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ABC CORDOBA 06-08-2012 página 33
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ABC LUNES, 6 DE AGOSTO DE 2012 abc. es andalucia ANDALUCÍA 33 Empleo admite 200 irregularidades en 375 ayudas de los ERE revisadas La Dirección General de Trabajo remite un nuevo informe a la juez instructora ABC SEVILLA La Junta de Andalucía ha revisado, como consecuencia de la investigación por los ERE falsos, 325 ayudas sociolaborales y ha detectado hasta el 12 de junio 200 con irregularidades, lo que ha supuesto la reclamación de 12 millones de euros a sus perceptores y dejar de pagar otros 14 millones. Así se recoge en un informe que el ex director general de Trabajo Daniel Rivera entregó a la juez que investiga los ERE con motivo de su declaración como imputado, el pasado 12 de julio, en el que como muestra de la colaboración constante de la Junta con la Justicia recoge que, hasta marzo pasado, el Gobierno andaluz había entregado al juzgado de instrucción 6 más de 200.000 folios de documentación. Estos datos aportados por Rivera contrastan con los que maneja la juez, que en un auto de marzo pasado estimó que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, ocasión en la que la Fiscalía Anticorrupción cifró a su importe en 933 millones de euros. El informe de Rivera consta de 29 folios y su objetivo es recapitular sobre las medidas correctoras y de recuperación de pagos indebidos puestas en marcha por la Junta respecto a la gestión de fondos del programa 31 L Daniel Rivera llega a los juzgados para comparecer ante Alaya ROCÍO RUZ entre 2001 y 2010. Dicho informe indica además que hasta el pasado 12 de junio la Junta había iniciado la revisión de 191 ayudas a empresas, ayuntamientos y consultoras con cargo a la partida 31 L o fondo de reptiles por un importe total de 106.191.283 euros, correspondientes a un crédito total comprometido de 135.068.340 euros. Rivera explica que hasta el 12 de junio de 2012 la Junta había revisado 325 expedientes de ayudas sociolaborales, de los que 281 habían ya concluido en su primera fase y 44 estaban en trámite de alegaciones. De los concluidos, 200 presentaron algún tipo de irregularidad porque el perceptor no tenía ningún derecho o simultaneaba esta percepción con trabajos remunerados o con incapacidad permanente, 71 eran correctos y se han resuelto favorablemente para las personas interesadas uno terminó con revocación, cinco con archivo y cuatro se remitieron a una revisión de oficio. Precisa el informe de Rivera que las cantidades reintegrables a la Junta por lo indebidamente abonado a esos trabajadores asciende a 12.823.637 euros, cantidad a la que deben unirse los 14.725.868 euros que la Administración ha dejado de abonar en esos expedientes. Hasta el 12 de junio, en 105 expedientes la Junta había iniciado la fase de reintegro y las cantidades reclamadas ascendían a 9.960.169 euros. Insuficientes La Junta admite de esta forma más irregularidades en su gestión en Empleo, aunque la cifra sigue siendo inferior a lo estimado por la juez Alaya en virtud de la investigación MÁLAGA Liberado tras ser secuestrado por narcotraficantes P. D. A. MÁLAGA Cinco detenidos y la resolución de un secuestro vinculado con el narcotráfico es el balance de una operación desarrollada por la Policía Nacional en la Costa del Sol en la que se han incautado diversas armas de fuego y relojes de lujo valorados en 150.000 euros. La investigación se inició a raíz de una comunicación anónima procedente de Salobreña (Granada) que alertaba a agentes de Fuengirola de que en una vivienda del municipio había una persona secuestrada. Los investigadores, con coches camuflados, se desplazaron a la zona, donde comprobaron que en un inmueble había un grupo de personas que adoptaban importantes medidas de seguridad. Finalmente decidieron actuar cuando se percataron de que un hombre trataba de huir y era perseguido por ocupantes del inmueble. La intervención se saldó con cinco personas detenidas: tres ciudadanos italianos, como presuntos autores del rapto del español que quería escapar, también imputado, y un marroquí integrante de un grupo de traficantes de estupefacientes cuyas transacciones motivaron el secuestro. Según las pesquisas policiales, el origen de los hechos se sitúa en la costa granadina donde el grupo organizado de ciudadanos italianos raptó al súbdito español tras vender una cantidad de hachís y no recibir el dinero pactado.

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