muertos los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero el pasado 22 de julio, según informó a ABC en fuentes solventes. Carromero, vicesecretario general de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, permanece detenido en la capital cubana, en el centro penitenciario 100 y Aldabó está en contacto con dos abogadas cubanas que han sido contratadas por un bufete español y la pasada semana recibió la visita del cónsul general en La Habana, Tomás Rodríguez Pantoja. La instrucción ha durado doce días días, un tiempo que no se considera largo dadas la burocracia y la lentitud de la Justicia cubana, y en todo este tiempo ha disfrutado de una situación relativamente cómoda: se encuentra separado de los presos comunes y dispone de televisión y aire acondicionado, según algunas fuentes. Aunque oficialmente la autoridades cubanas no han hecho pública la demanda del fiscal, las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que habría pedido dos penas de tres años y medio de prisión para Carromero por cada una de las muertes ocurridas en el accidente. Es decir, en total, siete años, una pena por debajo del máximo de diez que podría haberse solicitado por cada fallecido. Se desconoce también la fecha en que tendrá lugar el juicio, pero en medios próximos al político español, se muestran optimistas y piensan que podría tener lugar a finales de mes, si se mantienen el ritmo de los procedimientos como hasta ahora. Los abogados de Carromero estudian ya la petición del fiscal y el planteamiento que harán en el juicio, tras el que se abrirán varias posibilidades en caso de que sea finalmente declarado culpable. Una de ellas, sería que se aplicara el acuerdo que mantienen España y Cuba para el cumplimiento de penas en el país de origen, par lo cual habría de pasar algún tiempo. Otra posibilidad sería que las autoridades cubanas, tras una sentencia condenatoria decidieran la expulsión a España del joven dirigente de Nuevas Generaciones. Pese a que, en el diario oficial Carromero en un vídeo difundido por las autoridades cubanas Granma se acusó a Carromero y a su acompañante sueco, el democristiano Jens Aron Modig, de ser portadores de fondos para financiar las actividades de grupos considerados por el régimen como contrarrevolucionario no se ha producido hasta la fecha ninguna acusación formal distinta de la relativa al accidente de tráfico. A Modig, además, se le permitió regresar hace días a Suecia, donde mantiene un absoluto silencio sobre las circunstancias del siniestro. En cualquier caso, el régimen castrista ha reprobado, con todo tipo de calificativos, las actividades de Carromero y Modig, que entraron en el país con un visado turístico el pasado 19 de julio. Además, no dudó en difundir en la televisión cubana un vídeo en el que Ángel Carromero confesaba haber perdido el control del vehículo y, sobre todo, pedía a la comunidad in- EFE ternacional que se centrara en sacarle de Cuba y no se buscaran intencionalidades políticas en lo sucedido. Las palabras de Carromero, cuando aún se encontraba retenido en la comisaria de Bayamo, cerca de donde ocurrió el siniestro, se produjeron después de que la disidencia anticastrista pusiera en duda que se hubira tratado de un accidente. Una cárcel dura Tras pasar varios días en Bayamo, donde pudo ser visitado una vez por el cónsul en La Habana, Álvaro Kirpatrik, Carromero fue trasladado a la Habana al centro de detención ubicado en las calles 100 y Aldabó, considerado uno de los más duros entre los disidentes cubanos que han pasado por él. Sólo una semana más tarde, como mínimo, se le permitió el acceso a sus abogados y, pocos días más tarde, pudo ser visitado por el cónsul general. Las autoridades españolas mantienen contactos a distintos niveles con las autoridades cubanas para tratar de que, respetando los procedimientos judiciales, el caso se pueda resolver lo antes posible. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García- Margallo, ha hablado, al menos en dos ocasiones con su colega cubano, Bruno Rodríguez, y las conversaciones se han desarrollado en un tono positivo. En cualquier caso, tanto en el Gobierno español como en el Partido Popular y en el entorno de Carromero se mantiene una gran discreción sobre el asunto. Menos del máximo La petición se sitúa por debajo del máximo de diez años posibles a los que podría ser condenado por cada muerte Visita del cónsul El político español recibió la semana pasada la visita del cónsul general en la Habana, que comprobó que se encuentra bien