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76 SOCIEDAD LUNES, 6 DE AGOSTO DE 2012 abc. es sociedad ABC Todos quieren la dependencia pero nadie la puede pagar ENTREVISTA José Manuel Moreno Secret. de Estado de Servicios Sociales Asegura que la ley de la Dependencia era insostenible tal como estaba y advierte de la hipocresía de algunas comunidades autónomas MANUEL TRILLO MADRID n retrato de Clara Campoamor, icono en la defensa de las mujeres, es apenas el único vestigio de la época en que Bibiana Aído, entonces ministra de Igualdad, ocupaba el despacho donde hoy trabaja el secretario de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, a las órdenes de Ana Mato. Al idealismo evanescente de aquellos tiempos le ha sustituido el realismo impuesto por los tiempos de crisis. No podemos hacernos trampas al solitario insiste Moreno para ilustrar la necesidad de ajustar las políticas sociales a la nueva situación. ¿La crisis va a poner fin al estado del bienestar? -No. Si disminuye el nivel de riqueza, tendremos que adaptarnos, hacer un esfuerzo colectivo de las administraciones y la sociedad por optimizar al máximo los recursos para que no se utilicen de manera fraudulenta. ¿Vamos hacia un modelo más parecido al de EE. UU. donde cada uno tiene que costearse su bienestar? -Nuestro modelo es distinto al norteamericano y nos podemos sentir orgullosos. Ahora bien, con la nueva situación económica, las administraciones no pueden hacerse cargo del 100 de las necesidades de una persona desde que nace hasta que muere y necesitamos que los ciudadanos exploren nuevas vías de protección social, a través de seguros privados, empresas, organizaciones no gubernamentales... Vamos hacia un modelo mixto, en el que la administración protege, pero el ciudadano se preocupa por su futuro. ¿Es sostenible el sistema de dependencia? -La ley de dependencia, tal como estaba concebida en 2006, era insostenible. Hemos gastado 2.700 millones más de lo previsto, damos servicio al doble de dependientes, hay más de 1.000 millones de deuda a la Seguridad Social y más de 300.000 depen- U dientes en lista de espera. El sistema estaba colapsado y, en vez de hacernos trampas al solitario, hemos hecho una reforma sensata para preservar el sistema y garantizarlo para futuras generaciones. La ley previó que siempre el cuidador debía estar en un entorno profesional, pero se ha ido viciando el espíritu de la ley y lo que debía ser la excepción, el cuidado familiar, se ha convertido en la generalidad. Lo hemos reconducido aplicando criterios básicos, como que el cuidador y el dependiente vivan en la misma casa o cercanos, no en otra provincia como ha sucedido, y hemos rebajado las cuantía para desmotivar esa preferencia y priorizar el cuidado profesional. ¿Pueden estar pagando justos por pecadores? -Sí, es verdad que cuando tomas una decisión lineal puede generar perjuicios. Habíamos detectado que en tiempos de crisis muchas familias optaban por la ayuda porque era una manera de completar ingresos familiares y ese no era el espíritu de la ley. ¿La simplificación de grados y niveles no es otro recorte indirecto? -No, era una demanda de los propios usuarios y de las administraciones. Este sistema de dependencia se hizo con fuerte motivación electoral, pensando más en los votos que en los ciudadanos, y eso generó unas prisas que Aborto Todo el Gobierno defiende el derecho a la vida como principio. Ahí no hay matices Cuidadores familiares Muchas familias optaban por la ayuda para completar ingresos. Algunos no vivían ni en la misma provincia dio lugar a 17 modelos distintos y una maraña administrativa compleja. Lo hemos simplificado. También hemos tenido que postergar la incorporación de dependientes moderados hasta 2015, porque el sistema está colapsado. -Tres años puede ser un mundo para un dependiente... -Sí, pero España no puede hacerse más trampas al solitario. Hay cierta hipocresía, en la que todo el mundo quiere la ley de dependencia pero nadie la puede pagar. No tiene sentido abrir la puerta a nuevos dependientes cuando los que ya tienen concedido el derecho no están recibiendo ni un euro o fallecen sin ayuda. ¿Cómo será el reparto de financiación a las comunidades, en el que se valorarán los servicios sociales? -Se trata de primar a las comunidades que apuesten por sus servicios sociales en detrimento de otras políticas más de corto plazo. Eso ha generado desigualdades y reticencias de algunas comunidades, pero esta ley necesariamente tiene que ajustarse a nuevos patrones y garantizar que hasta el último euro público llega a su destinatario. ¿Qué va a pasar con esa deuda de cerca de 1.000 millones a la Seguridad Social? -Ha sido una herencia del anterior Gobierno, que no hizo nunca el pago. La primera decisión ha sido reformar el alta de la Seguridad Social de los cuidadores familiares. No tenía mucho sentido que la Administración siguiera dando de alta a ciudadanos sin que tengamos recursos para pagarlo. Al final, o nos quedábamos quietos y la bola sería mayor, o lo atajábamos. Va a ser progresivo, no se va a dar de baja automáticamente a las personas que están cotizando, sino que los nuevos que entran ya no van a tener el alta. Estamos buscando una fórmula para que sigan cotizando pero que el peso no recaiga en el Estado. ¿Qué fórmula podría ser? -La estamos estudiando con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, fórmulas de participación en el pago de la cuota por el propio cuidador. -Cambiando de asunto. En este tiempo de crisis, ¿es realista que las empresas reserven un 2 de sus empleos a personas con discapacidad, como prevé la ley? -En un momento de dificultades para contratar, es muy difícil reservar ese cupo. No obstante, la ley sigue en vigor y seguimos vigilantes para que se cumpla. Queremos fusionar distintas leyes en un proyecto de ley cobertura, derechos y garantías para personas con discapacidad. ¿Está de acuerdo con las medidas en relación con la prostitución en Cataluña, con sanciones a las mujeres y los clientes, en el caso de Barcelona, incluso a clientes potenciales -La prostitución esconde un tráfico de seres humanos, abuso y explotación de mujeres, a veces prácticamente esclavitud, y hay que combatirla. Cada ayuntamiento toma medidas distintas, nosotros las respetamos, nos parecen que pueden ser disuasorias. Conjuntamente, habría que poner en marcha un plan de reinserción, dar una alternativa económica. Está bien la vía punitiva, es una fórmula más, pero debe ir acompañada de una vía social y preventiva. ¿Desde el Gobierno se va a impulsar alguna medida en ese sentido? -En principio no. -Aunque la reforma del aborto la gestiona Justicia, su departamento estará haciendo aportaciones. -Hay un principio que impregna al conjunto del gobierno que es la defensa de la vida, independientemente del departamento. Esa defensa a ultranza de la vida la tenemos todos los miembros del gobierno. No hay matices, no hay diferencias.