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ABC CORDOBA 25-07-2012 página 16
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16 CÓRDOBA MIÉRCOLES, 25 DE JULIO DE 2012 cordoba. abc. es ABC Dos monitoras atienden a un grupo de mayores en una residencia de Córdoba VALERIO MERINO La Junta debe 3 millones a residencias de mayores, que alertan de cierres Reclaman el pago de los últimos tres meses de concierto para un total de 800 plazas M. P. A. CÓRDOBA C olegios concertados, guarderías, abogados, empresas de la construcción, centros de formación para desempleados o de integración al empleo de colectivos sociales, ayuntamientos... y ahora, las residencias de mayores. Mientras la Junta de Andalucía apila barricadas contra los planes de ajuste del Gobierno central y arropa las protestas de miles de empleados públicos afectados por los recortes del ejecutivo de Mariano Rajoy, la lista de impagados de la propia Administración autonómica es cada vez más larga. Las últimas voces que se han escuchado en Córdoba respecto a estas deudas han sido las de los empresarios de las residencias de mayores y otros servicios sociales, que ayer mantuvieron una reunión de urgencia a causa del impago que la Junta de Andalucía mantiene con estos centros en los últimos meses en relación a los convenios suscritos de concierto de plazas al amparo de la Ley de Dependencia. La Asociación Cordobesa de Empresarios de Residencias de Asistencia Domiciliaria y demás Servicios Sociales (Acerte) puso ayer números a estos impagos. En Córdoba, la deuda superaría los 3 millones de euros, que afectarían a 800 plazas de las 5.200 totales que existen en la provincia. Se trata de un débito acumulado en los últimos tres meses consecutivos. El sector social aglutina en Córdoba a un total de 70 empresas que emplean en sus centros asistenciales a 2.500 personas. Según los datos difundidos ayer por Acerte, en la comunidad andaluza el impago asciende a más de 12 millones de euros (unas 3.000 plazas conveniadas con la Junta de Andalucía de las 36.400 totales) Este segmento de actividad mueve en toda la región a cerca de 700 empresas que dan trabajo a unas 14.000 personas. La situación es insostenible para los miles de dependientes, sus familiares, los trabajadores de los centros y las propias empresas aclaró ayer el presidente de esta asociación de centros cordobeses, Antonio Gallardo, quien pidió a la Consejería de Bienestar Social y Salud, en manos de María Jesús Montero, aunque sin delegado en la provincia de Córdoba todavía, responsabilidad a la hora de cumplir con la ley. Efectos laborales En la provincia hay unas 70 empresas que sostienen residencias de mayores con 2.500 empleados Promesa de la Junta Hace unos días la consejera de Salud planteó que a final de mes se asumirían algunos pagos, no todos Todos los afectados por el incumplimiento de la Junta de Andalucía hemos tenido una actitud de gran responsabilidad- -prosiguió Gallardo- la atención se ha continuado prestando a los dependientes con la máxima calidad, controlada y exigida por la propia Junta. Para ello, empresarios, trabajadores y familiares hemos hecho grandes sacrificios apostilló. Y es que los recursos propios de cada una de estas empresas, como también está sucediendo, por ejemplo, en el caso de los colegios concertados o los centros formativos, escasean para cubrir los ingresos fallidos de la administración. La consecuencia más inmediata de este desequilibrio está provocando que la cuerda se rompa y la sombra de los cierres de residencias sea toda una realidad. La situación actual nos sitúa en la tremenda decisión de tener que dejar de prestar la atención a los dependientes, porque, agotadas todas nuestras reservas, humanas y materiales, continuar sería a costa de una importante degradación de la calidad en la asistencia de los mayores dependientes detalló el presidente de Acer-

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